Las comunidades de regantes de la Vega Baja pertenecientes a la huerta tradicional acudieron ayer a la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Alicante, adscrita a los Juzgados de Orihuela, para solicitar la apertura de diligencias de investigación a la actual directiva de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), presidida por Mario Urrea, y a la que dejó el cargo en 2018, por los estragos de la gota fría de septiembre. La finalidad de las diligencias solicitadas es depurar las responsabilidades, tanto penales, como civiles, que se hayan podido derivar de este episodio que ha ocasionado la pérdida de seis personas -tres de ellas en la Vega Baja- e ingentes daños materiales. Los regantes consideran que la CHS ha podido incurrir en los posibles delitos de imprudencia temeraria con resultado de muerte y estragos. "No podemos olvidar que ha habido seis fallecimientos, tres en la Vega Baja, y la comarca ha sido totalmente arrasada por decisiones o por omisiones de los responsables actuales y pasados de la CHS", ha señalado a la entrada de los juzgados el secretario del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela, Pedro Miguel Mazón.

La denuncia presentada hoy se dirige contra la actual cúpula directiva de la CHS (su presidente, comisario, comisario adjunto, director técnico, jefe de la oficina de planificación, jefe de la sección de regadío y la secretaría general que lleva la intervención de cuentas), así como contra los mismos cargos que desempeñaban su labor en la CHS hasta 2018, entonces presidida por Miguel Ángel Ródenas.

La finalidad de las diligencias solicitadas ante la fiscalía de la Audiencia Provincial, según ha explicado Mazón, no es otro que "depurar las responsabilidades tanto penales como civiles que se hayan podido derivar de este episodio de gota fría. "Al parecer", ha continuado sobre la CHS, "tiene retenidos diversos proyectos paralizados desde 2018, precisamente de obras de mantenimiento y mejora del río Segura hasta la desembocadura en Guardamar, que ni siquiera ha licitado y que, de haberse materializado, hubieran contribuido a paliar las consecuencias de la riada sufrida en la comarca".

Mazón ha señalado que el escrito recoge también la solicitud a las administraciones para que "nos faciliten una serie de certificaciones y, en función de las contestaciones y de las interpelaciones parlamentarias que han presentado este jueves diversos grupos políticos en el Congreso, ampliaremos la petición a los cargos que resulten responsables". El secretario del Juzgado de Aguas, órgano que representa a la huerta tradicional, ha hecho hincapié en que "el mayor daño en la Vega Baja y, especialmente Orihuela y los pueblos de alrededor, lo ha hecho la rambla de Abanilla".

"Existen tres proyectos, todos con evaluación de impacto ambiental, presupuestados en 22,7 millones de euros que no se han ejecutado", ha protestado antes de proseguir que el primero de ellos se redactó como consecuencia de la riada de 1987 en el año 1996, pese a que "tampoco recoge una solución técnica para la rambla de Abanilla", ha indicado el secretario del Juzgado de Aguas. "Hoy la sorpresa es que la rambla tampoco está delimitada, no saben cuáles son sus límites y se ha estado consintiendo plantaciones de arbolados sobre esa misma rambla", ha dicho Mazón, quien ha recordado que también "se consintió que la vía rápida que conecta Orihuela con la autopista se hiciera en talud en lugar de haberlo hecho con pilastra, lo que hubiera permitido una rápida evacuación de las agua".