La junta de gobierno del Ayuntamiento decidió en su última sesión del viernes pasado que la junta de gobierno asumiera un buen número de competencias que desde principios de este mandato estaban en manos exclusivamente de la edil de Contatación, Carmen Gómez (PP). Como la resolución no fue explicada por el secretario concejal de la junta de gobierno, Federico Alarcón, dio la impresión de que era una decisión política del gobierno del PP.
Según fuentes municipales la junta acató un informe de la secretaria general del pleno en ese sentido, haciendo valer el reglamento de funcionamiento de las corporaciones locales. Tiene como trasfondo la «pelea» que protagoniza un sector del funcionariado -Contratación, Recursos Humanos y Secretaría- con el área de Intervención. Intervención mantiene que el área de Contratación del Ayuntamiento es una de las más colapsadas del país, solicitó un cambio en su jefatura y señaló «graves irregularidades» que, avanzó, ratificará en el juzgado. Así, este informe de la secretaria se interpreta como «una respuesta» a Intervención. Ahora las competencias que vuelven a junta de gobierno son de tramitación.
Hasta la fecha solo debía aprobar el inicio de expedientes, pliegos y licitación y la adjudicación de contratos. Ahora también deberá dar cuenta -semanalmente y no a diario- de cualquier tramitación, como la subsanación de documentación o la ampliación de plazos, que se resolvían con una firma de la edil y que deberán dirimirse en el órgano colegiado. Entre 2011 y 2015 - con el mismo ordenamiento jurídico-, Gómez mantuvo esas competencias sin que la secretaria informara de lo contrario.
