El Ayuntamiento de Callosa de Segura se enfrenta al pago de 170.000 euros por el impago del alquiler de 15 viviendas que tiene cedidas a familias con pocos recursos y en situación de vulnerabilidad. Un juzgado ha condenado, en sentencia firme, al consistorio por el impago de esos alquileres que firmó en 2011 y que dejó de pagar en 2016 por acuerdo de la junta de gobierno, entonces formada por PSOE, Izquierda Unida y Somos Callosa, tras la venta de esas viviendas por parte del banco Sabadell, anterior propietario, a una Socimi (Sociedad Cotizada Anónima de Inversión en el Mercado Inmobiliario).
La empresa propietaria denunció al consistorio callosino por la deuda de tres años de impago que ascienden a 170.000 euros. Lo más preocupante es que ese impago afecta a las familias vulnerables que viven en esas casas ya que esa Socimi ha puesto en marcha seis órdenes de desahucio (el primero estaba previsto hoy, pero se ha paralizado tras las gestiones del Ayuntamiento y de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Callosa de Segura, y el resto está previsto que se ejecuten en diciembre).
La edil de Bienestar Social, Beatriz Mañogil, dio cuenta ayer de esa sentencia acusando a los anteriores gobernantes de «malas decisiones que han llevado a esta situación». Mañogil se mostró preocupada por la situación en la que se encuentran las familias que viven en esas 15 viviendas y señaló que «son nuestra prioridad y estamos trabajando para evitar los desahucios y dar una solución al problema». El Ayuntamiento ha ofrecido a la empresa propietaria de las casas el pago aplazado de los 170.000 euros, algo que ha rechazado la mercantil. También que pasen a formar parte del Banco Municipal de Viviendas, que asegura el 50% del alquiler en caso de impago «y estamos a la espera de que nos respondan a ese ofrecimiento». El Ayuntamiento también se ha reunido con la Directora de Emergencia Habitacional de la Conselleria de Vivienda para trasladarle el problema al que se enfrentan esas familias con una orden de desahucio y el resto que vendrán «porque actualmente no tenemos más viviendas para poder realojarlas», explicó Mañogil.
En 2011, el Ayuntamiento de Callosa, entonces gobernado por el PP, formalizó el alquiler de 15 viviendas entonces propiedad de la extinta CAM y las cedió a familias del municipio en riesgo de pobreza o exclusión social y usuarias habituales de prestaciones sociales, mientras que del abono del alquiler se ocupaba el consistorio callosino. Los contratos de arrendamiento tenían un vencimiento de 7 años y vencieron entre el 31 de diciembre de 2017 y el 28 de febrero de 2018. Los contratos de cesión a las familias tienen, según las cláusulas, un tiempo máximo de permanencia de 5 años.
Según el equipo de gobierno del pasado mandato los informes técnicos no se correspondían con informes sociales y no se habían recibido instrucciones de realizar seguimiento de control en los acuerdos de cesión. La CAM fue comprada por el Banco Sabadell quien vendió a la Socimi Empire Real Estate Spain S.L. (dedicada al alquiler y compra/venta de inmuebles) las viviendas, y según el anterior gobierno local ese cambio de propiedad no fue comunicado al Ayuntamiento por lo que al cumplirse los 7 años de arrendamiento, en 2016, decidió dar por finalizados los contratos e intermediar para facilitar la compra o el alquiler por parte de las familias. La empresa denunció y el juzgado falló que el Ayuntamiento debía seguir pagando el alquiler mientras no se entregue la vivienda libre.
