La situación política del alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana, se complica. La Fiscalía sopesa denunciar a Bascuñana al considerar que pudo cometer un delito de apropiación indebida por haber estado seis años (de 2007 a 2013) sin acudir a su puesto de trabajo como asesor de la dirección territorial de la Conselleria de Sanidad, pero cobrando casi 55.000 euros brutos al año del Departamento de Salud, como así lo indicaban varios informes encargados por la propia conselleria que fueron remitidos al fiscal. Según adelanta eldiario.es, la Fiscalía de Alicante considera que el regidor oriolano pudo cometer apropiación indebida tras evaluar los informes que le fueron remitidos por Sanidad. El decreto del fiscal jefe de la provincia, Jorge Rabasa, según publica ese medio, señala que "tras las diligencias de investigación penal incoadas en esta fiscalía con número 243/18 y con base en el informe emitido por la fiscal instructora, se observa que los hechos que describe efectivamente podrían ser en principio, y sin perjuicio de ulterior valoración, constitutivos de un delito de presunta apropiación indebida de dinero".

No obstante, el fiscal jefe de Alicante ya ha remitido las diligencias a la Fiscalía de Elche, partido judicial al que pertenece Orihuela, al ser ésta la competente para investigar los hechos, y que será quien continúe el procedimiento que podría acabar en una denuncia ante el juzgado para que siga el proceso penal, según ha podido confirmar INFORMACIÓN.ES. De este modo, la Fiscalía no habría considerado que los hechos hubieran prescrito penalmente, ya que de lo contrario hubiera archivado la investigación, y serán ahora los fiscales de Elche los que señalen si consideran que el ahora alcalde de Orihuela cobró casi 55.000 euros públicos sin acudir a su puesto de trabajo, lo que, de ser así, conllevaría una denuncia de la Fiscalía al juzgado de instrucción para que el asunto tuviera un recorrido penal.

La conselleria dirigida por la socialista Ana Barceló tomó la decisión de remitir a la Fiscalía de Alicante los informes que había hecho en relación a la investigación abierta hace meses por la alta inspección sanitaria, que concluyó que Bascuñana estuvo cobrando una cantidad abultada como cargo de confianza, pero que no consta que acudiera a su puesto de trabajo en Alicante. No obstante, esta inspección señalaba que el expediente sancionador abierto por la Conselleria de Sanidad no podía seguir adelante ya que los hechos habrían prescrito administrativamente al haber pasado más de seis años desde que se cometieran, por lo que debía ser la Fiscalía la que los investigara para depurar responsabilidades penales, si las hubiera.

Bascuñana, funcionario de carrera como médico de familia, siempre ha negado que cobrara sin trabajar, argumentando que realizó tareas de asesoramiento y que, incluso, pasó consulta en algún centro de salud de la Vega Baja durante esos años para cubrir la baja de otros médicos. Este turbio asunto finalmente acabó en los juzgados, ya que la conselleria no podía adoptar ningún tipo de sanción administrativa de su extrabajador, aunque los hasta tres informes encargados concluyeran y coincidieran en que cobró de la administración pública sin trabajar. En concreto, señalan que no consta que Emilio Bascuñana acudiera a trabajar como personal adscrito a la dirección territorial de Sanidad en Alicante entre los años 2007 y 2013, coincidiendo, precisamente, con su etapa como presidente provincial de Cruz Roja, puesto que no estaba remunerado.

La intención de la Conselleria de Sanidad era llegar hasta las últimas consecuencias y así lo había señalado Barceló en las diferentes ocasiones en las que fue cuestionada por este asunto. Ana Barceló ya adelantó el pasado mes de febrero a INFORMACIÓN que "efectivamente, este señor no trabajó en ningún centro de salud y estuvo percibiendo su salario del Departamento de Salud y ahora corresponderán a otras instancias intervenir por si hubiera otro tipo de responsabilidades, en este caso penales".

Informes

Los informes encargados por la Conselleria de Sanidad, que se han hecho públicos, concretan que hubo varias prórrogas para su adscripción funcional al centro de salud de Almoradí así como a la dirección territorial de Sanidad desde 2007 a 2014, como así indica el actual gerente del Departamento de Salud de Orihuela, Miguel Fayos. Sin embargo, la dirección territorial expone en sus informes que «no consta en los archivos correspondientes ninguna adscripción funcional inicial, ni descripción de tareas asignadas a esa hipotética adscripción funcional». Tampoco consta que se cogiera días libres ni vacaciones, solo dos bajas laborales, una del 25 al 29 de febrero de 2013 y otra del 2 al 19 de abril de 2013.

Asimismo, la jefa de personal certifica que no aparece ningún documento relativo a esa adscripción de 2007 a 2014 y añade que los funcionarios no le vieron aparecer por allí ni que tuviera despacho. El 1 de noviembre de 2007 fue adscrito a la Dirección Territorial de Alicante para realizar tareas de asesoramiento relacionadas con drogas y conductas adictivas, según explicó el propio Emilio Bascuñana tras destaparse el escándalo. Y en abril de 2013 pasó a coordinar el Centro de Salud de Almoradí. Bascuñana acudió a València a dar sus explicaciones a la conselleria durante el transcurso de la investigación abierta por Sanidad, negando los hechos de los que se le acusaba.

Este asunto fue llevado también por sus detractores dentro del PP a la dirección nacional del partido, antes de que decidiera que fuera él el candidato a la Alcaldía, con la intención de apartarlo de la vida política, algo que finalmente no tuvo mayor recorrido ya que el partido a nivel nacional siempre ha defendido la labor de Emilio Bascuñana, algo que demostró con su confianza para encabezar de nuevo la lista popular por su amistad con el secretario general del PP, el murciano Teodoro García Egea, y tras apoyar a Pablo Casado en las primarias del partido. En los comicios del 26 de mayo la confianza de los electores le pasó factura al PP local que se quedó con nueve ediles, dos menos que en el mandato anterior. Ciudadanos, socio de gobierno del PP en el anterior mandato, puso como línea roja para retirar su apoyo que se demostrara que Bascuñana cobró como funcionario sin acudir a su puesto de trabajo, aunque la formación naranja volvió a pactar con el PP local un gobierno en coalición. Este asunto también llevó a PSOE y Cambiemos a querer presentar una moción de censura en el pasado mandato que no obtuvo el respaldo de Cs, que era necesario.