El edificio del antiguo IES Vega Baja sobre diez mil metros cuadrados permanece en pie, once años después de su cierre, como testigo de la incapacidad de la administración local y autonómica darle un uso o derribarlo. El edificio se inauguró como centro de secundaria en 1986 y fue clausurado en 2008, para trasladar a los alumnos a un instituto de nueva planta con mayor capacidad.
A mediados de 2013, el entonces alcalde popular Javier Peréz aseguró a la Generalitat que iba a declarar el estado de ruina del inmueble y derribarlo en 15 días si no obtenía respuesta, y que después endosaría la factura -que cifró en solo cien mil euros- a la administración autonómica. No hizo nada de lo que anunció.
Tampoco la Generalitat, que fue la que gestionó el inmueble durante tres décadas, se dio por aludida. En septiembre de 2017, el equipo de gobierno de coalición de izquierdas, con el alcalde Fran Maciá a la cabeza, harto de recibir críticas por el estado de insalubridad y abandono del inmueble, llevó a cabo una limpieza integral del exterior -el vallado perimetral que separaba el centro de las viviendas de la zona ha desaparecido-.
Después el mismo gobierno encargó un estudio a una empresa especializada para valorar si realmente la ruina que anunció en su día Javier Pérez tenía sentido desde el punto de vista técnico -hay muchos centros de similares características construidos a principios de los años 80 funcionando a pleno rendimiento en la comarca-. Ese informe, entregado en enero de este año al Ayuntamiento, y realizado por la empresa Secoingeo, mantiene que la estructura de hormigón fue levantada con materiales de alta calidad. Al igual que la cimentación, al margen de los desperfectos por actos vandálicos y algunos problemas en los pilares del semisótano por la exposición a la humedad.
Aunque, claro está, el edificio requiere de una inversión importante para ponerlo en marcha de nuevo. Durante este mandato Maciá planteó varias alternativas. Entre ellas que el centro albergara un nuevo colegio de Infantil y Primaria que requiere este municipio de 20.000 vecinos, algo a lo que se opuso el Consejo Escolar Municipal, argumentando que el edificio está muy cerca de las vías del tren de cercanías, que suponen una barrera de accesibilidad. La última opción planteada por el anterior gobierno, tras recibir los resultados del estudio, era reconvertir la infraestructura en un centro de Formación Profesional.
El actual equipo de gobierno del PP, presidido por Manuel Martínez Sirvent no tiene claro todavía qué se puede hacer con el inmueble -está estudiando la información con la que se ha podido hacer hasta ahora- mientras las quejas vecinales han vuelto de nuevo en las últimas semanas -aunque el entorno no acumula, ni de lejos, los escombros y las basuras que se amontonaban antes de la limpieza de 2017-.
Además de las evidentes dudas de la administración local y autonómica sobre qué hacer con el edificio existe un problema de añadido: La Generalitat es la que ha gestionado el inmueble pero la parcela aparece a nombre del Ayuntamiento en los registros.
