La Concejalía de Educación ha convocado una comisión de escolarización para estudiar las plazas vacantes en los centros educativos de Callosa de Segura para asignarlas fuera del periodo ordinario de matriculación y las reclamaciones a las listas definitivas. Hasta ahí nada fuera de lo normal en un trámite de gestión que están abordando todos los municipios en estos momentos. Sin embargo, la convocatoria, a la que ha tenido acceso INFORMACIÓN, «requiere» a los directores de todos los centros «que envíen por email a esta concejalía antes del día 23 el listado completo con datos identificativos y Número de Identificación del Alumnado (NIA) matriculado» en los cursos de Infantil de 3 años, 3 años y todos los de Primaria «a fin de ser estudiado (sic) con anterioridad» a la reunión. La concejala y abogada Inmaculada Cascales defendió la petición realizada en todos sus extremos y dijo que no existe ni vulneración de la legislación de Protección de Datos, ni injerencia en las competencias atribuidas a la Generalitat Valenciana en materia educativa. La edil cuestionó que una convocatoria a una comisión de escolarización tuviera interés periodístico o que lo tengan «los temas de Educación», y criticó que ese orden del día se «haya filtrado». También recordó que la petición de datos ha sido una práctica habitual en anteriores mandatos. La concejala dijo que el Ayuntamiento debe conocerlos para coordinar las labores de asignación de las vacantes en cada uno de los grupos en el periodo extraordinario de matriculación.
La petición ha sorprendido a algunos de los miembros de la comisión de escolarización -formada por representantes del Ayuntamiento, padres de alumnos de la escuela pública y concertada y directores de centros. Las competencias de coordinación de escolarización son exclusivas de la Generalitat. Normalmente es la administración educativa, la Conselleria de Educación, la que puede solicitar datos a los directores de centros educativos, personal que depende de la administración autonómica, no de los ayuntamientos. Los municipios pueden, a su vez, pedir estos datos a la Generalitat.
La Concejalía no ha solicitado exclusivamente la identificación (que es un número, el denominado NIA) de los solicitantes de las vacantes, ha reclamado los nombres y apellidos de todos los alumnos de centros públicos y concertados. Ahí reside el problema. Las mismas fuentes se preguntaron para qué quiere el Ayuntamiento los datos personales de los alumnos que ya están matriculados y recordó que en procedimientos similares solo se facilita el número de identificación del alumnado, sin asociarlo a un nombre y un apellido.
Añadieron que el municipio ya cuenta con su padrón de habitantes y recordaron que la nueva legislación sobre protección de datos, tras la adaptación a la legislación europea es muy exigente a la hora de autorizar la cesión de datos a terceros. Tampoco es nada habitual, desde el punto de vista de las convocatorias de carácter administrativo como la realizada para notificar la reunión de la comisión de escolarización, que al mismo tiempo que se da cuenta del orden del día se reclame en un plazo tan corte de tiempo ese volumen de información. Algo que en cualquier caso debería abordarse en la propia reunión. Tampoco es el cauce formal remitir la documentación a un correo electrónico. La gestión de vacantes y asignación de plazas no ha estado exenta de polémica en Callosa de Segura en los últimos años. La administración educativa ha intentado evitar por todos los medios la concentración de alumnado inmigrante o de escasos recursos en determinados centros en favor de otros y equilibrar la diversidad en la procedencia del alumnado, tanto por su origen como por condición social. Criterio de igualdad que recoge la legislación educativa estatal y autonómica.
