El Ayuntamiento de Rojales tendrá que devolver a la Generalitat Valenciana un total de 129.786 euros que forman parte de una subvención de 353.070 euros para 2018 de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas que no han sido justificados, según la reclamación realizada por este departamento y a la que ha tenido acceso este diario. Es el tercer año consecutivo que el consistorio rojalero debe devolver parte de esas ayudas destinadas a servicios sociales y dependencia. El alcalde de la localidad, Antonio Pérez (PSOE), justifica la devolución del dinero en su mayoría para la contratación de personal para los servicios sociales del municipio, en que «era innecesario el gasto». La Conselleria adelanta cada año el dinero de la subvención que, una vez gastado, debe justificar el Ayuntamiento que la ha recibido. De no hacerlo, debe devolver la cantidad no justificada o no gastada, como es el caso del Ayuntamiento de Rojales.

De ese dinero que le reclama la Conselleria, 104.206 euros pertenecen a la partida de personal que se tenía que haber contratado dentro del Equipo Base de los Servicios Sociales municipales, y que no se ha hecho. No se ha justificado parte de los cuatro trabajadores sociales, con una ayuda de 13.615 euros, y se podían haber contratado dos educadores y como no se ha hecho se han tenido que devolver 54.463 euros. Tampoco se han usado 6.807 euros para contratar un psicólogo ni 8.894 para personal de administración (faltan por justificar 5 meses a jornada completa), así como 20.423 euros destinados a contratar los servicios de un asesor jurídico.

El regidor rojalero explicó que «no se ha contratado el personal por no ser necesario porque nos subvencionan la contratación de un psicólogo y medio y tenemos ya una psicóloga y con eso creemos que es suficiente, o un administrativo y medio cuando ya tenemos una, así como dos educadores sociales y contamos ya con uno y también tenemos cuatro trabajadores sociales de ayuda a domicilio y con todo ello cubrimos bien los servicios», y añadió que «nos dan la subvención porque nos toca por el número de habitantes, pero no por solicitarla».

Sin embargo, para el Partido Demócrata de Rojales (Pader) es «lamentable» que el Consistorio no haya gastado toda la ayuda recibida por la Generalitat para servicios sociales y dependencia. «Llueve sobre mojado, ya que esto mismo ocurrió en 2017 cuando por los mismos conceptos se tuvieron que devolver 85.086 euros, un 26,60% sobre una subvención concedida de 319.897 euros», señaló el portavoz del Pader, Desiderio Aráez.

Los 25.583 euros restantes, hasta completar la cantidad total a devolver, proceden de la partida destinada a la ayuda a domicilio para personas dependientes, de la cual el Consistorio tampoco ha justificado cantidad alguna. Y, por segundo año consecutivo, el Ayuntamiento ha devuelto la subvención que la Generalitat le adjudicó para la financiación de oficinas de atención al migrante, Pangea, y que para 2018 fue de 42.800 euros, según denuncia el Pader. «El gobierno socialista fue incapaz de contratar personal para poner en marcha esa oficina», criticó Aráez, quien señaló que «todas estas devoluciones se traducen en puestos de trabajo perdidos y de servicios y prestaciones al ciudadano y eso que en campaña el PSOE vendió que su candidatura miraba por el empleo y las políticas sociales». La Generalitat ha concedido este 2019 al municipio una subvención de 411.510 euros para servicios sociales y dependencia.