«Nos encontramos al entrar un Consorcio 0,0, cero instalaciones y cero reciclaje, y teníamos una mala imagen y reputación hasta en el extranjero y estábamos judicializados». Con estas palabras inició ayer su última comparecencia ante los medios de comunicación el presidente del Consorcio de Residuos Vega Baja Sostenible, Manuel Pineda (PSOE), que será relevado el próximo 26 de noviembre cuando convoque una junta de gobierno para dejarle el testigo a un alcalde o alcaldesa del Partido Popular al obtener esta formación mejores resultados en las elecciones municipales del pasado mes de mayo en la Vega Baja. Pineda -que compareció junto al vicepresidente de la entidad, el alcalde socialista de Dolores, Joaquín Hernández- recordó que al marcharse deja encauzada una planta de transferencia en Dolores y un organismo «saneado en lo político y en lo económico». La Generalitat ha reservado para 2020 una partida de un millón de euros para la entidad.
Pineda criticó «la acción de bloqueo del PP» durante estos cuatro años en la entidad «cuando hemos trabajado con mucha responsabilidad». «Lo que hay hecho de trabajo nadie lo va a tirar para atrás y seguro que ahora muestran otra cara, quizá no sea tan malo que estén en la presidencia a pesar de habernos metido en el hoyo más profundo, pero estamos nosotros detrás y la Generalitat», señaló Pineda quien aseguró que los socialistas no van a bloquear la acción del PP en el Consorcio «siempre que se hagan las cosas con transparencia». La mejor posicionada para tomar las riendas del Consorcio es la alcaldesa de Bigastro, la popular Teresa Belmonte.
El también alcalde de Rafal reconoció que han sido cuatro años difíciles en los que los márgenes de maniobra eran pequeños para poner en marcha las instalaciones que hacen falta en la Vega Baja, que dijo son dos plantas de transferencia y una de tratamiento, al tener la losa de una sentencia judicial pendiente -la UTE Cespa Ortiz denunció tras serle rescindido el contrato del Plan Zonal de la Vega Baja que se le adjudicó en 2013-. El pasado mes de abril el TSJ dio la razón a la UTE Cespa-Ortiz, investigada en el caso Brugal, para validar su condición de adjudicataria del plan zonal. «En su día el PSOE se opuso a firmar la rescisión porque sabíamos lo que podría pasar, como ha sucedido», señaló. El Consorcio mantiene un recurso de casación ante esa decisión en el Tribunal Supremo que se pronunciará en los próximos meses y cuya «patata caliente» recaerá ya bajo la presidencia de los populares.
El presidente del Consorcio dijo que veía cumplidos sus objetivos de mejora de la imagen, de acciones educativas y divulgativas para fomentar el reciclaje y de «ser transparentes y limpios» tras poner en marcha las bases técnicas para la planta de transferencia y la creación de la red de ecoparques. El vicepresidente del Consorcio se refirió a la planta de transferencia que se va a instalar en Dolores y que ha recibido ya la licencia de obras. «Actualmente se están adecuando los caminos de acceso a la planta», explicó Joaquín Hernández, quien adelantó que está previsto que empiece a funcionar en la primavera de 2020.
