El Tribunal Central de Recursos Contractuales ha suspendido de forma parcial el trámite de adjudicación del contrato de recogida de basuras y aseo urbano de Torrevieja. El alcalde, Eduardo Dolón (PP), informó ayer como responsable de dar cuenta por primera vez de los acuerdos de junta de gobierno local, acompañado del edil secretario de la junta, Federico Alarcón. Este tribunal especial resuelve recursos de empresas y agentes sociales sobre los procesos de adjudicación públicos a nivel estatal.

La paralización del procedimiento es parcial. Las empresas interesadas en concursar podrán presentar sus plicas en el plazo establecido -que culmina a final de este mes-. Pero la mesa de contratación no podrá ni abrir los sobres con las propuestas ni baremar hasta que el tribunal resuelva el recurso. Este tribunal especial asume de forma sistemática todos los recursos que se presentan si cumplen unos requisitos mínimos. Es decir, la resolución tampoco es extraordinaria para este organismo.

Eduardo Dolón, a preguntas de INFORMACIÓN, se mostró prudente a la hora de valorar los criterios por los que Comisiones ha alegado el pliego, aunque su propia concejal de Contratación y Aseo Urbano, Carmen Gómez ya cuestionó con dureza en un artículo en este diario las características del pliego, que fue aprobado para su licitación en el último tramo del mandato anterior del gobierno de coalición de izquierdas. Dolón dijo que va a someter al criterio de los servicios jurídicos municipales si el Ayuntamiento debe impulsar alguna modificación de los pliegos.

Como avanzó este diario el recurso del sindicato ante el Tribunal Central en Materia de Contratación no pide que suprima la licitación sino que reclama que se rectifiquen los pliegos del contrato de la recogida de basura, limpieza viaria, transporte a vertedero y mantenimiento de la costa de Torrevieja. La Federación de Servicios Públicos del sindicato en el País Valenciano pide «rectificar algunas de las cláusulas de los pliegos de condiciones por vulnerar el principio de transparencia en el procedimiento y garantizar el cumplimiento de los derechos de los trabajadores durante la ejecución del contrato, así como el mantenimiento del empleo». Una vez aceptado el análisis del recurso se abre el abanico sobre el impacto que puede tener en la resolución final de la contrata. O que no sea aceptado y solo se retrase el procedimiento durante unas semanas, o que se contemplen los cambios reclamados en el pliego y que el proceso se remonte a la fase de elaboración de los pliegos.

El contrato con una duración de 4 años, y con un importe anual de 16.791.467 euros -81 para todo el periodo de licitación, si se incluye la prórroga de un año, «no garantiza en modo alguno el mantenimiento de los puestos de trabajo actuales, ni los derechos reconocidos en el convenio colectivo, lo que supone una clara vulneración de lo recogido en la normativa reguladora de los contratos del sector público, así como también lo regulado en la Ley 18/2018, de la Generalitat sobre fomento de la Responsabilidad Social», según argumenta Comisiones en ese recurso. Los datos aportados por los pliegos sobre el personal a subrogar (más de 200 operarios), y que son la base de los cálculos de coste de la mano de obra que deben realizar los licitadores a la hora de presentar sus ofertas, se aportaron, según el sindicato, con la memoria justificativa, en los meses previos al mes de mayo del 2018, «para ser más exactos a finales del 2017». A juicio del sindicato -mayoritario en el comité de empresa - esta diferencia «va a producir que los licitadores realicen sus cálculos económicos en cuanto al coste de la mano de obra con unos datos inciertos y desfasados, que producirán un grave perjuicio para los trabajadores, que verán cómo los datos económicos tenidos en cuenta por los licitadores no se corresponden con la realidad laboral de la vigente plantilla».

La empresa que realiza el servicio ahora es Acciona. Asumió la prestación en 2004 a través de un contrato que el TSJCV falló que se amañó a su favor tras la intervención del entonces alcalde Pedro Hernández Mateo en ese sentido -convicto por falsedad documental y prevaricación y que en 2017 cumplió una pena de tres años de cárcel por esos delitos-. El fallo judicial no anuló el acto administrativo de concesión de la contrata. La empresa sigue realizando el servicio ya sin contrato al agotar dos prórrogas desde junio de 2016. Percibe en torno a 14 millones de euros anuales. Mientras no se resuelva el nuevo contrato la empresa responsable de realizar la prestación (y perceptora de los ingresos por esos servicios) seguirá siendo Acciona.

Autorizan el concierto de The Jacksons que denegó el anterior gobierno local

El Ayuntamiento acepta el recurso contra la decisión de prohibir el espectáculo por hacer publicidad antes de darse la autorización

La junta de gobierno local, además de informar sobre la suspensión de la licitación de la contrata de basuras, dio cuenta de un acuerdo por el que se acepta el recurso presentado por la promotora del concierto de The Jacksons con el fin de que se autorice el uso de las Eras de la Sal para su actuación prevista el 8 y 9 de agosto. La junta de gobierno había denegado la solicitud con el criterio de que la promotora estaba realizando publicidad con carácter previo a contar con el visto bueno municipal, además de aludir a la especial protección del recinto y el impacto de un concierto de estas características. Al margen de este visto bueno la firma deberá tramitar, según fuentes municipales, una licencia eventual. Sobre este acuerdo y otros informó el alcalde en una comparecencia junto al edil secretario de la junta de gobierno Federico Alarcón. El primer edil dio cuenta de cada uno de los puntos abordados por el órgano colegiado en su primera reunión de este mandato, más de una quincena, además de los urgentes, y anunció que será la práctica habitual todos los viernes. Es decir, informar a los medios de comunicación de las resoluciones de la junta poco después de su celebración. Una labor de comunicación y transparencia que instauró el anterior gobierno municipal y que también se lleva a cabo desde hace tiempo en municipios de la provincia de distinto signo, como Orihuela o Elche. Dolón dijo que en ese cometido se alternarán la primera teniente alcalde Rosario Martínez y el edil secretario de la junta, Federico Alarcón, aunque matizó que en otras ocasiones, en función de los temas a abordar, el propio acalde realizaría la comparecencia.