El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, dependiente del Ministerio de Hacienda, ha anulado la adjudicación del contrato del servicio de mantenimiento, conservación y reparación de vías y espacios públicos de Orihuela Costa, del que había sido beneficiaria la empresa Serrano Aznar Obras Públicas SL-Aglomerados Serrano SAU. Un contrato con un coste de 766.000 euros al año por un periodo de 4 años más 2 de prórroga (un total de 4.596.000 euros por los 6 años). El tribunal estima parcialmente el recurso de la mercantil que quedó en segundo lugar, Construcciones Zaplana Caselles SLU, al considerar que los técnicos de la mesa de contratación -donde no hay políticos- puntuaron un distintivo de calidad que no se mencionaba en los pliegos ni en el contenido de los criterios de valoración, por lo que obliga a restar el punto que se le dio a la mercantil adjudicataria por este motivo.
Esta circunstancia cambia la puntuación final y es determinante ya que la UTE Los Serranos obtuvo un total de 83,46 puntos, quedando en primera posición, y la mercantil recurrente, Construcciones Zaplana Caselles SLU, un total de 83,18, solo 28 centésimas por debajo. Así, al estimar el tribunal que hay que restar ese punto por el distintivo de calidad a la UTE adjudicataria, ésta pasa a tener 82,46 puntos mientras que la mercantil que había quedado en segunda posición pasa a ser la mejor valorada con 83,18 puntos y merecedora del contrato.
El departamento de Contratación del Ayuntamiento de Orihuela, tras levantar el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales la suspensión del procedimiento de contratación, va a asumir su fallo y a adjudicar el contrato del servicio de mantenimiento, conservación y reparación de vías y espacios públicos de Orihuela Costa a Zaplana Caselles, según las fuentes consultadas por este diario. «Habrá que hacer un acuerdo para adjudicar a Zaplana Caselles con base en la resolución de ese tribunal», explicaron las mismas fuentes. Un contrato que se viene arrastrando desde hace año y medio ya que su licitación se publicó en noviembre de 2017, se presentaron 6 empresas, y se adjudicó en diciembre de 2018
El punto ahora controvertido y que resulta determinante se lo dieron los técnicos a la UTE Los Serranos por disponer del certificado OHSAS 18001-2007 relativo a la prevención de riesgos laborales. La empresa recurrente basó el recurso en este sentido en que no aparecía como un criterio más del pliego y que quien es titular del citado certificado no es la UTE en sí misma sino, en todo caso, alguna de las empresas que la integran. El tribunal le da la razón en el fallo al que ha tenido acceso este diario y señala que «el pliego ubicó erróneamente un criterio de solvencia bajo el paraguas de criterio de adjudicación» que deben referirse a las características de la oferta, habiéndose utilizado esta diferenciación, fundamentalmente, para excluir la utilización como criterios de adjudicación de cuestiones tales como la experiencia de la empresa en la ejecución de contratos similares «que nada aportan en relación con la determinación de la calidad de la oferta efectuada por el licitador».
Garantía
A la adjudicataria se le dio el máximo de 4 puntos mientras que a la recurrente le dieron 2,66 puntos. Y obtuvo en ese apartado un punto más por disponer de ese certificado que los técnicos justificaron, a pesar de no estar en el pliego de condiciones, en que una mercantil que disponga de éste «es una clara garantía de que la misma dispone de un sistema de gestión que garantice la seguridad y la salud laboral, además de asegurarnos de que un organismo externo audite dicho sistema de gestión», argumentos que no acepta el tribunal que explica que el criterio previsto en el pliego era tener implantado un sistema de seguridad, no poseer el certificado indicado, que, señala, no puede valorarse «y no es admisible». Por ello, el Tribunal de Recursos Contractuales señala que debe estimarse el recurso en relación a este extremo y revisarse a la baja la puntuación atribuida a la adjudicataria en el punto asignado por el certificado indicado, efectuándose una nueva propuesta de adjudicación, que será para la mercantil Zaplana Caselles.
Una de las dos empresas de la UTE que había resultado ganadora antes de la anulación de la adjudicación, Serrano Aznar Obras Públicas SL también interpuso un recurso ante este tribunal al considerar que la oferta de Zaplana Caselles habría incluido en uno de los sobres documentación que a su juicio no le correspondía, lo cual, según se desprende de su recurso, conoció por el informe de valoración. El recurso lo interpuso después de resultar ganadora y el tribunal no lo admitió, como sí ha hecho con el que presentó la empresa que quedó en segundo lugar y que ahora se adjudicará el millonario contrato.
