Anulado y vuelta a empezar. Todo el procedimiento de adjudicación de la contrata de recogida de residuos y limpieza viaria y playas de Torrevieja debe volver a la casilla de salida. Con una nueva de redacción -o al menos modificaciones sustanciales- en el pliego de condiciones. Así lo refleja una resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales que asume buena parte de una alegación presentada por Comisiones Obreras. Este organismo especial que decide sobre los expedientes de contratación pública considera que el sindicato tiene razón a la hora de advertir que en los pliegos elaborados por los servicios técnicos municipales -que emplearon dos años en ese cometido- deberían contemplar de una forma mucho más descriptiva el número total de empleados del servicio actual, con sus datos específicos y retribuciones. Para garantizar jurídicamente que la futura empresa adjudicataria mantenga tanto puestos de trabajo actuales como número de plazas total -en torno a doscientas fijas- y condiciones de salariales de cada uno de los trabajadores de la plantilla.
Como avanzó INFORMACIÓN, este tribunal ya había paralizado el procedimiento como medida cautelar para estudiar este y otros dos recursos -de Acciona, que realiza el servicio, y Limasa-. Asumir el recurso de la Federación de Construcción y Servicios de Comisiones Obreras del País Valenciano hace inviable baremar las plicas que fueron presentadas por las empresas interesadas antes de finalizar el mes de junio.
Lo que anula la resolución es el anexo en el que los pliegos deben incorporar los datos de la plantilla porque las ofertas económicas no se ajustarían a la realidad sin esa previsión. «Los datos que se facilitan sobre los trabajadores afectados por la subrogación están desactualizados y son insuficientes para permitir una exacta evaluación de los costes laborales que implicará la subrogación», explica la resolución. Algo que el propio departamento municipal de Contratación reconoce en su respuesta a este organismo al indicar que ha solicitado esa información a la empresa Acciona. En los pliegos no aparece ni el convenio colectivo de aplicación para la plantilla, ni los detalles de la categoría, tipo de contrato, jornada, fecha de antigüedad, vencimiento del contrato o el salario bruto anual del trabajador. Tampoco los pactos aplicables a cada trabajador, actualizados al momento de la licitación. El Ayuntamiento lleva trabajando en sacar adelante el concurso tres años. El anterior alcalde José Manuel Dolón (Los Verdes), en campaña electoral, anunció la licitación del polémico y multimillonario servicio -la licitación se publicó en la Plataforma de Contratación del Sector Público el día después de las elecciones municipales.
El anterior gobierno de izquierdas, que gestionaba el Ayuntamiento en minoría, fracasó a finales de 2016 en su intento de municipalizar el servicio por el voto en contra de Cs y el PP. Entonces José Manuel Dolón ordenó la redacción de los nuevos pliegos, que ahora, de nuevo, se han anulado en parte. El procedimiento se va a retrasar más incluso porque el mismo tribunal está estudiando los recursos de las empresas y los cambios en el pliego reconocidos por este tribunal a CC OO no pueden aplicarse hasta conocer si hay que incorporar otros sugeridos en esos recursos.
Más retrasos
¿Qué supone esta decisión para los vecinos de Torrevieja que pagan sus impuestos para recibir un servicio en condiciones? Prolongar la actual prestación en precario durante más tiempo. El servicio lo realiza la multinacional Acciona sin mediar contrato desde junio de 2016. La empresa se adjudicó el servicio en 2004 por diez años con dos prórrogas de un año. Adjudicación que le costó una pena de tres años de cárcel al exalcalde Pedro Hernández Mateo (PP) por los delitos de falsedad documental y prevaricación: según una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad el exprimer edil amañó el procedimiento administrativo en favor de Acciona. El fallo no incluyó la anulación del acto administrativo de adjudicación contrata porque no figuraba entre las peticiones de la acusación pública ni la particular. Desde entonces la firma ha recibido más de 180 millones de euros de dinero público a cambio de su prestación.
El Ayuntamiento invierte anualmente 15 millones de euros en la limpieza viaria y de playas, recogida y transporte de basuras, el principal contrato en su presupuesto de gastos. Otro millón más al año se dedica al canon de eliminación en vertederos. A esa factura hay que sumar 117.000 euros mensuales de un plan de choque iniciado por el actual gobierno del PP en julio para intentar mejorar el servicio. Ni la alegación ligada al PP y presentada por uno de sus exediles, ni la anunciada por UGT aparecen en el listado de recursos admitidos a trámite.
Acciona no presentó oferta para seguir pero sí ha recurrido el procedimiento
Actúa, Urbaser o una UTE de Fomento y OHL, figuran entre las firmas que presentaron plicas al concurso suspendido
Varias empresas del sector de la recogida de basuras presentaron plicas para hacerse con el contrato antes de finalizar el plazo de a finales de junio pasado. Lo hicieron a sabiendas de que ya existían medidas cautelares sobre el procedimiento que impedirían temporalmente que se abrieran y analizaran las ofertas, y que era probable que el todo el procedimiento se anulara, como así ha sido. Entre ellas figura una UTE de Fomento con OHL, además de Urbaser.
También Actúa, una mercantil proveedora tradicional del Ayuntamiento en el ámbito de la gestión de parques y jardines -heredera de la antigua La Generala-. Las plicas se devolverán a los ofertantes de origen o se destruirán. Paradójicamente la empresa que realiza el servicio actualmente, Acciona, una de las principales empresas del sector, no presentó plica a uno de los concursos más importantes de la Comunidad Valenciana, en el que está en juego una inversión pública de más de ochenta millones de euros.
Pero sí un recurso contra ese mismo procedimiento. El Tribunal de Recursos Contractuales debe determinar si está legitimado para ejercer como recurrente.
