17 de noviembre de 2019
17.11.2019
San Miguel de Salinas

500 vecinos se manifiestan en contra de la apertura de un velatorio en los bajos de un edificio habitado de San Miguel de Salinas

Los residentes se sienten "víctimas de una guerra comercial en disputa por la cuota de la muerte"

17.11.2019 | 22:34
Imagen de la protesta por las calles de San Miguel de Salinas

La actividad se ha solicitado en los bajos de una calle del centro del casco urbano por una empresa rival de otra que acaba de abrir un tanatorio en el polígono industrial en un municipio de solo 6.000 vecinos que carecía de tanatorio y donde hasta ahora se velaba a los fallecidos a más de diez killómetros, en Torrevieja

Alrededor de quinientos vecinos de San Miguel de Salinas se han manifestado este domingo en contra de la instalación de un velatorio en el casco urbano municipal en los bajos del edificio donde habitan varias familias. Los convocantes explican que esa activad "empeora, de súbito y con gravedad, sus condiciones de vida y la de los edificios de alrededor".

La manifestación ha finalizado en las puertas del Ayuntamiento para demandar a los grupos políticos y, preferentemente, al gobierno municipal (PSOE respaldado por un independiente e Izquierda Unida) que defiendan los intereses de los vecinos y vecinas "frente al lucro privado".

La ubicación de esta instalación mortuoria en ese lugar no estaba prevista en los normas urbanísticas y los vecinos se han enterado de su puesta en marcha con el inicio de las obras en el inmueble. Los convocantes consideran que la del velatorio es "una actividad molesta e insalubre" con el paso constante de personas y vehículos "supondrá un aumento del ruido, molestias y problemas de aparcamiento para el vecindario. Además la manipulación de cadáveres en un edificio compartido por viviendas supondrá el riesgo de contraer enfermedades infecto-contagiosas".

La vocación principal de los usos del suelo es residencial, explican los convocantes, y "no se deben considerar compatibles otros usos del suelo siempre que el tipo de actividades a desarrollar en la manzana, como ésta, chocan de manera frontal con el carácter residencial del mismo". En este sentido, alegan que la tradición cultural de nuestro país así como la del legislador, como corroboran sentencias del Tribunal Supremo, ha sido, siempre, "ubicar las instalaciones mortuorias, como los cementerios, fuera de los núcleos urbanos residenciales".

Además, manifiestan que se sienten "víctimas de una guerra comercial entre dos empresas rivales del sector en disputa por las cuotas del negocio de la muerte, ya que en un municipio, de escasos 6 mil habitantes, esta instalación se sitúa a poco más de un kilómetro de un tanatorio recién inaugurado, que se ubica en el polígono industrial; pero que pertenece a una empresa rival. Recalcan en un comunicado que la "Constitución supedita los intereses económicos a la buena convivencia ciudadana".

Los vecinos afectados y "nuestra asociación de vecinos hacen un llamamiento a la solidaridad y apoyo de todos los vecinos y vecinas del municipio ya que a nadie le gustaría una instalación como ésta en los bajos de su domicilio".

El alcalde Juan de Dios Fresneda (PSOE) ha asegurado que está en contra del velatorio pero que han sido los técnicos los que han validado una tramitación urbanística que se solicitó en el anterior mandato y desde el punto de vista de la gestión no puede revocar una licencia otorgada con los informes favorables. El PP ha respaldado a los vecinos y asegura que la finalización de la tramitación la ha realizado el PSOE y han reiterado, al igual que los socialistas, que se trata de una autorización reglada con el visto bueno de los técnicos. Ni el PP antes de las elecciones de mayo, cuando gobernaba, ni el PSOE, que gestiona ahora el municipio, alertaron a los vecinos de la petición de la empresa. Los residentes solo se enteraron con las obras.

El anterior alcalde y el actual justifican este silencio en el hecho de que se trata de una licencia con declaración responsable -es decir, de menor entidad- y que no exige procedimiento alguno de exposición pública ni pasa por junta de gobierno.

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