El juzgado de Instrucción 2 de Torrevieja investiga si el comisario principal de la Policía Local, Vicente Gutiérrez Sola, cometió un supuesto delito de desobediencia al no adoptar medidas cautelares contra dos agentes de su plantilla que estuvieron tres meses en prisión preventiva. En concreto por qué ambos agentes, en libertad con cargos en estos momentos a la espera de juicio, cobraron su sueldo íntegro pese a las resoluciones del entonces alcalde, José Manuel Dolón (Los Verdes) y la junta de gobierno para que se adoptaran esas medidas cautelares desde su ingreso en prisión en octubre de 2017 con la suspensión de la nómina -que se reintegraría en caso de ser absueltos-.
La magistrada Juana López Hoyos ha llamado a declarar en calidad de investigado al principal jefe de la Policía Local de Torrevieja, el Comisario Vicente Gutiérrez, además de citar como testigos al exalcalde José Manuel Dolón, al director general de la Policía Local, Javier Mínguez, al jefe de Personal y a la tesorera municipal para intentar esclarecer los hechos. Gutiérrez, al que este medio intentó ayer localizar sin éxito, fue nombrado instructor del expediente disciplinario por parte de José Manuel Dolón (Los Verdes) a las dos semanas de producirse la detención e ingreso en prisión provisional de los dos agentes de la Policía Local. Fueron arrestados en el marco de una operación de la Guardia Civil que investigaba supuestas extorsiones por parte de los agentes y otras personas ajenas a la Policía a empresarios, a cambio de no adoptar medidas de clausura contra establecimientos de hostelería o comercios.
Según la denuncia, los sindicatos preguntaron al director general de la Policía Local -ahora destinado a otras áreas municipales- en un consejo de la Policía Local si se habían adoptado medidas cautelares contra los agentes. Mínguez respondió que el Comisario «se pronunció en contra» de esas medidas y que «no se le había detraído ni un solo euro a ningún funcionario, ni siquiera durante todo el tiempo que han estado en prisión provisional».
En ese mismo Consejo de Policía se informó de la apertura de expediente disciplinario contra ambos policías locales que habían estado en prisión provisional. Un expediente que quedó en suspenso mientras no se resuelva si existen responsabilidades penales, algo habitual en estos casos.
Régimen disciplinario
Los denunciantes sostienen que según la Ley Orgánica del Régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía - que también se aplicaba a las policías locales cuando ocurrieron los hechos-, en su articulo 33, sobre medidas cautelares indica que «si los hechos que motivan el expediente disciplinario dan lugar también a un procedimiento penal, la suspensión provisional se mantendrá durante todo el tiempo a que se extienda la prisión provisional u otras medidas decretadas por el juez que determinen la imposibilidad de desempeñar su puesto de trabajo». El jefe tampoco consideró la situación de los agentes, que no podían acudir a trabajar, en una condición de incapacidad temporal, algo que hubiera supuesto una merma de su sueldo al menos los primeros 21 días.La titular del juzgado de Instrucción 2 ha decidido iniciar las diligencias después de una resolución del fiscal jefe de Alicante en la que indicaba que podrían derivarse indicios de la comisión de un delito en la gestión de este asunto por parte del jefe policial. La denuncia llegó al Ministerio Público a través de dos agentes de la Policía representantes sindicales de Comisiones Obreras. En la providencia del pasado mes de septiembre en la que la jueza señala las comparecencias del investigado y los testigos, la jueza también solicita al Ministerio Fiscal si considera que el procedimiento debería considerarse causa compleja. O lo que es lo mismo, si las diligencias de investigación requieren más de seis meses de plazo.
El equipo de gobierno conoce el procedimiento judicial dado que la jueza ha reclamado la copia de las nóminas de los agentes y el coste para las arcas municipales de la defensa legal de ambos policías. Los denunciantes, por su parte, han reclamado que se aporte el informe en el que supuestamente el Comisario negaba las medidas cautelares. Las comparecencias en el Palacio de Justicia del investigado y los testigos están previstas para esta misma semana.
