El Ayuntamiento de Torrevieja encargó material de obra entre 2014 y 2015 y a través de mensajería de WhatsApp y llamadas de móvil a una empresa de la construcción local para ser utilizado por una escuela taller en el proyecto de un parque. El montante fue de 65.898 euros sin que mediara procedimiento administrativo. Cinco años después de estos hechos, la mercantil ha tenido que recurrir al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para intentar cobrar después de que el juzgado haya desestimado en primera instancia la demanda. Ni el Ayuntamiento, entonces y ahora encabezado por Eduardo Dolón, se ha querido pronunciar sobre estos hechos, como tampoco la concejala Sandra Sánchez, quien entonces era una de la responsables de dicho taller y en la actualidad dirige el área de Obras y Servicios.
El proyecto era la construcción del parque del Jardín del Chaparral, en la urbanización San Luis, y el Ayuntamiento lo promovió a través de ayudas del Consell para la formación de parados. Fue el taller de empleo Mediterráneo VIII.
En junio de 2015, con la llegada de José Manuel Dolón (Los Verdes) a la Alcaldía. el nuevo gobierno paralizó la obra y denunció los hechos en el juzgado por supuesta malversación y prevaricación, al entender que se había solicitado, sin ningún tipo de procedimiento administrativo de contratación, material por un total de 180.000 euros. Las obras se paralizaron entonces y el recinto fue vallado.
Los «pedidos», siempre según la demanda, los realizó Sandra Sánchez en su condición de profesora de la especialidad de Pavimentador, a «través de dos whatsApps», remitidos a un comercial de la empresa. De ellos la firma aporta copia y añade que también se hicieron llamadas telefónicas.
Otras empresas, además de la demandante, que suministraron material también presentaron sus facturas y fueron igualmente devueltas por el Consistorio. Dichas mercantiles reclamaron la deuda por la vía contencioso y algunas vieron reconocido el montante con el criterio de que el suministro se había prestado y no se podía permitir un enriquecimiento injusto del Ayuntamiento al margen de que no existiera contrato. En el caso de la demanda de esta empresa, una de las principales firmas de construcción de la ciudad, la reclamación, a cuyo contenido ha tenido acceso este diario, fue denegada bajo el argumento de que las empresas son conocedoras de que la relación contractual entre los ayuntamientos con sus proveedores está sometida a los procedimientos de la ley de Contratos del sector público y en este caso esa vinculación no existía. El asunto ahora está en el TSJ.
Alto grado de autonomía
La empresa reconoce en la demanda la inexistencia de contrato pero matiza «que en ningún momento el Ayuntamiento le negó el suministro», que actuó de buena fe y en la «creencia y apariencia de legalidad», e insiste en que ha acreditado la entrega del material e incluso dónde llegó a instalarse en «suelo de dominio público».
El demandante destaca que el propio director del taller reconoce que las empresas prestaron los suministros y servicios «sin contrato alguno» pero con el visto bueno y autorización de la entonces y ahora concejal de Parques y Jardines y Contratación, Carmen Gómez. El mismo director del taller advirtió que todos los trabajos, que debían estar terminados a las puertas de las municipales de 2015, se estaban realizando sin proyecto previo, «pese a sus dimensiones amplias y trabajos variados y complejos (...) solo se dispone de un proyecto para la aprobación (y obtención) de las subvenciones». Al final éste se aprobó el 2 de junio de 2015, cuando buena parte de las obras y los pedidos de material ya se habían realizado y suministrado meses atrás.
Por su parte, el funcionario responsable de la ADL local y de parte de la tramitación de dicho taller alegó a la hora de informar a la Intervención municipal que los talleres de empleo son programas «con un elevado grado de autonomía al contar con su propio equipo gestor, amén de todo el cuerpo de docentes», dando a entender que eran responsables de sus decisiones.
Al margen de las demandas de estas empresas un juzgado de Torrevieja instruye a su vez la investigación penal impulsada por el anterior gobierno por la gestión de este taller y las obras en él realizadas, procedimiento que fue archivado pero ahora la Audiencia ha ordenado reabrir.
