Las comunidades de regantes de la Vega Baja pertenecientes a la huerta tradicional acudieron ayer a la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Alicante, adscrita a los Juzgados de Orihuela, para solicitar la apertura de diligencias de investigación a la actual directiva de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), presidida por Mario Urrea, y a la que dejó el cargo en 2018, por los estragos de la gota fría de septiembre. La finalidad de las diligencias solicitadas es depurar las responsabilidades tanto penales como civiles que se hayan podido derivar de este episodio de DANA que ha ocasionado la pérdida de seis personas -tres de ellas en la Vega Baja- e ingentes daños materiales. Los regantes consideran que la CHS ha podido incurrir en los posibles delitos de imprudencia temeraria con resultado de muerte y estragos. «No podemos olvidar que ha habido seis fallecimientos, tres en la Vega Baja, y la comarca ha sido totalmente arrasada por decisiones o por omisiones de los responsables actuales y pasados de la CHS», señaló a la entrada de los juzgados el secretario del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela, Miguel Pedro Mazón.
La denuncia presentada ayer se dirige contra la actual cúpula directiva de la CHS (su presidente, comisario, comisario adjunto, director técnico, jefe de la oficina de planificación, jefe de la sección de regadío y la secretaría general que lleva la intervención de cuentas), así como contra los mismos cargos que desempeñaban su labor en la CHS hasta 2018, entonces presidida por Miguel Ángel Ródenas. Los regantes señalan que hay una serie de proyectos y de obras pendientes que, de haberse ejecutado, hubieran contribuido a paliar el desastre que se produjo por el desbordamiento del río y las riadas.
Las comunidades de regantes de la Vega Baja no descartan ampliar la denuncia al director General del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica «porque nos consta que existen expedientes paralizados desde 2018 para obras de mantenimiento y mejora del río Segura desde la contraparada hasta la desembocadura en Guardamar que ni siquiera han salido a licitación». En el escrito solicitan que las distintas administraciones faciliten una serie de certificaciones y, en función de las mismas y de las interpelaciones parlamentarias que se presentaron ayer por parte de diversos grupos en el Congreso de los Diputados, ampliarán la denuncia.
El escrito en el que solicitan la apertura de diligencias al fiscal, los regantes señalan una serie de hechos y de omisiones que, a su criterio, han agravado la catástrofe por la gota fría. En concreto, hacen hincapié en que «el mayor daño en la Vega Baja, y especialmente en Orihuela y los pueblos de alrededor, ha sido la rambla de Abanilla sobre la que existen tres proyectos, todos con evaluación de impacto ambiental y presupuestados en 2,7 millones, que no se han ejecutado porque la única solución que preveían para ese encauzamiento era desembocar todas las aguas en la pedanía de La Campaneta con lo cual hubiera habido unas afecciones importantísimas a Molins, Bigastro y Jacarilla», explicó Mazón. El primero de ellos se redactó en 1996 como consecuencia de la riada de 1987 y desde entonces «no han encontrado una solución técnica para la rambla de Abanilla», que ni siquiera está delimitada, como informó ayer este diario. «No saben cuáles son los límites de esa rambla y se han estado consintiendo plantaciones de arbolado sobre la misma», criticó.
Evacuación
También detallan que la CHS consintió que la vía rápida que conecta Orihuela con la autovía se hiciera en talud, a pesar de que pasaba la rambla de Abanilla, en lugar de haberla hecho con pilastra que, según aseguraron los regantes, hubiera permitido una rápida evacuación de las aguas. «Al hacerla en talud, ha desviado el curso natural de la rambla lo que ha provocado que la afección en esa zona sea mucho más importante», explicaron los regantes.
La falta de limpieza del cauce y de mantenimiento de las motas del río, a pesar de las advertencias y escritos del Juzgado de Aguas de Orihuela para que se llevaran a cabo -la última solo unos días antes de la última gota fría- son también argumentos para pedir responsabilidades a los gestores de la CHS. «Si el río hubiera estado limpio el 50 o 60% de las consecuencias del desastre no se hubieran producido, porque la naturaleza ha tenido parte de la culpa pero también el abandono total del Segura», denunció Pedro Mompeán, juez de Aguas de Orihuela. «El agua no andaba normal por el río por las bardomeras, eso no puede volver a ocurrir», dijo.
Las excusas de la CHS para no limpiar ni mantener el río
El escrito presentado ante la Fiscalía por las comunidades de regantes detalla las respuestas dadas por el organismo de cuenca, desde hace años, al pedirle que lleve a cabo la limpieza y mantenimiento del río. Las excusas son variadas. En 2016, el entonces comisario de aguas deniega la petición de los regantes oriolanos porque «no existe en este momento disponibilidad presupuestaria». Otra de las respuestas para no limpiar las cañas se escuda en que «la bardomera es un elemento característico de los ríos por lo que un corte indiscriminado y constante es medioambientalmente inasumible» o que «no existe una norma de derecho positivo que atribuya al Estado el servicio público de eliminar de los cauces de los ríos elementos naturales que pudieran entorpecer las tomas de agua».
