26 de junio de 2019
26.06.2019
Juicio del Brugal

Urruticoechea tacha de «incompetente» en el juicio del Brugal al equipo que visaba las facturas

El exinterventor municipal carga contra la «incapacidad profesional» de sus antecesores, de quienes declara que estaban puestos a dedo

25.06.2019 | 22:26
Urruticoechea, en un debate sobre corrupción meses después de dejar el Consistorio oriolano.

Asegura que seguían el criterio marcado por el equipo de gobierno porque, si no, «sus privilegios monetarios se iban fuera».

«Manifiesto ante este tribunal que la fiscalización previa de la legalidad de las facturas antes de abril de 2014 estaba hecha por un equipo incompetente y complaciente con equipo de gobierno de Orihuela. Los interventores estaban puestos a dedo y sus privilegios monetarios se iban fuera en el caso de que se hubieran opuesto a pagar esas facturas». Así de contundente respondió ayer el exinterventor del Ayuntamiento de Orihuela, Fernando Urruticoechea, a las preguntas de la Fiscalía Anticorrupción durante una nueva sesión del juicio del caso Brugal, que investiga irregularidades en la adjudicación de la contrata de basuras de Orihuela. Las facturas a las que se refiere, de hecho, corresponden al pago a mercantiles vinculadas al empresario Ángel Fenoll, el principal acusado de la trama, y del que también se investiga su relación con la UTE Orihuela Capital de la Vega Baja, que fue la empresa que finalmente se adjudicó la contrata. Urruticoechea matizó que él fue el primer habilitado nacional que ha tenido el Consistorio oriolano, y el único que accedió a ese cargo por un concurso de méritos publicado en el Boletín Oficial del Estado. El resto eran «afines al equipo de gobierno» o, como dijo, «de la casa». El técnico, ya en otro destino a día de hoy, se manifestó en estos términos a las cuestiones relativas al pago de facturas a estas empresas, que si bien se realizaron con anterioridad a su estancia en el Ayuntamiento, de abril de 2014 a marzo de 2017, algunas de estos pagos fueron certificados por Urruticoechea en informes posteriores.

En este sentido, el técnico señaló que su papel se limitó únicamente a señalar que, efectivamente, esos pagos se habían producido, sin entrar a investigar si esos servicios se habían prestado o los importes se ajustaban al trabajo realizado. «Eso era trabajo de los técnicos del área, que deben verificar si esas facturas cumplen con los requisitos del servicio».

Otro de los temas que se pusieron sobre la mesa durante la declaración del funcionario fue la carencia de informes municipales que calcularan la indemnización a pagar a la UTE tras la decisión del equipo de gobierno de municipalizar el servicio de recogida de residuos sólidos urbanos en el año 2012, rescindiendo el contrato con la UTE. El Ayuntamiento debía pagar una indemnización a la empresa por esa rescisión pero «el Ayuntamiento no había hecho los deberes», señaló. «Había una comisión de liquidación del contrato que tenía que haber hecho la evaluación de las cantidades que se debían», aunque no llegó a realizarse ese informe «pese a mis reiteradas peticiones para que se hiciera», añadió Urruticoechea. Ante ese impago de la liquidación se generó una reclamación judicial, algo que, por otra parte, dijo el técnico, no era un caso aislado, ya que «existía un problema de gestión, con múltiples reclamaciones por demoras. Había cerca de un millón de euros pendiente de pago de otras reclamaciones judiciales. Era un pozo sin fondo», sentenció.

La declaración de Urruticoechea fue de las más cortas de las más de 20 sesiones del juicio del Brugal. De hecho, duró apenas media hora pero, por el contrario, fue la que más comentarios generó en la bancada de las defensas de los 34 acusados. Cuando llegó el turno de preguntas, apenas tres letrados interrogaron al testigo. La estrategia de defensa del abogado de Fenoll se centró en quitar peso a estas declaraciones recordando que él mismo había admitido que no había entrado a valorar la legalidad de las facturas pagadas a las empresas de su representado, y que fue el propio Ayuntamiento quien nunca elaboró el informe de liquidación de la UTE. Las otras dos testificales programadas para ayer se suspendieron al no poder comparecer los testigos, y serán señaladas próximamente.

Una declaración pendiente de un informe forense

El tribunal pide un informe para determinar si un catedrático de la UV tiene que testificar tras alegar que está enfermo
La declaración del catedrático de la Universidad Politécnica de Valencia que elaboró los pliegos de la contrata de basuras de Orihuela que se adjudicó finalmente a la UTE tras quedar desierto el anterior concurso, pese a la propuesta de la mesa de contratación de adjudicar a Urbaser, continúa en el aire a la espera de un dictamen de los forenses de la Ciudad de la Justicia de Elche.

El académico debería haber declarado el pasado jueves, pero aludió a cuestiones médicas para suspender su comparecencia. El tribunal expuso ayer que se ha pedido toda la documentación médica del caso para que los forenses sean quienes dictaminen si está o no en condiciones de comparecer ante el tribunal.

Su testimonio es clave para la Fiscalía Anticorrupción y la acusación particular (el Ayuntamiento de Orihuela), ya que conoce todos los detalles del proceso de elaboración de los pliegos y, además, la Universidad Politécnica de Valencia también fue el organismo que elaboró el informe que sirvió para dejar desierto el contrato y rechazar la propuesta de adjudicación a Urbaser tras la llegada a la Alcaldía de Lorente en 2007.

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