La Fiscalía de Orihuela deberá incoar unas diligencias informativas para decidir si presenta una denuncia contra el alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana (Partido Popular) por un supuesto delito de apropiación indebida tras los informes presentados hace varios meses por la Conselleria de Sanidad ante el fiscal jefe de la Comunitat Valenciana. En ellos se asegura que el regidor estuvo seis años (de 2007 a 2013) sin acudir a su puesto de trabajo como asesor de la dirección territorial de la Conselleria de Sanidad, pero cobrando casi 55.000 euros brutos al año del Departamento de Salud, como así lo indicaban varios informes encargados por la propia administración valenciana.
INFORMACIÓN confirmó ayer que existe un decreto de la Fiscalía de Alicante, a quien le derivó la de València el asunto, para dar trámite a la incoación de unas diligencias preliminares que servirán para decidir si se presenta una denuncia ante el juzgado decano de Orihuela o se archivan. El periódico también constató que el fiscal jefe de Alicante ya las ha remitido a Elche, partido judicial al que pertenece Orihuela, y está previsto que ahora se deriven a la Fiscalía de la capital de la Vega Baja al ser la competentes para investigar los hechos. Se desconoce si serán asumida por Anticorrupción.
«Fastidiado, pero tranquilo»
Este diario se puso en contacto ayer con el regidor oriolano quien dijo ser víctima de una «persecución política». «Llevamos año y medio con este asunto utilizándome a mí políticamente y usando con esta historia a los medios y a la Fiscalía, cuando yo cumplí con el trabajo que me encomendaron», señaló. Para Bascuñana la situación conocida ayer de la investigación de la Fiscalía que señala que su actuación pudo ser constitutiva de un presunto delito de apropiación indebida, «es una cortina de humo para tapar asuntos turbios del PSOE como la sentencia de los ERE de Andalucía o el del hermano de Ximo Puig». El regidor, que asegura estar «fastidiado pero tranquilísimo», explicó que «yo soy personal estatutario de la Conselleria de Sanidad, por tanto no me había contratado para hacer una labor expresamente, sino que como personal estatutario mis jefes me dijeron que en vez de hacer un trabajo, hiciera otro y a mí me siguieron pagando mi nómina por hacer el trabajo que me encargaron mis jefes y, si alguien ha fallado, no he sido yo».
El alcalde oriolano considera que ha dado ya todas las explicaciones «tanto a la Conselleria de Sanidad como en un pleno en Orihuela y a la ciudadanía» y critica que no tener información alguna sobre la investigación de la Fiscalía ni tampoco acceso a los informes hechos por Sanidad ni a las diligencias previas informativas que abrió y que, asegura, «pedí por escrito, sin respuesta».
Prescripción
La decisión adoptada por la Fiscalía provincial supone de entrada entender que los hechos no han prescrito penalmente, ya que de lo contrario se hubiera archivado la investigación.
La Conselleria de Sanidad dirigida por la socialista Ana Barceló tomó la decisión de remitir a la Fiscalía de Alicante los informes que había hecho en relación a la investigación abierta hace meses por la alta inspección sanitaria, que concluyó que Bascuñana estuvo cobrando una cantidad abultada como cargo de confianza, pero que no consta que acudiera a su puesto de trabajo en Alicante. No obstante, esta inspección señalaba que el expediente sancionador abierto por la Conselleria de Sanidad no podía seguir adelante ya que los hechos habrían prescrito administrativamente al haber pasado más de seis años desde que se cometieran, por lo que debía ser la Fiscalía la que los investigara para depurar responsabilidades penales, si las hubiera.
Bascuñana, funcionario de carrera como médico de familia, siempre ha negado que cobrara sin trabajar, argumentando que realizó tareas de asesoramiento y que, incluso, pasó consulta en varios centros de salud de la Vega Baja durante esos años para cubrir la baja de otros médicos. Los informes encargados por la Conselleria de Sanidad, hasta tres, concretan que hubo varias prórrogas para su adscripción funcional al centro de salud de Almoradí así como a la dirección territorial de Sanidad desde 2007 a 2014 pero que no había ninguna adscripción funcional inicial, ni descripción de tareas asignadas a esa hipotética adscripción funcional, ni constaba que se cogiera días libres ni vacaciones, solo dos bajas laborales, una del 25 al 29 de febrero de 2013 y otra del 2 al 19 de abril de 2013. La jefa de personal certificó en uno de los informes que los funcionarios no le vieron aparecer por allí ni que tuviera despacho.
El 1 de noviembre de 2007 fue adscrito a la Dirección Territorial de Alicante para realizar tareas de asesoramiento relacionadas con drogas y conductas adictivas, según explicó el propio Emilio Bascuñana. Y en abril de 2013 pasó a coordinar el Centro de Salud de Almoradí. Bascuñana acudió a València a dar sus explicaciones a la conselleria durante el transcurso de la investigación abierta por Sanidad, negando los hechos de los que se le acusaba.
