La primera decisión de la presidencia del Consorcio de Residuos Vega Baja Sostenible, tras asumirla la alcaldesa popular de Bigastro Teresa Belmonte, ha sido la de subir las dietas que cobran los miembros de la comisión de gobierno de este organismo, tras hacer una reestructuración de la misma al hacerse con su control el PP. Hasta ahora, cada uno de los 14 miembros que forman la comisión de gobierno de la entidad (presidente, cuatro vicepresidentes, cinco vocales, dos representantes de la Diputación y otros dos de la Generalitat) percibían 200 euros por asistencia. A partir de ahora serán 100 euros más los que cobrará cada componente de la mesa en esas reuniones que se suelen celebrar cada trimestre, aunque la presidencia puede convocar a la comisión cuando crea necesario.

Esto supone un coste de 1.400 euros más por sesión que en el pasado mandato del PSOE. No obstante, el cobro de estas indemnizaciones es voluntario y, de hecho, hay quien la rechaza, como el representante autonómico de la Generalitat Valenciana. Belmonte justificó la subida «para igualar las remuneraciones por asistir a la comisión, que eran 200 euros, a las que se cobran de la junta de gobierno, que son de 300 euros, como tienen el resto de consorcios de la provincia».

El pasado martes se celebró la sesión constitutiva del Consorcio de Residuos que presidirá la alcaldesa de Bigastro, Teresa Belmonte (Partido Popular) en sustitución de Manuel Pineda (PSOE), tras los resultados de las elecciones municipales del pasado mes de mayo, que fueron más favorables al Partido Popular, por una ligerísima diferencia (50,20% PP y 49,80% PSOE). Suficiente para cambiar el órgano de gobierno y, por tanto, el control de la gestión de las basuras de la comarca que pasa a manos de los populares. Esa ligera diferencia no se ve representada en la elección de los miembros de la comisión de gobierno que ha hecho Belmonte y que está copada por representantes del PP.

Estructura

Así, además de la presidencia que ostenta la alcaldesa de Bigastro, las vicepresidencias son, la primera, para el alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana (PP); la segunda para el alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón (PP); la tercera para el regidor de Formentera del Segura, Francisco Cano (PP); y la cuarta para el alcalde de Dolores, Joaquín Hernández (PSOE). En cuanto a los vocales, tres de los cinco son del PP -el alcalde de Cox Antonio Bernabéu, la regidora de Albatera Ana Serna y el primer edil de Pilar de la Horadada José María Pérez-; el alcalde socialista de Guardamar, José Luis Sáez, será el cuarto vocal y el regidor de Granja de Rocamora, de Ciudadanos Javier Mora, será el quinto. Queda fuera un representante de Compromís, que sería el regidor de Daya Vieja, José Vicente Fernández, como así le pidió a la nueva presidenta el PSOE. Los otros cuatro miembros son dos representantes natos de la Diputación, del PP, y dos de la Generalitat, de PSOE y Compromís.

El socialista Joaquín Hernández, criticó ayer que no fuera considerada una mayor representación socialista en virtud de los resultados electorales. El PSOE pidió dos vicepresidencias y Belmonte les ha dado una y un vocal. «Ha ninguneado al PSOE con maniobras torticeras, ya que estamos igual representados que el PP en el otro mandato a pesar de que el porcentaje en las anteriores elecciones fue de un 60 a un 40% en favor del PSOE», dijo. Por su parte, Teresa Belmonte señaló que la distribución la ha hecho en base a los municipios que más residuos aportan, como Orihuela y Torrevieja «da igual quien gobierne», Cox, Granja y Albatera por estar afectados por una sentencia «y el resto por representación territorial».