Los alcaldes de los municipios gobernados por el Partido Popular y por Ciudadanos en la Vega Baja iniciarán una recogida de firmas previa a la presentación de una iniciativa legislativa popular en las Cortes Valencianas para pedir la modificación de los artículos de la ley de plurilingüismo que imponen la obligatoria enseñanza de un 25% de asignaturas en valenciano y entre un 15 y un 25% en inglés y que se permita a los padres la libertad de elección de la lengua vehicular en la que quieren que estudien sus hijos. Así lo acordaron ayer los regidores y ediles que acudieron a la reunión organizada por el alcalde de Callosa de Segura, Manuel Martínez (PP). «Queremos la modificación de los artículos que chocan con la ley de usos y enseñanza del valenciano, e incluso chocan con el Estatuto de Autonomía y con la propia Constitución, y pedimos la modificación o la derogación de la ley, que se plantee otra que beneficie a todos y no cree discriminación por la zona de residencia de los alumnos», explicó.
Aunque el alcalde de Callosa de Segura invitó a los 27 representantes de los ayuntamientos de la comarca, finalmente su intención de que fuera «apolítica» no se cumplió ya que no acudió ningún regidor ni edil de consistorios gobernados por el PSOE (13 localidades) o por Compromís (Daya Vieja). Solo asistieron alcaldes y concejales del PP y de Cs, y no todos. Solo 10 municipios de los 27 estuvieron representados en la reunión que pretendía un frente común contra la ley de plurilingüismo que el conseller Marzà implantará el próximo curso escolar, lo que hizo que fuera un tanto descafeinada. Finalmente acudieron representantes de Torrevieja, Orihuela, Almoradí, Cox, Bigastro, Formentera del Segura, Benijófar, Granja de Rocamora y Daya Nueva (Torrevieja, Orihuela y Granja enviaron a sus concejales de educación). De entre los alcaldes del PP que no acudieron están los de Pilar de la Horadada, Redován o Albatera.
Las ausencias de PSOE y Compromís fueron criticadas por los regidores populares. María Gómez, alcaldesa de Almoradí, señaló al respecto que «es una pena que solo hayamos venido algunos grupos políticos porque la ley no beneficia a los chavales de toda la comarca, y deberíamos estar todos a una y que esto no sea una cuestión partidista». Que la reunión no era partidista y que no iba en contra de la lengua valenciana, fue un «mantra» que repitieron a la salida todos los presentes.
Moción
Además de la iniciativa legislativa popular, los alcaldes del PP y Cs que acudieron a la reunión acordaron presentar una moción en todos los ayuntamientos de la comarca y dar su apoyo a la manifestación convocada por las Ampas el 18 de enero en Orihuela. Antes de esa fecha, ese foro de alcaldes, encabezado por el regidor de Callosa, mantendrá una reunión con las plataformas convocantes. «Haremos todo lo posible para que esa manifestación sea un éxito y se vea la unidad que hay en la comarca para que tome nota el gobierno valenciano de que los ciudadanos del sur de la Comunidad Valenciana le piden que recapacite», dijo Martínez. «Reivindicamos el derecho de elección de los padres para que sus hijos estudien en su lengua materna y reclamar también la singularidad de la Vega Baja», añadió el alcalde callosino quien dijo que la ley de plurilingüismo afecta a todas las zonas castellanoparlantes de la comunidad.
Los anuncios hechos hace unos días por el conseller Vicent Marzà en Orihuela, donde se reunió con directores de institutos, referentes a la implantación gradual del plurilingüismo desde primero de la ESO el próximo curso y que sean los centros los que elijan el porcentaje de horas en valenciano, acogiéndose a planes experimentales, no convencieron a los regidores que ayer se reunieron. «Son solo palabras y eso no está escrito en la ley», criticaron.
Diputación apoya las reivindicaciones de las Ampas
La Diputación de Alicante se suma a los ayuntamientos que respaldan las reivindicaciones de las Ampas en contra del decreto de plurilingüismo. La diputada María Gómez mostró la adherencia de la institución a la manifestación del 18 de enero. «Respaldamos a las asociaciones de madres y padres de alumnos y nos ponemos a disposición de las familias de la Vega Baja porque entendemos que esta medida, a medio plazo, propiciará un aumento del fracaso escolar en las zonas castellanohablantes.
