El proyecto de instalación de una planta de transferencia de basura en el polígono industrial Casagrande acaba de resucitar. Al menos por la vía judicial. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha estimado el recurso presentado por la empresa promotora del proyecto, Explanaciones del Mediterráneo. La sala de lo Contencioso administrativo anula la denegación de la licencia ambiental «por ser contraria a derecho, debiendo el Ayuntamiento continuar con la tramitación del procedimiento legalmente previsto». El Ayuntamiento deberá pedir un informe al Consorcio Comarcal de Residuos de la Vega Baja sobre la oportunidad de que se ubique esa instalación en Torrevieja, también deberá solicitar un informe a la Generalitat y por último comunicar al promotor el resultado de esos informes antes de decidir, de nuevo, si otorga o no la licencia ambiental al proyecto.
La empresa solicitó un certificado de compatibilidad urbanística de la actuación en julio de 2014, durante el primer mandato de Eduardo Dolón (PP) como alcalde. El área de Actividades se la concedió el 18 de diciembre de ese año, aunque con la exigencia de que estuviera sujeta a la obtención de licencia ambiental. La empresa presentó esa petición de licencia en octubre de 2015, ya en el nuevo mandato presidido por José Manuel Dolón (Los Verdes).
El 4 de enero de 2016, con la edil Fanny Serrano como responsable de Actividades se denegó la licencia ambiental en base a informes de los técnicos del área de Urbanismo en las que se decía que el ancho de los viales en esta zona industrial es de 10 metros cuando la legislación urbanística fija que deben ser de 18 metros en sentido único y 24 en doble sentido para sectores cuyo uso global es el industrial. Algo que, por otra parte, incumple en el 90% de los viales del polígono Casagrande. También indicaba que la planta de transferencia no estaba prevista entre los instrumentos de planificación de gestión de residuos de la Comunidad Valenciana.La sentencia indica, sin embargo, que el certificado de compatibilidad urbanística contaba con el visto bueno de un arquitecto municipal. Y que con ese trámite se demuestra que existe una compatibilidad de la actividad con la legislación urbanística porque en el caso de la planta de transferencia se utiliza para «la descarga y almacenamiento de los residuos con carácter previo a traslado a otro lugar para su valorización o eliminación». Es decir, en ningún caso las basuras se almacenan en las instalaciones. El fallo recuerda además que el ancho de las calles hasta 24 metros está fijado en la ley urbanística valenciana (LOTUP) para nuevos desarrollos industriales, no para los ya consolidados -el polígono industrial Casagrande se desarrolló en los años setenta, ochenta y noventa-. Y subraya que para denegar la licencia ambiental ni se consultó al Consorcio de Residuos Vega Baja, ni a la Generalitat.
No será fácil que el promotor obtenga igualmente la licencia ambiental porque al margen de que no se hicieran esas consultas a las administraciones competentes la legislación de gestión de residuos excluye todo el término de Torrevieja como zonas para ubicar instalaciones de gestión. Eso pese a que el propio Consorcio de la Vega Baja lleva años intentando sacar adelante una planta de estas características en la zona litoral de la Vega -está levantando una con financiación pública en Dolores-.
Rechazo empresarial
El proyecto contempla la construcción de una nave hermética para trasladar en torno a 50.000 toneladas de basuras al año, que serían depositados en una tolva por los camiones de recogida diaria para que cayeran directamente -sin tocar el suelo, ni permanecer en el lugar almacenados en ningún momento-.
La iniciativa se encontró con la oposición de la mayor parte de los empresarios del polígono, además de la comunidad del Colegio Habaneras. Un colegio que está situado a escasos metros de la nave en la que se plantea la instalación, al igual que el futuro centro de dependencia y un tanatorio. Es una zona industrial pegada al casco urbano y con actividades de ocio -en especial discotecas y un parque acuático-, hostelería y supermercados.
Eduardo Dolón, que retomó la alcaldía en junio de 2015, respaldó a los empresarios a hora de rechazar la iniciativa de la planta de transferencia, pese a que fue durante su mandato cuando se informó favorablemente el proyecto. Ahora deberá resolver de nuevo sobre el polémico proyecto.
