La proliferación de viviendas ilegales es un problema de ordenación del territorio que la Generalitat Valenciana está intentando rebajar co la modificación, en vigor desde febrero pasado, de la legislación urbanística LOTUP que permite regularizar la situación de estas casas fuera de ordenación. Y es un problema grave en muchos municipios de la Vega Baja. Solo Redován, con una zona de huerta y campo relativamente pequeña, cuenta con 400 de estas viviendas. El PSOE de Redován acusó ayer al gobierno local -las administraciones locales son las que deben tramitar las regularizaciones- de no hacer nada por tramitar las regularizaciones. La alcaldesa de Redován, Nely Ruiz, y el concejal de Urbanismo, José Nájar, replicaron «para llamar a la calma ante la alarma generada por la desinformación que se ha difundido en los últimos días en el municipio, referente al proceso de legalización de viviendas fuera del ordenamiento urbano».
La regidora ha quiso tranquilizar a los vecinos afectados por este proceso, asegurando que desde el Ayuntamiento de Redován «se dan todos los pasos pertinentes para la regularización de estas viviendas». Nájar, por su parte detalló los trámites realizados por el equipo de gobierno desde 2011, «solicitando informes internos y externos para adecuarnos a la normativa y poder llevar a cabo esta intervención administrativa de ordenación de estas edificaciones en suelo rústico». Estos trámites llevaron a la redacción de un proyecto de ordenación de las viviendas en 2016, que debe modificarse para adaptarlo a la reciente reforma de la Ley 1/2019 de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (LOTUP) el pasado febrero, según el cual, las viviendas construidas antes de agosto de 2014 podrán legalizarse mediante un procedimiento que debe asumir el Ayuntamiento. Por este motivo desde el Consistorio se solicitó un informe jurídico externo, que fue recibido el pasado 9 de mayo, «y que en cuanto este Ayuntamiento ha estado constituido, ha permitido presentar una providencia de Alcaldía solicitando la adaptación del plan», agregó. Tanto la alcaldesa como el edil de Urbanismo subrayaron que «queda meridianamente claro que el Ayuntamiento está actuando para conocer en profundidad las posibles soluciones para todas las construcciones al menor coste posible». Los ediles aseguraron que se pondrán en contacto con los ciudadanos en cuanto se recabe toda la información y se conozcan todos los pormenores del asunto.
Queja al colegio de abogados
La regidora dijo de que se va a presentar una queja formal ante el Ilustre Colegio de Abogados de Orihuela, por la participación de un despacho de abogados en un espacio público para informar de cuestiones urbanísticas que afectan a competencias municipales «sin el consentimiento ni información previa al Ayuntamiento».
Antes de la comparecencia de la alcaldesa el grupo municipal socialista había convocado a los vecinos para informar de la posibilidad de legalizar las viviendas e invitó a un despacho de abogados (Sánchez Butrón) al acto cuando. Son los ayuntamientos los que deben asumir por completo la tramitación de las solicitudes sin necesidad de mediación jurídica. Los socialistas acusaron al PP de ineficacia por no haber asumido la gestión de la legalización desde febrero e incluso indican en su nota de prensa que la Generalitat podría derribar sus viviendas si no se acojen a esta legalización. Algo improbable, aunque eso sí, las viviendas serían ilegales a todos los efectos: escrituras, registro, compraventas, segregaciones, herencias... y para la obtención de servicios básicos.
