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El Consorcio se fija el objetivo de contar con la planta de tratamiento de residuos en 2023

La nueva presidenta, Teresa Belmonte, pide no demorar más las soluciones a la gestión de las basuras mientras la comarca continúa sin instalaciones para transferirlas y tratarlas - La entidad está pendiente del recurso a la sentencia que devuelve a Cespa y Ortiz el Plan Zonal

Teresa Belmonte, en el centro, charla con algunos miembros de la comisión de gobierno del Consorcio. tony sevilla

La nueva presidenta del Consorcio de Residuos Vega Baja Sostenible, Teresa Belmonte, se marca como principal objetivo de su gestión al frente de este organismo durante los próximos cuatro años, el poner en marcha la definitiva planta de tratamiento de residuos que necesita la comarca. La Vega Baja es la única comarca de la Comunidad Valenciana que no cuenta con ninguna infraestructura ni para transferir ni para tratar los residuos de sus 27 municipios con una población de 450.000 habitantes. «La solución definitiva no se puede alargar más en el tiempo, tenemos obligaciones legales que cumplir con objetivos de reutilización de reciclaje de residuos que no podemos demorar más porque nos arriesgamos a sanciones de la UE y, espero, que en 2023 podamos estar inaugurando la planta de tratamiento para nuestros residuos», señaló la también alcaldesa de Bigastro que ayer presentó a los miembros de la nueva comisión de gobierno tras asumir el PP el control de la entidad.

De momento, el Consorcio tiene en marcha la construcción de una planta de transferencia en Dolores que dará servicio a la mitad de la comarca y gestionada bajo el mandato del socialista Manuel Pineda. La entidad solo puede tramitar actualmente proyectos de capital público, como sucede con esa instalación, pero no privados, tras la sentencia del TSJCV que en abril dio la razón a la UTE formada por Cespa y Ortiz (del empresario Enrique Ortiz) y que le devuelve la adjudicación del Plan Zonal de residuos de la comarca que consiguió en junio de 2013 y que le fue rescindida en enero de 2015 por supuestos incumplimientos (entonces con el PP al frente del ente consorciado). El Consorcio tiene interpuesto un recurso de casación al Tribunal Supremo contra la sentencia que ya Pineda reconoció entonces que los servicios jurídicos de Diputación advirtieron de la dificultad de su admisión.

Con esa losa encima, Belmonte debe gestionar uno de los consorcios de basuras más complejos de la comunidad. «El proyecto que se encuentra en sede judicial está basado en una tecnología que no está actualizada y sea cual sea la resolución de ese proceso judicial debemos llevar a cabo un proyecto de gestión moderno y vanguardista», indicó. Efectivamente, la sentencia del TSJCV abre muchas preguntas sobre cómo implementar el proyecto que hace seis años, con leyes distintas, hizo ganadora a la UTE Cespa-Ortiz de la gestión de las basuras en la Vega Baja y del vertedero comarcal. El proyecto era una macroplanta instalada en Albatera. Sin embargo, este tipo de instalaciones ya no serían legales a raíz de que el Consell aprobara el 5 de abril el Plan Integral de Residuos (PIR). Por tanto, o se debería modificar el proyecto, si jurídicamente es posible, o hacerlo compatible con la nueva normativa. El PIR establece que la Vega Baja debe tener, al menos, dos plantas de transferencia y mínimo dos de tratamiento.

Paralización

Las consecuencias de este revés judicial para el consorcio de residuos comarcal fue la paralización de todas las iniciativas privadas ya presentadas o que se pretendieran trasladar a la entidad. Es el caso del proyecto presentado por Ferrovial (Cespa) para instalar una planta de transferencia en Orihuela y que estaba estudiando la comisión técnica del Consorcio, y deja en el aire la planta de tratamiento comarcal 'sine die'. Si el Supremo no admite el recurso, la gestión de las basuras volvería a la UTE Cespa-Ortiz, al considerarse firme la sentencia del TSJ valenciano. Si por el contrario, lo admite, entraría en un periodo de judicialización de mucho tiempo hasta que el Supremo tuviera una sentencia firme.

