El Ayuntamiento confirmó ayer lo que desde finales de junio era lo más probable: la tramitación administrativa de la contrata de recogida de residuos, limpieza viaria y de las playas de Torrevieja debe volver prácticamente a la casilla de salida. Los técnicos deben reelaborar una parte sustancial de los pliegos técnicos y económicos. Lo harán atendiendo a la resolución de tres recursos del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales presentados contra el procedimiento al que ahora se le da carpetazo y cuando ya se habían presentado ofertas.
La decisión la anunció ayer la edil del área Carmen Gómez (PP). Y fue validada a continuación por la junta de gobierno que asumió las resoluciones. Como anticipó INFORMACIÓN el 21 de junio el primer recurso de Comisiones Obreras suspendió el procedimiento -dejó que las empresas presentaran las plicas pero sin que se valoraran-. Estaba pendiente el presentado por Acciona, que es la empresa que ingresa de las arcas municipales 18 millones de euros anuales por realizar el servicio desde 2004, sin contrato desde junio de 2016 -más el «extra» mensual de 117.000 euros por el plan de choque de limpieza, también sin mediar expediente de contratación, desde el pasado mes de julio-. Este recurso también ha sido aceptado ahora.
Los técnicos deben incorporar las modificaciones planteadas, que se centran en la actualización de los datos de puestos de trabajo y retribuciones del actual personal contratado para el servicio.
El TACRC asume el criterio del sindicato en el sentido de que las ofertas económicas no podían ser realistas si las empresas no contaban con datos fiables como las categorías, retribuciones y antigüedad de una plantilla de 200 trabajadores.
Nulas
La edil dijo que «ha sucedido lo que ya advirtió el PP cuando conoció el pliego de condiciones». El TACRC declara nulas la cláusula 3 del pliego administrativo -por no contener el desglose del presupuesto base de la licitación en costes directos e indirectos y otros eventuales gastos-, el anexo I del pliego técnico (en la citada determinación de los costes salariales y obligaciones laborales que afectan a los trabajadores). También advierte que los criterios «de naturaleza social no se consideran admisibles», salvo que «se configuren de forma que cumplan el requisito exigido para ser admitidos como criterio de adjudicación. Declara nulo el sub-apartado 3.3 que hace referencia al Ecoparque -la concejal no explicó el motivo-.
La edil popular calificó como «despropósito» los pliegos validados por el anterior gobierno -lo realizaron los mismos técnicos que los van a elaborar ahora- «porque ha puesto de manifiesto el fracaso de José Manuel Dolón como alcalde y concejal de Aseo Urbano, que tardó tres años en licitar este contrato, tan importante y necesario para nuestra ciudad». Gómez Candel dijo que «hay que ver el lado bueno de este desaguisado, ahora a la mayor celeridad posible se va a realizar un nuevo pliego, que esté publicado cuanto antes, adaptándose a las necesidades reales de Torrevieja». La edil no quiso aventurar una fecha para validar los pliegos y volver a licitar. Por mucha celeridad con la que el departamento de Contratación y Aseo Urbano trabajen para reelaborar los pliegos, será complicado que Torrevieja cuente con un nuevo servicio antes de iniciarse el año 2020. Los cambios en el documento deben ser fiscalizados por el área de Intervención. Las plicas presentadas para el procedimiento que se ha descartado, y cuya elaboración tiene coste económico para las empresas del sector, serán devueltas a las mercantiles.
Desfase tecnológico
La empresa Acciona no presentó oferta al concurso que se acaba de retrotraer a su inicio. Con lo que tiene la posibilidad -una vez admitido su recurso- de concursar al que se licite ahora. El actual servicio arrastra graves deficiencias desde el punto de vista tecnológico: camiones, maquinaria, contenedores y otros recursos materiales están desfasados desde que se concibió en 2004. Mucha zonas no reciben limpieza periódica, en especial de baldeo de calles, porque no aparecen en los pliegos. Y la prestación tampoco está actualizada a los cambios de recogida selectiva.
Arrastra también la losa de haber sido adjudicado a través de un procedimiento fraudulento, según resolvió el TSJCV en 2012. Ese tribunal condenó a tres años de cárcel al alcalde Pedro Hernández Mateo por un delito de falsedad documental por beneficiar a esta empresa para adjudicarle el servicio multimillonario. La sentencia no contemplaba la nulidad del acto administrativo que permitió la contratación amañanda. La mercantil siguió prestando el servicio.
