El juzgado de Lo Contencioso de Elche ha emitido una resolución casi a modo de ultimátum para que el Ayuntamiento de Bigastro cumpla con la ley. La Corporación has sido requerida para que en el plazo de un mes «improrrogable» abone la cuantía de 1.030.000 euros más intereses y costas de la ejecución a una empresa local por una sentencia firme dictada en febrero de 2018. Y advierte que en caso contrario podría imponer multas coercitivas de 150 a 1.502 euros a las autoridades, funcionarios o agentes que incumplan este requerimiento de ejecución del Juzgado; incluso advierte de una posible responsabilidad penal «por la comisión de un posible delito de desobediencia grave a la autoridad, contemplando la pena de seis meses a un año». Algo que señala directamente a la alcaldesa Teresa Belmonte (Partido Popular).
La deuda es antigua. Se remonta a los últimos mandatos del polémico alcalde socialista José Joaquín Moya. Los empresarios depositaron ese millón de euros en el Ayuntamiento en el marco de un acuerdo urbanístico que les permitía contar con un solar urbanizable. El Ayuntamiento no cumplió ese acuerdo urbanístico aprobado en el pleno -lo justificó en el rechazo de la Generalitat- y es ahora cuando ha llegado a su conclusión el largo proceso para reclamar el abono de devolución.
Belmonte se negó públicamente a aceptar el primer fallo judicial, avanzado por este diario y fechado en febrero de 2018, asegurando en octubre de ese ejercicio que un municipio con un nivel de deuda como el bigastrense -uno de los más elevados de la provincia derivados de mandatos anteriores a 2015- tendría muy difícil optar a un crédito del Gobierno de España si no negociaba una quita con los deudores, de entre el 25% y el 45% sobre el total -propuesta extrajudicial y solo verbal que los empresarios rechazaron-. La imposibilidad de afrontar el pago fue ratificada por la intervención municipal.
En junio el Ayuntamiento ya recibió una resolución especialmente contundente en la que apremiaba al pago. Entonces la primera edil tuvo que admitir el pago deberá ser íntegro del total de la deuda -sin incluir los intereses- y puso sobre la mesa dos propuestas: abonar el total de la deuda a diez años con un plan de pagos o solicitar un crédito al Gobierno de España.
En el pleno del mes de septiembre se aprobó la solicitud 1,3 millones de euros de esos fondos de ordenación -que el ejecutivo central debe confirmar a principios de 2020-. Además del millón de euros para el pago a esta inmobiliaria (Giesco), el equipo de gobierno del PP solicita aproximadamente otros 250.000 para amortizar deuda financiera.
Pese a haber remitido esta petición de crédito al juzgado como respuesta al requerimiento, el juzgado emitió un nuevo requerimiento en términos más duros, con la advertencia de consecuencias penales y multas personales a cargos públicos y funcionarios, el 20 de noviembre, incluyendo los intereses de demora.
La empresa Giesco ha anticipado que además de la deuda principal sigue en el juzgado la reclamación de intereses de demora, aunque esta última está recurrida por el Ayuntamiento. «Aquí parece que yo tenga algo en contra de acatar esa sentencia y he actuado como lo he hecho con todos los procedimientos judiciales. Defendiendo los intereses del Ayuntamiento y los de mi pueblo hasta la última instancia. Si al final los jueces consideran que esa empresa tiene razón, pues la tiene y nosotros buscaremos la fórmula financiera para acometer la deuda. Aquí parece que alguien tenga interés en poner que hay algo personal por mi parte en contra de esos empresarios y no es así», indicó la alcaldesa a INFORMACIÓN.
Intereses de demora
Además de no incorporar esos intereses de demora, la decisión del municipio de dilatar este asunto desde hace ya casi dos años, podría afectar a las arcas municipales mes tras mes, generando, según los demandantes intereses de demora, de aproximadamente 3.000 euros mensuales a partir del año 2010.
El abono total, incluidos los intereses, es relevante para la economía de la administración local de este municipio de poco más de seis mil quinientos vecinos, que no suele superar los cinco millones de presupuesto anual.
