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El Consell habilita otra rotonda en la CV-95 mientras la comarca urge una vía rápida

La glorieta acaba con un punto negro, pero no soluciona la lenta movilidad de conexión entre Orihuela y Torrevieja

El Consell habilita otra rotonda en la CV-95 mientras la comarca urge una vía rápida

La Conselleria de Obras Públicas ha culminado otra de las rotondas previstas en la carretera CV-95 -que une Orihuela y Torrevieja- para mejorar la seguridad vial en una de las vías con mayor siniestralidad de la Vega Baja. La nueva glorieta suprime un peligroso punto negro a la altura de Vistabella en la intersección de acceso este a la localidad de Jacarilla y ya está operativa desde hace unos días. La Generalitat ha invertido 570.000 euros en estas obras que incluye también una nueva vía de servicio para acceder a una gasolinera.

La CV-95 es una de las carreteras más transitadas de la comarca. El tramo donde se ha instalado la nueva rotonda, entre Bigastro y Vistabella, tiene una intensidad de tráfico de más de 9.000 vehículos al día, que aumenta considerablemente en época estival ya que, además de comunicar varias poblaciones de la Vega Baja, es la carretera utilizada por los conductores para acceder a Torrevieja y a Orihuela Costa. La rotonda evita la intersección en «Y» que había hasta ahora sin carriles de espera y que obligaba a los conductores a realizar las maniobras sobre la propia calzada de la CV-95.

El objetivo de la glorieta, además de mejorar la seguridad vial, es disminuir la velocidad de circulación del tráfico, lo que ralentiza, eso sí, aún más los viajes que se realizan por esta vía ya que no es la única rotonda construida. El Consell construyó otra en el acceso a Bigastro (con un coste de 550.000 euros) e invirtió 1,4 millones en una glorieta en San Miguel de Salinas de acceso a la localidad con un nuevo carril de incorporación de vehículos en la entrada a una urbanización junto a la carretera, cuyo proyecto está muy avanzado. Además, está prevista la construcción de una nueva rotonda en el cruce de Los Montesinos, lo que elevará a cinco las glorietas en la CV-95 entre Bigastro y San Miguel de Salinas, en una vía con un carril por sentido. Entre San Miguel de Salinas y el acceso a la N-332 en Torrevieja -donde finaliza esa vía- son hasta siete las glorietas que deben atravesar los conductores. Y entre Orihuela y Bigastro hay otras tres rotondas. En total, un conductor que salga de Orihuela a Torrevieja o viceversa se encontrará con 15 glorietas.

Reivindicación

El Consell optó por la construcción de rotondas para mejorar la CV-95 a falta de la reivindicada vía rápida que una Orihuela con Torrevieja, eliminando varios cruces que se habían convertido en puntos negros con muchos accidentes. Sin embargo, las continuas glorietas, si bien mejoran la seguridad vial, ralentizan el tráfico y los sufridos conductores tardan unos 45 minutos, en el mejor de los casos, en recorrer los 35 kilómetros que separan Orihuela de Torrevieja, las dos ciudades con mayor población de la Vega Baja y que tienen una pésima comunicación a pesar de su alta densidad de población y la movilidad existente entre ambas localidades. La Generalitat, de hecho, llegó a consignar 50.000 euros en los presupuestos de este año para realizar un estudio de viabilidad de la duplicación de la CV-95 entre Orihuela y San Miguel de Salinas, algo que se reivindica desde hace 30 años.

El borrador del Plan de Acción Territorial especifica que el eje entre Torrevieja y Orihuela es el que registra mayor movilidad de vehículos diarios en la Vega Baja con entre 35.000 y 50.000 viajes diarios, la mayoría desde la CV-95, y la autovía a través de la CV-90, y, en menor medida, por la CV-91. La solución para muchos es esa vía rápida.

El proyecto para convertir la CV-95 en una autovía que vertebrara la Vega Baja desde el interior a la costa fue un fiasco. El PP, entonces en el gobierno de la Generalitat, adjudicó en 2007 a una UTE la construcción del proyecto que en gran parte discurría por ese trazado, aunque ocupaba otras zonas. El Tribunal Superior de Justicia lo tumbó por carecer de evaluación de impacto ambiental tras el procedimiento abierto por los propietarios del suelo a los que afectaban los trabajos. La crisis económica terminó por rematar la adjudicación por 95 millones de euros y una concesión por 30 años que pretendía financiarse con el «peaje en sombra»: la Generalitat pagaría a la concesionaria en función del cálculo de paso de vehículos.

El TSJ, además, condenó a la Generalitat en 2017 a pagar 9,5 millones de euros a la unión de empresas formada por Construcciones y Estudios, Luis Batalla, Rover Alcisa, y Torrescámara en concepto de indemnización por la rescisión en julio de 2012 del contrato para construir la autovía CV-95 por parte de la Conselleria de Infraestructuras, entonces dirigida por la popular Isabel Bonig, actual presidenta del PPCV, quien anuló el proyecto tras no alcanzar un acuerdo con las empresas sobre la indemnización.

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