17 de junio de 2019
17.06.2019

La Fiscalía decidirá si se investigan los folletos del parking del Hospital de Torrevieja

La JEZ cita la «posibilidad» de que se usara dinero público para editar y distribuir los panfletos en Torrevieja

16.06.2019 | 23:43
Imagen del aparcamiento del Hospital de Torrevieja.

La Junta Electoral de Zona (JEZ) de Orihuela ha remitido al Fiscal Anticorrupción de la Vega Baja, Pablo Romero, las reclamaciones que el PSOE presentó ante este organismo por la difusión en Torrevieja de miles de panfletos anónimos -en torno a cinco mil- en la semana previa a las elecciones municipales en los que se pedía a los vecinos que no confiaran su voto en formaciones de izquierda. La resolución de la JEZ, formada por tres magistradas,y firmada el mismo día de las elecciones municipales del 26 de mayo, indica que ante «el contenido recogido en los folletos repartidos y la posibilidad de la utilización de dinero público en la elaboración de los mismos», se acuerda «deducir testimonio de ambos escritos y su remisión al Ministerio Fiscal por si los mismos fueran constitutivos de delito». Una resolución que se adoptó hace quince días pero que ha trascendido ahora.

Como recogió INFORMACIÓN el Partido Socialista «puso de manifiesto que se habían colocado diversas octavillas en vehículos estacionados en las inmediaciones del Hospital de Torrevieja», entre otros puntos del centro del casco urbano de la ciudad. La octavilla aseguraba que si los electores votaban a Compromís o el PSOE aumentarán las listas de espera y «se destrozará el Hospital».

También aludía al hecho de que ese voto de izquierdas impediría el desdoblamiento de la N-332 o la puesta en marcha del centro de dependientes. En realidad, el enfoque de los dípticos estaba más pensado a las elecciones generales y autonómicas, celebradas meses antes que los propios comicios municipales, donde el PP recuperó la Alcaldía con una holgada mayoría absoluta.

El comité de empresa de Torrevieja Salud pidió en dos ocasiones durante el periodo electoral de las autonómicas y después locales que la gerencia de la concesión público-privada evitara este tipo de repartos.

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