La concejal de Contratación, Aseo Urbano y Parques y Jardines, Carmen Gómez (Partido Popular) ha declarado este miércoles en calidad de investigada (imputada), acompañada de abogado, en las diligencias abiertas en el juzgado de Instrucción 1 de Torrevieja por la denuncia presentada en 2015 por supuestas irregularidades en el encargo de material sin contrato para la construcción de un parque en El Chaparral.

La denuncia registrada por el anterior equipo de gobierno mantiene que al menos un edil del PP entre 2011 y 2015 y responsables del taller de empleo -entre los que también se encontraba la concejala del actual gobierno Sandra Sánchez- encargaron hasta 180.000 euros en suministros a media docena de empresas sin mediar un procedimiento administrativo de contratación, en la mayor parte de los casos vía WhatsApp o por teléfono móvil. Lo hicieron entre finales de 2014 y los cuatro primeros meses de 2015, en la recta final del mandato, mientras se desarrollaba el taller de empleo Mediterráneo, con la formación de alumnos-trabajadores.

La edil respondió este miércoles a todas las preguntas del juez, a la acusación particular representada por Ayuntamiento de Torrevieja y de su abogado -mientras que el Ministerio Fiscal no estuvo presente ni remitió preguntas para el interrogatorio-.

La concejal señaló que carecía de competencias en la tramitación y firma en ese taller de empleo y que la responsabilidad de encargar los procedimientos de contratación, en caso de fueran necesarios legalmente, era del área responsables de la tramitación de esos talleres -que en un ayuntamiento son las áreas de Fomento o Empleo-.

La edil ha explicado que su presencia en las obras podía ser circunstancial, dada su responsabilidad en Parques y Jardines, pero solo para conocer la zona verde que ese departamento se iba a encargar de conservar una vez que las obras estuvieran concluidas y por su experiencia profesional en ámbito de la jardinería.

Por otra parte el juzgado ha aplazado la declaración prevista para este miércoles de uno de los responsables del taller, hermano de la edil, mientras que el Ayuntamiento ha acatado la orden judicial de aportar los nombres de cada uno de los responsables del taller de empleo.

La denuncia fue rubricada en su día, al iniciarse el mandato 2015-2019 por los portavoces de los grupos que formaban el gobierno municipal de izquierdas, José Hurtado (Los Verdes), Fanny Serrano (PSOE), Víctor Ferrández (IU) y Domingo Soler (APTCe) . Serrano ha solicitado ejercer la acusación popular. El juzgado le ha pedido aportar una fianza de 7.000 euros. Medida que la concejal del PSOE de Torrevieja va a recurrir, como ha hecho en otros procedimientos.

La concejala considera que la situación de la acusación ejercida por el Ayuntamiento se ha modificado con el cambio de gobierno y que su personación puede apoyar la labor del Ministerio en su función de fiscalización de la gestión en las filas de la oposición en casos de supuesta corrupción.

Además de la denuncia ese gobierno local decidió paralizar todas las obras, que enfilaban su recta final en la campaña electoral de mayo de 2015 y vallar el terreno de 40.000 metros cuadrados donde se estaban realizando. Una zona verde que el Ayuntamiento no exigió ejecutar en su día al promotor cuando construyó miles de viviendas en los años setenta y ochenta.

Reapertura tras el archivo

El juzgado abrió diligencias de investigación, que se basaron exclusivamente en el análisis de la información documental, y archivó el asunto asegurando que los contratos verbales podrían tener validez. La Audiencia Provincial considera, sin embargo, que debían ampliarse las diligencias para completar la instrucción, más allá de la documentación aportada inicialmente, además de subrayar, reseñando resoluciones judiciales, que en el ámbito de la administración pública en ningún caso están admitidos los contratos verbales.

Tras la reapertura del procedimiento acudió a declarar en abril pasado como testigo un funcionario adscrito al área de la Agencia de Desarrollo Local (ADL) del municipio. El técnico, que supervisaba distintos aspectos del taller, fue el que advirtió con un informe que no podía conformar las facturas que le estaban llegando de empresas suministradoras de material al no cumplir los requisitos mínimos, además de indicar que también existían reparos del área de Intervención.

El técnico solicitó en febrero de 2015 al director del taller que no se encargaran más materiales. Sin embargo, se habrían solicitado -al mismo tiempo o con posterioridad- por valor de 184.000 euros, en suministros fraccionados sin contrato unitario, y al margen de estos informes en contra, según la denuncia.

Además el director del taller admitió que se había estado actuando sin contar con un proyecto de ejecución. La actuación habría contado con proyecto a posteriori, firmado por el área de Obras y Servicios, cuando el taller estaba a punto de terminar, poco antes de las elecciones municipales de mayo de 2015. Que sería la única intervención en el procedimiento de la edil Carmen Gómez.

Las firmas a las que se realizaron los encargos (Transamar del Sureste, Tabisam, Unidepol, Hormigones y Morteros Serrano, Cerámicos Anavar y Áridos y Contenedores Torrevieja) recurrieron en los juzgados de Lo Contencioso el impago de 12 facturas. Algunas han obtenido un fallo favorable -al considerar el juzgado que los trabajos se habían realizado y evitar el enriquecimiento injusto de la administración-. Otras peticiones no han sido estimadas.

En una de ellas, por la vía contencioso administrativo y que debe dirimir el Tribunal Superior de Justicicia al haber sido archivada en primera instancia, se indica que la responsable del taller Sandra Sánchez solicitó materiales por mensajería móvil.