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San Fulgencio

El TSJ exonera a los regantes por los vertidos al río Segura y responsabiliza a la Confederación

El Tribunal Superior de Murcia anula una multa de 3.000 euros que la CHS impuso a entidades de riego y dice que los residuos llegan de aguas arriba

El TSJ exonera a los regantes por los vertidos al río Segura y responsabiliza a la Confederación

Varapalo judicial para la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) de la mano de los regantes tradicionales de la huerta de la Vega Baja. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Murcia (TSJCM) ha dado la razón al Juzgado de Aguas del Azud del Alfeitamí (Almoradí) y Sindicato General de Aguas de San Fulgencio a la hora de considerar que las entidades que gestionan el riego no son responsables de los vertidos de sólidos flotantes en acequias y azarbes. Ambas entidades de riego acudieron al juzgado cuando la CHS inició una campaña sancionadora contra las entidades de riego por la presencia de contaminantes en esos canales que atraviesan toda la margen izquierda del Segura.

La sanción concreta alegada fue impuesta por el organismo de Cuenca el 3 de mayo de 2016. Según recoge la sentencia la CHS interpuso una sanción de 3.000 euros contra el Juzgado Privativo de Aguas Azud del Alfeitamí, y Sindicato General de Aguas de San Fulgencio, por «gran acumulación de residuos sólidos flotantes», en las aguas que confluyen desde el azarbe La Reina al río Segura. El Sindicato General de Aguas de San Fulgencio, «una vez agotada la vía administrativa, interpuso recurso contra esa resolución, que además de la multa, el cese de la actividad contaminante».

Entre otros fundamentos jurídicos la Sala de lo Contencioso del TSJCM, considera que el Sindicato Central de Regentes «no tiene funciones de policía, distribución y administración de las aguas de acuerdo con el artículo 199 del Reglamento de dominio Público Hidráulico». Aunque sí le atribuye la obligación de mantener limpios los cauces, los magistrados dejan claro que los regantes de lo que no son responsables es de los vertidos que se acumulan en ellos desde aguas arriba-y menos los de San Fulgencio, que trabajan la tierra en el último tramo del río y su red de riego. El presidente del Sindicato General de Aguas de San Fulgencio, Antonio Trives García y el letrado de la misma entidad del riego tradicional, José María Ballester Sansano, esta resolución judicial «es de gran importancia para las comunidades de regantes de la Vega Baja tras las reiteradas denuncias interpuestas por la Confederación «unidas a las sanciones de multa de 3.000 euros; hubieran llevado a un estado de quiebra y ruina a las Comunidades de Regantes».

Las mismas fuentes recuerdan que los Juzgados y Sindicatos del riego tradicional «perviven gracias a los impuestos sobre mondas -limpiezas de canales, aunque no de residuos- que sufragan los pequeños agricultores minifundistas, que sufren continuamente, las inclemencias de las sequías, inundaciones, y sobre todo los bajos precios de sus cosechas». Desde mediados de 2018 la CHS ha desistido de multar a los juzgados de Aguas y comunidades de regentes ante las críticas que acción inspectora estaba generando en el sector agrícola.

También desde ese momento la CHS ha estado trabajando con los regantes y la Generalitat para intentar resolver el problema de los contaminantes, que se acumulan por toneladas en el tramo final del cauce viejo del Segura, en Las Pesqueras y Guardamar.

Mientras que la CHS insiste en que los vertidos se producen en los azarbes, los regantes consideran que una parte muy importante entran al sistema de riego desde las tomas -o arrobas del río Segura- y por lo tanto proceden de aguas arriba del Segura. Además, la parte de vertidos que sí se produce en el ámbito del sistema de riego no es responsabilidad de los agricultores. La mayor parte se generan en las viviendas ubicadas junto a los canales. Para atajar el problema la CHS quiere instalar rejillas especiales en el cauce del Segura -y que asuma su limpieza- y que los regantes hagan lo propio en los azarbes y que sean los ayuntamientos los que se encarguen de retirar los residuos acumulados, como administración responsable de eliminar residuos urbanos. Que es, por otra parte, lo que dice la legislación.

Los ecologistas alertan de que el dragado del puerto carece de permiso ambiental

A Ecologistas en Acción y AHSA no les consta informe favorable del Consell para dragar el espacio protegido

Amigos de los Humedales del Sur de Alicante (AHSA) y Ecologistas en Acción han cuestionado la tramitación realizada por el Ayuntamiento como promotor del dragado del puerto en la desembocadura del Segura en Guardamar. Miguel Ángel Pavón (AHSA) y Carlos Arribas (Ecologistas en Acción) consideran que «parece que vuelven a hacerse mal las cosas, sin ninguna información al público del proyecto de dragado de los lodos (no son arenas como dice el Ayuntamiento, son lodos)» y sin ningún proceso de evaluación de impacto ambiental «pese a que se está actuando sobre la zona húmeda catalogada de la desembocadura y frente litoral del Segura», sobre su cuenca de afección y sobre el LIC de las dunas de Guardamar, recuerdan.En 1998, cuando se construyó el Puerto, el dragado realizado afectó a las dunas de Guardamar al verterse sobre ellas los lodos extraídos, un vertido que denunciamos desde Ecologistas en Acción, abriéndose incluso un procedimiento penal que finalmente se archivó. Más de 20 años después de la construcción y dragado del Puerto no pueden repetirse los mismos errores del pasado». El Ayuntamiento va a invertir 300.000 ? en retirar 30.000 toneladas de lodos acumulados por el propio río y la acción de los temporales de levante y que impiden ahora la navegación a flota pesquera, los barcos auxiliares de la industria de granjas marinas y barcos recreativos. El único informe ambiental favorable del que hay constancia es para un dragado de solo 4.500 m3, promovido por el Ministerio de Medio Ambiente en 2017 y que no se realizó.

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