El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón (PP) ha decidido dejar en manos de los funcionarios todo el poder de decisión a la hora de adjudicar contratos en el Ayuntamiento. Es la primera vez que la mesa de contratación estará formada exclusivamente por técnicos. Una decisión que adopta para que la intervención política sea la mínima y como un ejercicio de transparencia.
El anterior equipo de gobierno de izquierdas ya dio pasos en el sentido de no ser decisorio en las baremación de ofertas y otros actos administrativos que permiten adjudicar los servicios, obras y suministros municipales: Solo dos de los cinco miembros de la mesa de contratación eran políticos. Lo habitual era que hubiera el mismo número de políticos que técnicos con derecho a voto. Ahora los políticos han desaparecido de la mesa, que estará presidida por un Técnico de Administración General del área de Contratación (TAG) y que tendrá como miembro titular al interventor accidental del Ayuntamiento.
La decisión se adoptó en junta de gobierno y se comunicó ayer en rueda de prensa por los ediles Federico Alarcón y Rosario Martínez, que están informando semanalmente de las resoluciones de la junta. En el resto de vocalías se alternarán técnicos como el Jefe Accidental del Área de Obras y Servicios -que también estaba presente en la anterior mesa-, mientras que un habilitado del área jurídica completará la mesa para ejercer de secretario de las resoluciones. La mesa podrá sufrir modificaciones en función del tipo de oferta que se vaya a valorar. De las resoluciones de la mesa de contratación depende un gasto público multimillonario en los próximos cuatro años en un ayuntamiento de la entidad de Torrevieja.
Solo como ejemplo, solo la adjudicación del nuevo servicio de recogida de basuras -si finalmente se tramita- supone un gasto de 81 millones de euros anuales -paralizado por un recurso en el Tribunal Central de Contratos Administrativos aunque las plicas de las empresas ya se han presentado- , el contrato de conservación y mantenimiento de zonas verdes, que debe licitarse el año que viene ya supone casi tres millones de euros al año o el servicio de transorte urbano -que se realiza sin contrato- tres millones más anuales. La mesa debe ahora asumir ahora algunos contratos que estaban «en capilla» a la hora de ser formalizados con una composición distinta a la de hace apenas un mes. Es el caso de la adjudicación del contrato de redacción del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), en el que se estaban valorando las ofertas para baremar y adjudicar.
El pleno que no llega
El pleno de organización del Ayuntamiento de Torrevieja, en el que se decidirá la conformación de los grupos municipales, las retribuciones a los concejales, puestos de asesores, miembros de comisiones informativas y junta de portavoces no se realizará al menos hasta el próximo miércoles. Los requisitos administrativos necesarios para llevar a pleno esta organización son los que están retrasando la convocatoria.
El PP atribuye este retraso a la indecisión de los grupos de la oposición a la hora de proponer sus necesidades de retribución -que el primer edil debe atender en función de su representatividad-. El plazo legal para presentar esas propuestas terminó el pasado martes, por lo que en un principo desde ese momento podría haberse cerrado la convocatoria. Los grupos deben plantear qué quieren desde el punto de vista de las retribucones pero es el alcalde el que debe expresarlas finalmente porque dependen exclusivamente de su firma.
