La peor pesadilla para los vecinos de la pedanía oriolana de La Muraday del municipio murciano de Abanilla, vuelve a repetirse. Los lixiviados vuelven a brotar en las instalaciones del antiguo vertedero ilegal clausurado de Proambiente y los malos olores sacuden a las poblaciones vecinas. Este diario ha sido testigo de las fugas del líquido tóxico en el interior del basurero que bajan peligrosamente a los huertos de cítricos que rodean las instalaciones, y donde se estima, por otro lado, que hay enterradas al menos 400.000 toneladas de basura (el gobierno valenciano tiene previsto iniciar, a principios del próximo año, catas en unas parcelas una vez obtenga los permisos previos de los jueces al tratarse de terrenos privados investigados por estos hechos). El abandono por parte de la Región de Murcia, que ha declinado pronunciarse a petición de este medio, de la restauración del vertedero en los terrenos de esa comunidad (que supone un 72% del total de la instalación) ha provocado la pérdida de lixiviados. La Consejería de Medio Ambiente del gobierno murciano ha declinado pronunciarse al respecto, a pesar de las llamadas de este medio.
El gobierno de la vecina comunidad autónoma ordenó el pasado mes de marzo la paralización de los trabajos que estaba acometiendo en el basurero y para los que llevaba gastados 5,1 millones. Se han quedado a medias las actuaciones en el vaso inicial (1 y 2) donde están pendientes de colocar las tres capas de sellado que pretendían evitar, precisamente, que los lixiviados siguieran saliendo. La orden de retirada de la empresa Tragsa, que acometía las obras, por orden del ejecutivo murciano, se justificó entonces por «motivos técnicos y presupuestarios», a las puertas de las elecciones autonómicas, tras las cuales el PP asumió de nuevo el gobierno al alcanzar un pacto con Cs -partido que fue muy crítico en marzo con la paralización de los trabajos en el vertedero-.
El nuevo gobierno de Murcia no ha dotado de presupuesto aún a los trabajos que le restan en el basurero, donde deberá hacer una inversión estimada de 1,5 millones de euros para terminar la restauración e impermeabilización más otro tanto para el tratamiento de los lixiviados que se acumulan en las balsas instaladas para ese fin, y que están al borde de colmatarse al no haberse retirado los líquidos tóxicos como se comprometió el gobierno murciano. Todo aparte de la inversión de las dos administraciones autonómicas en los próximos 30 años para el mantenimiento postclausura del vertedero.
Las obras las realiza conjuntamente con la Generalitat Valenciana que se ocupa de la parte que pertenece a Orihuela y que sí está cumpliendo con su parte, con el anuncio esta misma semana de la inversión de 499.873 euros para terminar de sellar el polémico vertedero con una actuación en el vaso B, que se suma a otros trabajos de sellado y extracción de lixiviados. Entre 2016 y 2019 el gobierno valenciano ha destinado 2.538.814 euros a los trabajos de restauración ambiental con el sellado de los vasos A,C y D.
Problemas
Los dos principales problemas a los que se enfrenta la zona por la paralización de los trabajos por parte de la Consejería de Medio Ambiente de la Región de Murcia son que la llegada de precipitaciones provoque el afloramiento de nuevos lixiviados por la falta de impermeabilización del vaso inicial y que esos líquidos tóxicos no se sigan llevando desde las balsas -que están en territorio murciano- a las depuradoras. Ambos temores se han cumplido. La gota fría del pasado mes de septiembre -con un acumulado de lluvias en La Murada de 411 litros por metro cuadrado- provocaron que la balsa principal que retiene lixiviados sumara 5.000 metros cúbicos más y esté actualmente rozando los 49.000 que es capaz de embalsar. En el caso de otras lluvias intensas podría colmatarse y desbordarse ya que tampoco se ha cumplido con el compromiso de vaciado de la balsa. El gobierno murciano achacó esta circunstancia en su momento a que no todas las depuradoras aceptan los lixiviados, aunque ya se propuso una solución de una depuradora móvil que tendría que adquirir esta administración.
El portavoz de Vertivega, José Manuel Lorente, denuncia que el gobierno murciano «lleva un año sin hacer prácticamente nada» y «hay también pérdida de lixiviados que no van a la balsa grande, sino a la pequeña que, en teoría, debería estar ya clausurada, y estos líquidos tóxicos pueden provocar problemas de salud», alerta. Lorente, además, critica que «no se está cumpliendo con la Unión Europea, este vertedero debería estar clausurado a final de año, y puede acarrear sanciones». Vertivega pretende denunciar en el Congreso, el Senado y en Bruselas el abandono por parte del gobierno regional de la restauración del vertedero ilegal que perteneció al polémico empresario Ángel Fenoll, cabecilla del caso Brugal.
