La Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Generalitat Valenciana da por extinguido el contrato de concesión del servicio municipal de abastecimiento de agua potable en Orihuela desde el 11 de noviembre de 2008, cuando término su plazo de vigencia que fue por veinte años, al firmarse en 1988. El órgano considera como nulas las dos prórrogas que el Ayuntamiento de Orihuela le dio a la concesionaria en 2001 (hasta 2018) y, solo tres años después, en 2004, hasta 2038 (dós décadas más). Así lo señala en un informe desvelado ayer por Cambiemos, de quien partió una denuncia a la Fiscalía Anticorrupción en 2017 por presuntas irregularidades en la gestión del agua en el municipio, de cuya investigación se encarga actualmente el Juzgado de Instrucción número 3 de Orihuela.
Es precisamente ese juzgado el que solicitó al Ayuntamiento que remitiera todos los contratos con la actual concesionaria a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Generalitat, que ha dado lugar a ese informe. El gobierno local aportó, a principios de año, 7.000 folios de documentación a la causa.
El primer contrato con la empresa se fijaba de 1988 a 2008 -veinte años-. La primera prórroga rubricada en 2001 por el gobierno de Orihuela amplió la contrata de 2008 a 2018 y la segunda, realizada solo tres años después, en 2004, amplió la gestión de 2018 a 2038 -otras dos décadas-, sin opción a que otras empresas pudieran concursar en el momento en el que se agotaban los plazos.
Tres contratos vinculados
La Junta de Contratación, en el informe remitido al juzgado, señala que los tres contratos vinculados al agua potable (suministro, saneamiento y depuración) deben considerarse «extinguidos en la fecha de expiración inicial del plazo», que era 2008, y añade este órgano que «no pudiendo considerarse conforme a derecho las prórrogas contractuales de todos ellos», las que se hicieron en 2001 y 2004, a las que da por nulas. «Si el convenio de 2001 no puede considerarse un título jurídico válido para prorrogarlo hasta el 11 de noviembre de 2018, mucho menos podrá tener tal consideración el convenio de 2004 con el que, entre otras determinaciones, se pretende ampliar dicha prórroga por 20 años más, hasta el 11 de noviembre de 2038».
Para los ediles de Cambiemos, Javier Gracia y Carlos Bernabé, la situación es muy grave «dado que en la práctica esto significa que la empresa concesionaria lleva más de 10 años operando en Orihuela sin contrato». En 2017 este grupo elevó una moción al pleno donde pedía revisar las prórrogas a la concesionaria del agua «que PP y Cs rechazaron,demostrando así una enorme irresponsabilidad y negligencia sobre la que deberían dar explicaciones porque se ha demostrado que las denuncias que venímos haciendo sobre irregularidades en la contrata del agua son ciertas», señaló Bernabé.
La Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Generalitat insta al consistorio oriolano, que no ha recibido el informe según aseguró ayer, a que «se adopten medidas urgentes para evitar el perjuicio» mientras se solventa la situación, según Cambiemos, que aprovechó para pedir la municipalización de la gestión. Bernabé quiso tranquilizar a los trabajadores de la actual contrata «porque el informe y sus consecuencias no tienen por qué poner en riesgo ni el servicio ni a la plantilla de la empresa», concluyó.
