La Fiscalía Anticorrupción comenzó ayer la exposición de su informe final del juicio del Brugal, tras casi más de nueve meses de sesiones, defendiendo la legalidad de las intervenciones telefónicas ordenadas por el juzgado de Instrucción de Orihuela, rechazando la petición de aplicar atenuantes por dilaciones indebidas y, sobre todo, tratando de demostrar que el empresario Ángel Fenoll, con la ayuda del entonces alcalde de Orihuela, José Manuel Medina, interfirió en las decisiones políticas del Ayuntamiento de Orihuela para seguir prestando el servicio de limpieza y recogida de basuras, obteniendo así un notable rendimiento económico. «Todo lo que conversan Ferrández -el exedil que habría servido de enlace entre Fenoll y el entonces alcalde- y Medina tiene su reflejo en la realidad. Lo que se habla en esas conversaciones es lo que sucede dos años después», manifestó el fiscal Anticorrupción Pablo Romero, en la defensa de su informe ante la Audiencia de Elche.
Así, puso numerosos ejemplos: «'Lo que te conviene es que el contrato se declare desierto'., y se declaró; 'Vamos a hacer todo lo posible por retrasar la adjudicación'; y se retrasó. Existen múltiples indicios de que lo que se habla se traduce en la realidad». Para Romero, otra de las pruebas de que Medina estaba estrechamente ligado a Fenoll, y trabajó para defender sus intereses, está en la prueba de que el empresario entregó 7 millones de pesetas (42.000 euros) para la defensa del exalcalde y otro exedil en un pleito por un asunto urbanístico. Una entrega de dinero que queda reflejada en un vídeo grabado en el despacho de Fenoll y que los agentes encontraron en el registro de su domicilio. Unas pruebas que las defensan han pedido invalidar, pero que la Fiscalía considera legales, aunque no estén en soporte original porque «no tiene sentido que se manipule para guardarlas y no difundirlas».
El fiscal fue narrando los hechos que se juzgan en orden cronológico. Y empezó con el contrato de basuras de 1992, el «único legal» en el Ayuntamiento, que se prorrogó hasta el año 1996. Aunque las investigaciones parten de 10 años después, «no pueden entenderse este caso si no se parte de esta premisa», señaló Romero.
Disputas del PP
Anticorrupción tampoco entiende este caso sin traer a colación las disputas internas del PP, «sin entrar de lleno en cuestiones políticas» que enfrentaron a los bandos de Medina y MónicaLorente, y que terminaron con esta última como alcaldable, y posterior alcaldesa, con el supuesto apoyo de Fenoll después de que, presuntamente, a Medina dejara de apoyarle. A última hora de la mañana, el alegato del fiscal pasó a celebrarse a puesta cerrada al hacer alusión a ediles ya fallecidos, y la sesión se volvió a abrir una hora después con la exposición del informe hasta 2007, cuando Lorente entra como regidora. La causa se retomará hoy a partir de este punto. La sesión de ayer sirvió para exponer la acusación de delitos de cohecho, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas que atribuye Anticorrupción, en mayor o menos grado a Fenoll, Ferrández, y Medina, y hoy se centrará en Lorente y en el resto de acusados.
Penas que oscilan entre los 9 meses y los 37 años de cárcel
Penas que Los 34 acusados del caso Brugal, que investiga un supuesto amaño en la contrata de basuras de Orihuela, no se enfrentan ni a la misma pena ni a los mismos delitos. De hecho, entre el principal acusado, el empresario Ángel Fenoll y el menor, un familiar de este, hay un abismo. Fenoll se enfrenta a 37 años de cárcel por prevaricación, fraude, cohecho, tráfico de influencias y uso de información privilegiada. Por su parte, la Fiscalía pide para el exalcalde de Orihuela, José Manuel Medina, 12 años por prevaricación, fraude y cohecho. Para la exalcaldesa Mónica Lorente, la pena se rebaja a 8 años, por fraude. El resto de implicados, entre los que figuran excargos públicos y empresarios, se enfrentan a pena que parten desde los nueve meses por fraude a siete años por revelación de secretos y negociaciones prohibidas. En el caso de la acusación particular -el Ayuntamiento de Orihuela-, las penas que se piden corresponden a prácticamente la mitad del Ministerio Público. El caso se destapó hace ya 13 años y la investigación se prolongó cerca de siete. El juicio concluirá a mediados de diciembre y la sentencia se espera a lo largo del próximo año 2020, tras 10 meses de juicio.
