El Ayuntamiento de Pilar de la Horadada ha publicado la información pública de la resolución por la que se suspende la tramitación y otorgamiento de autorizaciones administrativas de parcelación de terrenos, edificación, demolición, ocupación, actividad y cambio «de uso para centros de culto». Lo que en este municipio se traduce en una prohibición municipal sine die de aceptar la construcción de la mezquita que la comunidad musulmana formada por 4.000 vecinos empadronados de Marruecos, Argelia, España y Senegal -el municipio cuenta con algo más de 20.000- reivindica desde hace casi una década. La decisión fue rubricada por el alcalde José María Pérez (Partido Popular) el 21 de junio. Fue una de sus primeras decisiones relevantes en el cargo -incluso previa a la celebración del pleno de constitución- y no informó a la opinión pública sobre su decisión -apareció ayer . Pérez, empresario horticultor -sector que tiene a los vecinos magrebíes como su principal mano de obra-, gobierna Pilar de la Horadada con mayoría absoluta. El primer edil justifica su decisión en la resolución publicada en el DOGV«en aras de establecer los criterios de implantación conforme a las necesidades y demandas de los ciudadanos, así como establecer los parámetros correctos de ubicación, orden, y tráfico rodado, entre otros, que conllevan los distintos actos y aforos ligados a los centros de culto». Un argumento que se pone sobre la mesa pese a que existe una modificación puntual del PGOU aprobada desde 2012 para fijar esos mismos criterios.

En declaraciones a INFORMACIÓN, el alcalde reiteró que la suspensión se hace «para que los servicios municipales se puedan poner a trabajar buscando una solución global en la que conviva la comunidad musulmana y el resto de vecinos» y aseguró que ha mantenido varias reuniones «con los representantes de la comunidad musulmana y están de acuerdo en buscar una solución entre todos». Sin embargo, el imán de la comunidad islámica de Pilar de la Horadada, Jamal Loudy, se enteró ayer por este diario de la resolución -el alcalde no le había informado-. Anticipó que el colectivo se movilizará para lograr una gestión en la que trabajan ya muchos años y dudó de la legalidad de suspender desde el punto de vista administrativo algo tan concreto como las solicitudes de espacios de culto.

Antecedentes

Desde 2011 el Ayuntamiento de Pilar «esquiva» el derecho constitucional de la comunidad musulmana a contar con su propio espacio de culto, según los responsables de la comunidad islámica. Lo hizo en 2012, bajo mandato del alcalde del PP, Fidel Ros, que ya aprobó una singular modificación puntual del Plan General -la número 30-, ad hoc para endurecer los requisitos urbanísticos y técnicos con los que debía contar un espacio de culto una vez que la comunidad musulmana había invertido 160.000 euros en un local en un barrio del Pilar -al que algunos vecinos se opusieron con una recogida de firmas- visto bueno bajo el argumento de «la necesidad de ordenar desde el punto de vista urbanístico el derecho a la libertad religiosa a fin de que pueda llevarse a cabo tal y como establece la Constitución sin menoscabo del resto de los derechos fundamentales». En el anterior mandato, entre 2015 y 2019, el alcalde socialista Ignacio Ramos creó un foro social- para intentar abordar el problema proponiendo una ubicación en el polígono industrial con un alquiler. Sin embargo, lo único que hizo fue dilatar el problema sin darle solución, según fuentes municipales consultadas por este diario.

Según el concejal de Vecinos del Pilar, Francisco Albaladejo, miembro del anterior equipo de gobierno de izquierdas y del foro, los responsables religiosos musulmanes habían logrado un acuerdo para contar con un local que cumple esas condiciones municipales de 2012 para abrir espacios de culto tras años de gestiones y trámites -y rechazos vecinales-. En concreto, el edificio de un antiguo cine en el casco urbano. Albaladejo, que trabajó por llegar a una solución durante cuatro años como edil del gobierno municipal cree evidente, ahora en la oposición, que la intención del alcalde es desbaratar cualquier opción de la comunidad musulmana de contar con este espacio religioso «pese a que en campaña electoral les prometieron que iban a solventar el problema. Lo que quieren es paralizar e impedir que hagan absolutamente nada». Sin embargo, el equipo de gobierno replicó ayer que ese «acuerdo es un rumor y la adquisición del antiguo cine nunca se materializó». Los musulmanes pilareños, más del 10% de la población local sin contar los no censados, se preguntan si estas prevenciones legales se hubieran levantado si el espacio religioso propuesto no fuera una mezquita.