Un particular tiene inscritos a su nombre unos 40.000 metros cuadrados de suelo calificado como de zona verde en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Torrevieja, según denunció públicamente en el último pleno ordinario el portavoz del PSOE, Andrés Navarro. La parcela forma parte del plan parcial con el que se desarrollaron las urbanizaciones de La Torreta.

Navarro explicó en la sesión plenaria que La Torreta se aprobó hace 40 años -se levantaron miles de apartamentos turísticos, que ahora arrastran carencias graves de servicios e infraestructuras básicas-. A lo largo de décadas y desde 1979 la ubicación de las zonas verdes sin ejecutar han ido bailando y «disminuyendo su superficie», según el portavoz socialista. Y en el peor de los casos, como el que señaló públicamente Navarro, se las han apropiado particulares.

En el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1986 -el que rubricó el propio Navarro como técnico redactor- se legalizaron las ubicaciones «definitivas» pero «no se ha preocupado ninguna Corporación en «legalizar su titularidad» pública y a favor del Ayuntamiento.

Eso pese a que los promotores -por cumplir en algo la legalidad urbanística- ofrecieron esos terrenos en cesión gratuita al Ayuntamiento «que no culminó» el trámite. Al PSOE «le consta un documento de cesión notarial ante el notario Perepérez» que sin embargo no se elevó al registro de la propiedad a favor del municipio. «Creo», señaló Navarro en el pleno «tampoco figura inscrito en el registro de bienes municipales».

«En esta situación, y me figuro que usando la vía de la usucapión, desviaron la titularidad, apropiándosela un particular, situación que sigue a día de hoy», siempre según Navarro. El portavoz socialista, que como arquitecto funcionario municipal ejerció de jefe de Urbanismo en el Ayuntamiento durante una década, preguntó al alcalde Eduardo Dolón (PP) si tiene previsto el Ayuntamiento realizar alguna gestión para recuperar la propiedad de forma gratuita. El primer edil, que ha asumido en este mandato la delegación de Urbanismo, se limitó a indicar que consultaría un caso del que, por su respuesta, no parecía conocer en profundidad.

La finca está ubicada en un triángulo comprendido entre la vía verde, la calle Hermanos Quintero y el vial que conecta La Torreta Florida y Torrealmendros -una urbanización construida también en parte sobre suelos de zona verde y legalizada con posterioridad-.

La mayor parte de las zonas verdes de La Torreta -incluso las ejecutadas de cualquier manera- carecen de recepción formal por parte del municipio, por lo que tampoco el Ayuntamiento se encarga de su mantenimiento, más allá de intervenciones puntuales por presiones vecinales.

Toda parcela cuenta con un murete y vallado perimetral cerrado al público, bien conservado y puerta con domicilio postal. En los mapas de homologación de la legislación urbanística realizados por el Ayuntamiento en el año 2016 aparece toda la finca como zona verde.

Catastro

Sin embargo, en el catastro esos 40.000 metros se dividen en dos parcelas. Una, de 9.000, donde están las edificaciones privadas, calificadas -por el catastro, no por la normativa urbanística- como de uso deportivo y de ocio. Con una construcción de unos 400 metros cuadrados, que albergó un restaurante. Además de una piscina olímpica y pistas deportivas, que ocupan unos 800 metros y en muy mal estado. El resto del suelo está tomado por vegetación y sus datos no aparecen en la información pública del catastro.

El área de Patrimonio del Ayuntamiento realizó en el año 2014 una revisión del inventario de bienes municipales donde afloró la ocupación de miles de metros públicos por parte de un colegio concertado y una gran zona verde que se usaba como aparcamiento privado junto a la N-332. Suelos que se recuperaron para el uso público.

Un saladar inundable y protegido de la laguna es la parcela para colegios

El Ayuntamiento aceptó 60.000 metros de cesión de suelo de equipamiento en suelo que ahora está afectada por Costas

Era un principio básico para cualquier promotor que quisiera dar el pelotazo en el litoral de la Vega Baja a finales de los ochenta -y todavía hasta principios de los 2000-: los peores suelos, los que más dificultades de construcción y menos perspectivas de comercialización tuvieran... eran los que el municipio debía aceptar como compensación obligatoria para el uso público. Y La Torreta III es el paradigma de ese concepto de negocio inmobiliario. El promotor de esa urbanización cedió 60.000 metros cuadrados de uso dotacional docente al Ayuntamiento. Y no sirven para nada. Están ubicados en pleno saladar de la laguna, en Punta La Víbora. Y a lo largo de los años sobre este espacio público, por motivos sobrados, han recaído distintas figuras de protección que ahora hacen imposible cualquier uso público por parte del Ayuntamiento que no sea la protección del valioso saladar en el parque natural e una zona afectada dominio público marítimo terrestre de Costas, que ratificó el deslinde en 2011.

De forma periódica este suelo dotacional se inunda por lluvias torrenciales, además de drenar con facilidad agua salada. Todavía así en uno de los extremos de la parcela el Ayuntamiento comenzó a levantar el balneario de lodos. Ahora una ruina arquitectónica ejemplo de lo que no se debe hacer con el dinero público. Mientras tanto el promotor vendió miles de viviendas con unos servicios básicos que 40 años después reclaman los vecinos por la vía judicial.