El Teatro Municipal de Torrevieja reabre sus puertas para acoger la gala de coronación de la Reina de la Sal. Llevaba cerrado más de cuatro años. Cumple -ahora sí- con los requisitos legales imprescindibles que la Generalitat echó en falta en una inspección en 2015. El martes pasado el arquitecto director del proyecto, Antonio Marquerie, firmó el certificado final de obra del que carecía el edificio desde 2006 -cuando fue inaugurado-. Lo anunció ayer en rueda de prensa el alcalde Eduardo Dolón (PP), acompañado por el concejal de Cultura, Antonio Quesada. El primer espectáculo en el principal espacio cultural de la ciudad tras más de cuatro años de cierre está previsto a los ocho de la tarde. Dolón facilitó el documento rubricado por Marquerie. Informe que finaliza el proceso de Acreditación Administrativa (OCA), contratado por el Ayuntamiento en 2014 para cumplir con la legislación.
El Teatro fue clausurado tras esa inspección de la Generalitat en septiembre de 2015 a instancias de las denuncias de Los Verdes recibidas en meses y años anteriores. Visita en la que se comprobó que el edificio contaba con licencia ambiental -de actividad- pero no con licencia de apertura: carecía de ese certificado de fin de obra del arquitecto -sin el que no se puede otorgar la licencia de apertura-; y además presentaba evidentes deficiencias en seguridad, evacuación y accesibilidad. Desde 2010 la legislación reclama para los espacios de libre concurrencia licencia de apertura, aunque sean de titularidad municipal para garantizar, sobre todo, la seguridad.
El alcalde aportó también un informe del jefe del departamento de Urbanismo, Santiago Romero, firmado ayer mismo, en el que indica que el edificio se podía abrir con esa OCA o con una licencia de apertura municipal y sin necesidad de elaborar un decreto de reapertura. El primer dijo que a su entender el arquitecto ha accedido ahora a lo que negó durante años por tres motivos: el Ayuntamiento ha respondido a una petición del arquitecto fechada el 27 de octubre de 2017 en la que «pedía documentación» y nunca «se le llegó a contestar por la Corporación anterior». En segundo lugar, los juzgados le han reclamado esa certificado de fin de obra, como avanzó INFORMACIÓN. Una petición judicial que se deriva, paradójicamente, de la reclamación del propio arquitecto de honorarios -130.000 euros- supuestamente no percibidos por su labor de director de la obra. Cuando Marquerie demandó al municipio a finales del anterior mandato, el Ayuntamiento, en una acción judicial elaborada en junio pasado y aprobada en junta de gobierno en agosto -a caballo entre dos mandatos- reclamó al arquitecto que corroborar que efectivamente había hecho su trabajo aportando el certificado de fin de obra. Algo que ha hecho ahora y que, por otra parte, podría facilitar que salga adelante su propia reclamación de honorarios si el municipio se allana en la demanda judicial.
Variable
La tercera variable a la que se refirió Dolón y que puede haber «animado» al arquitecto a cambiar de postura y aportar el documento es que el Colegio de Arquitectos, tras una solicitud del Ayuntamiento, aseguró que otro técnico colegiado podría sustituirle en la firma del fin de obra. Que no fuera el arquitecto que supervisó el proyecto el que firmara el fin de obra restaba toda solidez a su reclamación de honorarios en la demanda judicial.
Los Verdes y el PSOE, partidos que asumieron el cierre desde septiembre de 2015 guardaron ayer silencio tras el anuncio. El PP con esta apertura cumple una de sus principales promesas electorales de principio de mandato. Los Verdes solo han indicado que se congratulan de que por fin, en caso de que así sea, el Teatro abra con todas las garantías legales y que se pueda garantizar la seguridad e integridad de los trabajadores y los espectadores. La reapertura era una reivindicación del propio PP, pero también de entidades culturales que habían visto cómo sus escenificaciones o eventos se veían relegados al Centro Cultural Virgen del Carmen o al Palacio de la Música y que reclamaban la apertura al margen de los problemas de seguridad o ausencia de licencia que presentara el espacio. También se prodigaron las críticas por la supuesta falta de actividad que generaba en el entorno de la plaza de Miguel Hernández.
La visita de la Policía Autonómica a Urbanismo
El PP ve «indignante» que Los Verdes denunciara que la instalación cultural iba a abrirse sin autorización
Esta semana la Policía Autonómica acudió a las dependencias de Urbanismo y Alcaldía tras recibir denuncias -una de ellas de Los Verdes- en el sentido de que el Teatro iba a abrir sin los instrumentos legales oportunos. El gobierno local tachó ayer a los ediles de Los Verdes de «indignos» por esta denuncia remitida el pasado 5 de noviembre, «tras enterarse de la próxima apertura del Teatro contra el Ayuntamiento y ante la dirección Territorial de Alicante, Conselleria de Justicia y Administración Pública», para que el Teatro «no se abriese». Algo que calificó de «increíble e indignante», especialmente «porque la denuncia la realiza el partido político que -a su juicio- ha mantenido cerrado el Teatro durante más de cuatro años». El alcalde matizó que la entrega del certificado de fin de obra de Marquerie coincide con la fecha de reapertura anunciada hace dos semanas porque es el momento en el que el Ayuntamiento comunicó a Marquerie que podía comprobar en una visita al edificio que cumplía, tras las obras, con las condiciones técnicas.
La adecuación del edificio para cumplir con la OCA no ha sido gratis. Porque además del «papel» que ha aportado el arquitecto, se debían afrontar deficiencias y carencias importantes de mantenimiento. En el anterior mandato algunas ya se abordaron con una inversión de 40.000 euros en la zona de oficinas para evitar problemas de seguridad por incendios. A esa actuación se han sumado otros 150.000 euros entre el mes de junio y hoy para adecuar maquinaria y muchas instalaciones deterioradas por la falta de uso y contrato de revisión. Y todavía resta otro contrato para adecuar parte de los motores de la caja escénica, valorado en 39.000 euros. A esta factura se sumarían los 130.000 euros, más intereses de demora, si el arquitecto saca adelante su reclamación judicial.
