La dirección general de Costas ha adjudicado el proyecto de derribo de una de las viviendas tradicionales de la playa de Babilonia de Guardamar. La casa está situada en el extremo norte de la avenida Ingeniero Codorniu. El departamento dependiente del Ministerio de Transición Ecológica ha actuado porque los propietarios no pudieron avalar a tiempo la titularidad de la concesión y la casa ya presenta un estado muy deteriorado, tras los últimos temporales de levante que han azotado esta playa en regresión. Se trata de una actuación excepcional.
El resto de viviendas, más de cien, tienen solicitada desde enero de 2018 ante la dirección territorial de Costas la prórroga a sus concesiones. La modificación de la ley de Costas de 2013 permite que todas las viviendas en dominio público con concesión previa a 1988 prorrogarla durante sesenta años más desde enero de 2018. Sin embargo, un año y medio después Costas no ha respondido a estas solicitudes gestionadas a través de al Asociación de Vecinos de la Playa de Babilonia. Los propietarios temen que Costas quiera dilatar esa respuesta a la espera de un nuevo cambio legal del Gobierno central que supuestamente avalaría dejar estas casas sin concesión. Un agravio comparativo con otras zonas en las que cientos de propietarios sin han logrado la prórroga. Es el caso del edificio Luz Mar de Torrevieja, una mole de hormigón de siete alturas, construida en los años 70 y ubicada en perpendicular a la línea de costa sobre la cala de Los Trabajadores, en pleno dominio público, que recibió esta prórroga por 30 años más, ampliable a otros treinta.
Además de esperar esta respuesta la Asociación mantiene un contencioso administrativo con Costas. Los vecinos reclamaron ante los juzgados medidas cautelares para salvaguardar de los efectos de los temporales sus casas con protección de piedras. Algo que lograron en junio pasado. El fondo de la acción legal, que está a punto de dirimir el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad, pide actuaciones mucho más relevantes para garantizar que las casas, construidas en los años treinta del pasado siglo, puedan mantenerse en pie.
En primer lugar el contencioso reclama a Costas que permita la reparación de las casas, sin modificar los volúmenes. En segundo lugar, reclaman que se recuperen las aceras y accesos a las viviendas. El proyecto está elaborado. Piden que sea Costas la administración que financie esas obras. O al menos que indemnice a los propietarios una vez realizadas. En tercer lugar, la acción judicial exige al Ministerio que actúe para regenerar una playa que ha perdido buena parte de su tramo de arena en las últimas décadas. Lo que genera un impacto directo de los temporales marítimos en las casas. Y por último que se actúe en la raíz del problema de la regresión de la playa: la construcción del espigón en la desembocadura del Segura en los 90 con las obras contra inundaciones, que impiden la llegada de sedimentos.
