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Dolores recurre al Estado para afrontar el pago de una sentencia de 1,8 millones

Un fallo judicial ordena al Ayuntamiento devolver esa cantidad que recibió de la firma San José a cambio de ejecutar un campo de golf. La empresa quebró y pidió el reintegro

Dolores recurre al Estado para afrontar el pago de una sentencia de 1,8 millones

El boom inmobiliario y el estallido de la burbuja del ladrillo siguen afectando, casi una década después, en las arcas públicas de los municipios de la Vega Baja -y en los bolsillos de sus vecinos-. El Ayuntamiento de Dolores se ha visto obligado a pactar un crédito de 1,8 millones de euros adhiriéndose al fondo de impulso económico del Estado, a través del ICO, para hacer frente a una sentencia judicial derivada de una demanda de una empresa inmobiliaria: 1,8 millones es el equivalente al 40% del presupuesto de gasto anual de este municipio de 7.000 vecinos.

San José Inversiones iba a construir un campo de golf de 18 hoyos y 2.600 casas en plena huerta. La empresa presentó concurso de acreedores en 2008 cuando ya había hecho lo más «difícil» en la tramitación previa: lograr la reclasificación de un millón y medio de metros rústicos en plena huerta y hacerse con la condición de urbanizador. Había depositado en el Ayuntamiento -para garantizarse el desarrollo del plan- esos 1,8 millones de euros. Los administradores concursales de San José reclamaron ese dinero al municipio porque desde el punto de vista jurídico no era un aval -que se pierde si la empresa no cumple-. Era un depósito sobre «plusvalías futuras». El argumento de la empresa era que si finalmente no podía ejecutar la urbanizaría esas plusvalías no se obtendrían y por lo tanto tenía derecho a recuperar el depósito. Tal y como ocurrió. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) le dio la razón en marzo de 2018 a la hora de reconocerle el derecho al reintegro.

Al Ayuntamiento ni tan siquiera le aceptaron la tramitación de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. En junio el municipio recibió notificaciones que le instaban a ejecutar la sentencia. No le dejaban más margen de demora. El acreedor ha aceptado percibir la totalidad del importe ahora a cambio de renunciar a los intereses de demora -el Estado suele conceder los créditos si los ayuntamientos logran descargarse de los intereses de demora-. Según el alcalde Joaquín Hernández (PSOE) «nadie es capaz de saber en qué se gastó ese dinero el gobierno del PP (que gobernó hasta 2014) que lo dispuso en una caja fija».

En junio pasado los juzgados confirmaron la sentencia que obligaba al municipio a reintegrar esa cantidad. Dinero que supone el 40% de los ingresos totales del municipio en su presupuesto anual. La única forma de «salvar» la situación fue recurrir a esos fondos estatales, que ha autorizado el préstamo con una devolución a diez años.

El pleno del Ayuntamiento de Dolores del mes de octubre aprobó esa solicitud con los votos a favor de los ediles del gobierno socialista y la abstención del PP (que alentó la promoción de este macroplan cuya aprobación se recibió con cohetería en el municipio) y Cs. No obstante, hasta el mes de marzo de 2020 el pago no se hará efectivo, según las previsiones del Ayuntamiento, algo que los administradores concursales aceptan porque no existe otra alternativa de pago. San José Inversiones no solo entró en concurso de acreedores.

No pudo asumir el pago a los acreedores ni con una quita y fue liquidada. Arruinó a cientos de pequeños inversores de la pedanía de Molins - de donde era su fundador-. El efecto dominó de la crisis también arrastró a la segunda empresa que optaba a llevar a cabo el plan urbanístico -San Antonio-, también con origen en Molins y que presentó concurso de acreedores.

El millón y medio de suelo de huerta aislado del casco urbano y cerca del Hondo sigue siendo urbanizable

El proyecto de campo de golf no se ejecutó pero la calificación de los terrenos como urbanizables, aprobada en 2009 tras una larga tramitación administrativa, sigue en vigor. Los titulares del paraje de Sobreviñas, pequeños propietarios de huerta de regadío tradicional, tienen intención de constituirse en agrupación de interés urbanístico para rescatar el residencial. El objetivo es contar con una sola entidad y representante para los 200 propietarios de terreno.

Con el mercado inmobiliario de segunda residencia activo el interés se ha renovado, aunque en una década se han producido varias tentativas sin éxito. Sobre todo por la inversión necesaria y porque Dolores es una zona del interior alejada de los principales focos de turismo residencial. Su principal reclamo sería un campo de golf singular en la Vega Baja: se plantearía sobre una zona totalmente llana. Dolores Golf contemplaba la construcción de 2.600 viviendas y ese campo de golf de 18 hoyos. Todo sobre un millón y medio de metros cuadrados, situados al norte del casco urbano, próximos al parque natural del Hondo.La iniciativa requiere de una inversión superior a los 55 millones de euros para abordar las infraestructuras básicas como viales, alumbrado, colectores de saneamiento y suministro de agua potable, que permitan convertir los suelos en solares urbanos, además de la construcción del campo de golf, que es principal reclamo. La tramitación administrativa salvó obstáculos importantes como el hecho de que se trate de terrenos de cultivo tradicional de huerta aislados del casco urbano -con la actual legislación no se hubiera aprobado-. O también el alto riesgo que el Plan Contra el Riesgo de Inundación de atravesada por una red de azarbes -se desbordaron con la DANA- y muy cerca de un parque natural.

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