Para la nueva presidenta del Consorcio «ya llegamos tarde, sin proyecto de gestión ni planta de tratamientos de residuos propia y tenemos la obligación de llegar siendo vanguardistas y trabajando bajo las premisas de la transparencia y el consenso y que la gestión de los residuos sea la más económica y eficiente posible». En este sentido, quiso lanzar un mensaje de tranquilidad a la población de la comarca: «llegamos de nuevas y nada tenemos que ver con el pasado de este Consorcio». Sobre la planta de transferencia de Dolores dijo querer estudiar primero todos los expedientes «para ver que está todo correcto, aunque partimos de la premisa de que es así porque cuenta con todos los informes a favor».

El alcalde de Granja de Rocamora, Javier Mora (Cs), miembro de la comisión, dijo querer saber «en cuánto se abarata el coste a los municipios que lleven allí las basuras porque habrá que analizar en cuánto va a repercutir ese abaratamiento por tonelada». La nueva comisión se ha puesto un plazo de cuatro meses para estudiar todos los expedientes que tiene en marcha el Consorcio «para corroborar que se han hecho con la legalidad y rigor necesarios, pero partimos de que así es», concluyó Teresa Belmonte.

A contrarreloj para separar la basura orgánica

El 1 de enero de 2020 entra en vigor la recogida selectiva de la basura orgánica, según una directiva europea. La presidenta del Consorcio, Teresa Belmonte, dijo ayer tener que trabajar contrarreloj «ya que los anteriores responsables no han informado de cómo debemos actuar los municipios, ni se ha previsto nada y el 1 de enero las concesionarias de basuras tienen que separar la fracción orgánica». Belmonte anunció que hará campañas de concienciación y sensibilización.

«Pido que no se antepongan los intereses políticos a los reales»

Teresa Belmonte demanda unidad a los miembros de la comisión de gobierno de la entidad, sin mirar sus siglas

Teresa Belmonte, en su primera comparecencia pública como presidenta del Consorcio de Residuos Vega Baja Sostenible, convocó ayer a los 13 miembros que la acompañan en la comisión de gobierno para presentarlos a los medios. Solo atendieron su llamada cuatro, el alcalde de Granja de Rocamora, Javier Mora de Cs (vocal quinto), el regidor de Cox, Antonio Bernabeu, la edil de Aseo Urbano de Torrevieja, Carmen Gómez del PP (vicepresidenta primera) y el edil de Albatera, Juan José Fuentes del PP (vocal segundo). No asistió ningún representante del PSOE que ostenta una vicepresidencia y un puesto de vocal. El socialista Joaquín Hernández, vicepresidente cuarto de la comisión de gobierno, criticó a Belmonte por haber dado solo dos puestos al PSOE al considerar que con más del 49% de los votos que obtuvo en las elecciones municipales les correspondían más.

Belmonte quiso ayer contestar a las críticas del PSOE y pidió «que no se antepongan los intereses políticos a los reales» y demandó «que dejemos de lado las ideologías». La nueva comisión la componen 14 miembros, siendo la presidenta Teresa Belmonte, de Bigastro, la vicepresidenta primera Carmen Gómez, de Torrevieja, la vicepresidencia segunda la ostenta Emilio Bascuñana, por Orihuela, la tercera Francisco Cano, de Formentera, y la cuarta Joaquín Hernández, de Dolores. Por la Generalitat, forman parte Joan Piquer y otro miembro sin designar, por la Diputación de Alicante Miguel A. Sánchez y Javier Sendra. Los cinco vocales son Adrián López por Pilar de la Horadada, Juan José Fuentes por Albatera, Antonio Bernabeu por Cox, José Luis Sáez de Guardamar y Javier Mora de Granja de Rocamora. La comisión tiene la función de informar y de dictaminar los asuntos que se llevan al pleno, ya que el órgano decisorio es la junta de gobierno formada por los 27 municipios.

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