El Tribunal Central de Recursos Contractuales ha suspendido de forma parcial el trámite de adjudicación del contrato de recogida de basuras y aseo urbano de Torrevieja. El alcalde Eduardo Dolón (PP) ha informado como responsable de dar cuenta por primera vez de los acuerdos de junta de gobierno local, acompañado del edil secretario de la junta, Federico Alarcón. La paralización del procedimiento es parcial. Este tribunal de jurisdicción especial es el responsable a nivel estatal de dirimir los recursos a los procedimientos de adjudicación de contratos públicos.
Según explicó Dolón, las empresas interesadas en concursar podrán presentar sus plicas en el plazo establecido -que culmina a final de este mes-. Pero la mesa de contratación no podrá ni abrir los sobres con las propuestas ni baremar hasta que el tribunal resuelva el recurso. Este tribunal especial asume de forma sistemática todos los recursos que se presentan si cumplen unos requisitos mínimos. Es decir, la decisión no es extraordinaria.
Eduardo Dolón, a preguntas de INFORMACIÓN, se ha mostrado prudente a la hora de valorar los criterios por los que Comisiones Obreras ha alegado el pliego, aunque su propia concejal de Contratación y Aseo Urbano, Carmen Gómez ya cuestionó con dureza en un artículo en este diario las características de la contratación.
Como avanzó este diario recurso de Comisiones Obreras ante el Tribunal Central Administrativo en Materia de Contratación no pide que se rectifiquen los pliegos del contrato de la recogida de basura, limpieza viaria, transporte a vertedero y mantenimiento de la costa de Torrevieja. La Federación de Servicios Públicos de este sindicato en el País Valenciano pide "rectificar algunas de las cláusulas de los pliegos de condiciones por vulnerar el principio de transparencia en el procedimiento y garantizar el cumplimiento de los derechos de los trabajadores durante la ejecución del contrato, así como el mantenimiento del empleo". Una vez aceptado el análisis del recurso se abre el abanico sobre el impacto que puede tener en la resolución final de la contrata. O que no sea aceptado y solo se retrase el procedimiento durante unas semanas, o que se contemplen los cambios reclamados en el pliego y que el proceso se remonte a la fase de elaboración de los pliegos.
El contrato con una duración de 4 años, y con un importe anual de 16.791.467 euros -81 para todo el periodo de licitación, si se incluye la prórroga de un año, "no garantiza en modo alguno el mantenimiento de los puestos de trabajo actuales, ni los derechos reconocidos en el convenio colectivo, lo que supone una clara vulneración de lo recogido en la normativa reguladora de los contratos del sector público, así como también lo regulado en la Ley 18/2018, de la Generalitat Valenciana sobre fomento de la Responsabilidad Social", según argumenta Comisiones en ese recurso, Los datos aportados por los pliegos sobre el personal a subrogar (más de 200 operarios), y que son la base de los cálculos de coste de la mano de obra que deben realizar los licitadores a la hora de presentar sus ofertas, se aportaron, según el sindicato, en el momento de la confección de la memoria justificativa, en los meses previos al mes de mayo del 2018, "para ser más exactos a finales del 2017".
Responsabilidad social
A juicio de Comsiones esta diferencia "va a producir que los licitadores realicen sus cálculos económicos en cuanto al coste de la mano de obra con unos datos inciertos y desfasados, que producirán un grave perjuicio para los trabajadores, que verán cómo los datos económicos tenidos en cuenta por los licitadores no se corresponden con la realidad laboral de la vigente plantilla". Datos cuya aportación son una la obligación exigida en la Ley 18/2018, de la Generalitat Valenciana sobre fomento de la Responsabilidad Social, "donde se establecen, entre otras obligaciones, el proporcionar la referida información exacta y veraz y una plantilla mínima expresada en número de personas trabajadoras y número de horas de trabajo necesarias para una correcta prestación de los servicios", recuerda la misma fuente.
Además Comisiones asegura que en el pliego no hace "referencia alguna a la contratación de los trabajadores necesarios para realizar el trabajo en la temporada alta de verano, en la que se produce un incremento de tareas sustancial debido a la afluencia de turistas en la ciudad de Torrevieja". Un incremento de mano de obra de unos 90 operarios que "no se ha tenido en cuenta en los pliegos, y no se exige en ningún caso que los licitadores dispongan de personal necesario para la ejecución de estas tareas, dejando a su libre arbitrio el cómo ejecutar este incremento de tareas".
La falta de previsión en los pliegos sobre la plantilla mínima necesaria para la prestación adecuada del servicio durante la temporada baja y alta, supone, a juicio del sindicato, "la omisión de unos datos cuyo conocimiento es trascendental para la adjudicación y ejecución del contrato, pues sirve para justificar un correcto cálculo del valor estimado, y garantizar que la fijación del precio es ajustada a Derecho". Estos trabajadores de temporada alta "cuentan con la formación y la profesionalidad necesaria para prestar el servicio porque lo vienen haciendo habitualmente durante muchas temporadas, y ello va a repercutir indudablemente en una posible merma de los derechos de los trabajadores que pueden ver como los recursos económicos destinados al presente servicio son insuficientes para hacer frente a los costes de la mano de obra ya comprometidos legalmente, y por supuesto a la merma de la calidad del servicio que se requiere para una ciudad turística como Torrevieja, y que sufrirán directamente los ciudadanos", recuerda el sindicato.
UGT, sindicato minoritario en la empresa que realiza ahora el servicio, también anunció una "impugnación" aunque sin citar el Tribunal -que es donde debe presentarse-, mientras que el PP, que entra al nuevo gobierno municipal ha hecho una declaración genérica de que tiene intención de paralizar el procedimiento, sin aclarar cómo. Tanto UGT como PP citan también la falta de garantías a la hora de mantener los puestos de trabajo, además de un incremento de horas semanales que hace sospechar una reducción de plantilla que también se daría con la introducción de innovaciones -ya implantadas en muchos municipios-como la carga lateral de los camiones. El plazo de presentación de ofertas de las empresas, si no se paraliza el procedimiento, es el 26 de junio y la primera apertura de plicas el 7 de julio.
El equipo de gobierno de izquierdas en funciones que da el relevo al PP con mayoría absoluta empleó los últimos días del anterior mandato, en plena campaña electoral, para culminar el proceso de tramitación del pliego y licitar. El gobierno local intentó durante los dos primeros años de mandato municipalizar el servicio, algo que, mantenían, permitiría abaratar el coste de la prestación y consolidar todos los puestos de trabajo. PP y Ciudadanos impidieron la municipalización. El exalcalde José Manuel Dolón advirtió que una adjudicación indirecta siempre puede conllevar la supresión de puestos de trabajo. Incluso aunque la empresa subrogue al personal, como es su obligación, puede cambiar las plazas incluso reducirlas, el día después de entrar a prestar el servicio.
La empresa que realiza el servicio ahora es la multinacional Acciona. Asumió la prestación desde 2004 a través de un contrato que el TSJCV falló que se amañó a su favor tras la intervención del entonces alcalde Pedro Hernández Mateo en ese sentido -convicto por falsedad documental y prevaricación y que en 2017 cumplió una pena de tres años de cárcel por esos delitos-. La empresa sigue realizando el servicio ya sin contrato al agotar dos prórrogas desde junio de 2016. Percibe en torno a 14 millones de euros anuales. Mientras no se resuelva el nuevo contrato la empresa responsable de realizar la prestación (y perceptora de los ingresos por esos servicios) seguirá siendo Acciona.
