En septiembre de 2020, cuando comience el curso escolar 2020-2021, todos los centros de Secundaria, Formación Profesional y Bachiller de la Vega Baja deberán poner en marcha su plan de plurilingüismo con un 25% como mínimo de horas lectivas en valenciano y entre un 15 y un 25% de materias en inglés. En total seis horas semanales en valenciano -sin contar la propia asignatura de este idioma-. Es ya, casi con un año de antelación, un auténtico quebradero de cabeza y fuente de conflicto con los padres para todos los directores que conocen la realidad social y lingüística de la Vega Baja por lo que han comenzado a trabajar en la elaboración del Plan de Plurilingüismo que debe ser aprobado por los consejos escolares en marzo.
Según fuentes consultadas por INFORMACIÓN la práctica totalidad de consejos escolares, y en especial los representantes de los padres, rechazan de plano el desarrollo de esta propuesta, que es una obligación legal para todos los centros -quieran o no-.
Al margen del evidente rechazo social al idioma cooficial de la Comunidad en el Bajo Segura -que no se habla en la Vega Baja a excepción de Guardamar y en la minúscula pedanía oriolana de Barbarroja-también está la forma en la que la Conselleria quiere aplicar la legislación. De golpe, en el curso 2020-20121. En todos los niveles de Secundaria, de Formación Profesional, los de cursos de Bachillerato y Formación de Adultos. La Generalitat plantea el cambio sin resolver paradojas legales como encontrarse a alumnos que han sido exentos en valenciano desde Infantil y no tienen ni nociones básicas de la lengua. Podría darse el caso de alumnos exentos de valenciano que tengan que recibir seis horas de clase en valenciano -de buenas a primeras y por primera vez en su etapa educativa-. La ley de normalización lingüística de 1983 no se ha modificado. Reserva ese derecho a la exención en las zonas castellanohablantes. Sin embargo, la ley aprobada en febrero de 2018 por la que se regula y promueve el plurilingüismo en el sistema educativo no tiene en cuenta el predominio lingüístico de las comarcas donde se van a implantar esas 6 horas como mínimo en todos los municipios. Ley que sustituyó al polémico y derogado decreto de Plurilingüismo.
Lo único que sí ha apuntado la Generalitat es que la exención es un derecho en Infantil y Primaria como lo fue la implantación del plurilingüismo en Infantil y primer ciclo de Primaria en el curso 2018/2019 y en segundo ciclo de Primaria. En este curso también se produce esa situación.
Óscar de Santiago, director del Instituto El Campico de Jacarilla-concertado- explica que si la Conselleria no atiende a la realidad social de la Vega Baja podría darse incluso, sobre todo en el caso de los bachilleres, un fenómeno de migración de alumnos a centros limítrofes en Murcia, en especial en ciudades como Orihuela. Este director y otros de institutos públicos con los que ha consultado INFORMACIÓN -pero que han querido reservar su anonimato- subrayan que no existe por parte de los docentes animadversión hacia el valenciano. En algunos centros del corazón de la Vega Baja se ha incentivado durante años que ningún alumno pida la exención en Secundaria. Sí es mayoritaria en zonas turísticas como Torrevieja y -en todos los centros- en bachiller porque los alumnos evitan la temida prueba de valenciano en la PAU, a la que llegan, si es que se atreven a realizarla, en inferioridad de condiciones con respecto a alumnos de zonas valencianohablantes ante la pasividad de la Generalitat. El otro gran problema de estos planes es que no existen profesores capacitados para impartir las materias en valenciano. Algo que la administración autonómica -que solo está insistiendo en la obligatoriedad de lo que dispone la legislación sobre el valenciano y no en el inglés- asegura que «resolverá cuando se presente». Es una realidad que buena parte del profesorado de la Vega que cuenta con esa habilitación no sabe desenvolverse en valenciano con fluidez.
Los responsables de los centros intentan ser prudentes y conciliadores y «ruegan» que Educación «entienda» esta situación y decidan una moratoria o una puesta marcha gradual si no quieren enfrentarse a un problema serio. «Los directores queremos cumplir la ley, queremos que se enseñe el valenciano pero en la Vega Baja no se puede hacer así, es imposible», resumen.
