22 de junio de 2019
22.06.2019
Bigastro

Bigastro: El juez advierte de multa a la alcaldesa por el impago de una deuda municipal de un millón

El juzgado reclama la ejecución forzosa de la sentencia que da la razón a una constructora al cabo de 9 años de pleitos

21.06.2019 | 21:52
La alcaldesa Teresa Belmonte (PP) en el salón de plenos

El municipio debe devolver lo que la firma le pagó por un suelo que iban a urbanizar y en el que finalmente no se podía edificar.

El juzgado de Lo Contencioso Administrativo de Elche ha resuelto la ejecución forzosa de una condena al Ayuntamiento de Bigastro al pago de 1.030.000 euros «más intereses y costas» a la constructora Construcciones y Promociones Giesco S.L. El auto advierte a la alcaldesa Teresa Belmonte (PP) de que puede imponerle multas coercitivas personales de 150 a 1.500 euros si no asume la resolución judicial, fechada el pasado 12 de junio. El pago corresponde a la devolución del valor de un suelo que los promotores pagaron al municipio -en la época del boom inmobiliario y bajo mandato del alcalde José Joaquín Moya- como urbano pero que finalmente el municipio no reclasificó. Los constructores compraron unas parcelas que eran propiedad municipal con la expectativa de construir pero el plan urbanístico no salió adelante. Reclamaron las cantidades que habían aportado al municipio por la vía judicial y han ganado. Sin embargo, este último auto judicial llega tras un largo procedimiento judicial de nueve años en el que el gobierno del PP ha intentado dilatar a través de todo tipo de estrategias procesales la asunción de la deuda que estaba confirmada por resoluciones judiciales en firme -en los presupuestos de 2018 y este año, los técnicos no incluían la deuda como obligación de pago-. A la notificación del auto del 12 de junio le ha seguido un decreto del mismo juzgado del 17 de junio en el que la magistrada advierte que entenderá que la responsable última del pago es la alcaldesa e incluso de responsabilidades penales si no atiende el abono. En caso de incumplimiento en el plazo otorgado, veinte días, se podrán adoptar las medidas «necesarias para lograr su efectividad» y en concreto las «multas coercitivas al responsable del cumplimiento de 150 a 1.500 euros a las autoridades, funcionarios o agentes, entre ellos la alcaldesa de Bigastro desde hace nueve años -que ha revalidado su mandato con mayoría absoluta-.

La primera condena en firme al Ayuntamiento de Bigastro se produjo el 27 de febrero de 2018 cuando. El hecho de no atender en un primer momento esa resolución ha generado desde entonces unos intereses mensuales de 3.000 euros, según la empresa. Ya en aquel momento, el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, TSJ, dio la razón a la mercantil y condenó al Ayuntamiento al pago de la deuda. La empresa presentó un acuerdo voluntario sobre la sentencia firme, ya que no estaba recurrida en casación ante el Supremo sobre la devolución del 1.030.000 euros. También, los 308.000 euros de intereses, acumulados desde 2010.

Los afectados, vecinos de Bigastro, lamentan no haber tenido respuesta alguna en relación a esta petición presentada al Consistorio hace más de un año. «Sólo de casualidad, en el mes de julio pasado, se habló verbalmente con la alcaldesa Belmonte, quien nos planteó un acuerdo con una reducción de entre un 30% o un 40% de la parte principal de la deuda adquirida y eliminando, obviamente, los intereses», aseguran los empresarios, quienes declinaron la propuesta «ya que nos debía de tratar igual que a otras sociedades foráneas, con las que sí había cumplido el pago íntegro más el 50% de los intereses». Desde entonces, «la alcaldesa se ha mantenido en la línea de que si no ha quita del principal no cobramos». En el verano de 2018 el pleno ordinario aprueba los presupuestos de ese año sin ninguna partida vinculada a la sentencia firme a favor de Giesco S.L.. Tampoco aceptó las alegaciones un mes después, ni se solicitó en octubre el dinero de la deuda con los fondos estatales con los que Bigastro ha podido afrontar la delicada situación de sus arcas públicas desde 2010 -el municipio llegó a ser uno de los más endeudados de España de su tamaño, con poco más de seis mil vecinos y casi 20 millones de deuda-. El PP aprobó inicialmente los presupuestos de 2019 a dos días de las elecciones municipales, el 24 de mayo, pero ahí ni Alcaldía -ni técnicos- hacen constar la existencia de esas obligaciones de pago.

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