El equipo de gobierno del Partido Popular (PP) presenta en el próximo pleno ordinario una modificacióin de créditos por la que se disponen 8,5 millones de euros destinados al pago de deuda financiera. «Dinero para los amigos de los bancos», según los populares cuando el anterior gobierno presidido por Los Verdes cumplía la legislación estatal que obliga a los ayuntamientos a destinar su superávit a amortizar deuda.

Y es exacatamente lo que va a hacer el Ayuntamiento de Torrevieja, que de nuevo, termina la liquidación del presupuesto de 2010 con un elevado superávit: 16 millones de euros. Más de la mitad va a parar a las entidades financieras con lo que la deuda viva el municipio va a bajar de los diez millones de euros cuando en 2012 llegó a superar los 72 millones de euros. Será la primera vez en quince años que el municipio rebaja su deuda con las entidades financieras por debajo de los diez millones.

Una de las principales promesas electorales del alcalde Eduardo Dolón (PP) fue que Torrevieja destinaría el superávit presupuestaria casi exclusivamente a inversiones financieramente sostenible -un tipo de gestión que no es fácil porque exige redactar, adjudicar y ejecutar los proyectos en el mismo año. Algo que, por el momento, y a tenor de esta decisión presupuestaria que ha sido dictaminada en comisión informativa y validada en junta de gobierno, no va a ser posible.

El gobierno popular arrastra además cierto retraso en la gestión presupuestaria. Ha superado ampliamente el plazo legal para presentar el anteproyecto de presupuestos de 2020. Unas cuentas que ya no estarán aprobadas definitivamente antes de final de año.

Eduardo Dolón ha dicho este jueves en el pleno que el nuevo gobierno municipal no ha "podido hacer nada" para evitar aprobar este pago puesto que el expediente fue iniciado por el anterior gobierno sin que se prepararasen proyectos que pudieran emplear ese superávit en inversiones financieramente sostenible. Tampoco puede el Ayuntamiento ahora "hacer otra cosa" que pagar a los bancos deuda porque el periodo medio de pago a proveedores es muy elevado, lo que impide legalmente que se destine el dinero a otro fin que no sea el pago a proveedores y a los bancos, pese a que ese retraso no se debe a la falta de liquidez sino al funcionamiento de la propia administración.