El director territorial de Educación ha convocado hoy a todos los directores de centros de secundaria de la Vega Baja a una reunión para informarles sobre el proceso de puesta en marcha de los polémicos proyectos lingüísticos de centro (PLC) desde septiembre de 2020, en función del calendario dispuesto por la ley por la que se regula y promueve el plurilingüismo en el sistema educativo valenciano, aprobada por mayoría absoluta de las Cortes Valencianas en febrero de 2018 por PSOE, Compromís y Podemos -y que no fue recurrida por la oposición del PP y Cs-. El encuentro está previsto a las 16.30 horas en el IES El Palmeral de Orihuela.
La ley dispone un mínimo de un 25% de horas lectivas en valenciano y entre un 15% un 25% en inglés, en los modelos con menos materia en ambas lenguas. En el caso del valenciano se traduce en seis horas semanales al margen de la propia asignatura en valenciano. Además el calendario establece que la implantación sea general. Es decir, en todo los nives de Secundara, Bachiller, Ciclos Formativos, Formación Profesional y Escuela Permanente de Adultos desde septiembre de 2020, también en zonas de predominio lingüístico castellano y con derecho a exención. La reunión se ha convocado ante la falta de definición de la Generalitat sobre la forma de aplicar esos planes y la gran preocupación expresada por los directores desde principio de este curso, cuando han planteado la medida en los consejos escolares en los que están representados los padres y docentes.
Pese a los mensajes que trasladan directores y asociaciones de padres sobre este modelo desde hace semanas -recogidas por este diario- la Generalitat no se ha pronunciado sobre las críticas. La convocatoria se ha realizado de una forma poco ortodoxa en algunos casos. Se ha llamado por teléfono a los directores. El cauce oficial es por vía telemática, que es como queda constancia en la administración de las notificaciones.
Los directores tienen muchas dudas no solo por el rechazo de los padres, también por la falta de recursos para llevar a cabo esta formación, en especial de profesores capacitados para impartir valenciano e inglés. También se preguntan qué pasara si los padres tumban en los consejos escolares los PLC o si los alumnos hacen valer su derecho a la exención en valenciano, pero para todas las materias en valenciano.
La delegada del Consell, Antonia Moreno, dio a entender en comentario en redes sociales a una noticia sobre las críticas de la plataforma de Ampas en Torrevieja que la exención rige no solo para la asignatura de valenciano, también para las materias en valenciano. Algo que añade mayor confusión al debate -la ley no dice eso- y muy difícil de llevar a la práctica porque dividiría los grupos entre alumnos exentos y no exentos. Por su parte, portavoz de Educación del PP en las Cortes Valencianas, Beatriz Gascó ha reiterado que considera que «la ley de imposición lingüística que se aplicará el próximo curso en ESO y bachiller es un atropello para todo el alumnado de la Comunitat al que se le obliga a estudiar con un modelo único en valenciano». Gascó advirtió a finales de octubre que «el curso que viene (2020) se va aplicar la ley sin que los centros están preparados, sin que las familias están informadas, y lo peor de todo, pagando los alumnos las consecuencias de tanta irresponsabilidad».
