El Ayuntamiento de Orihuela ha iniciado el proceso de expropiación de los algo más de 30 metros del paseo de Aguamarina, en Orihuela Costa, que discurren por una urbanización privada de Cabo Roig. Ese tramo, que hasta 2015 fue un sendero privado de la propia urbanización por encima del acantilado, fue abierto ese año al tránsito al ser desestimadas por los juzgados las alegaciones de los vecinos en contra de la decisión del Ayuntamiento de permitir el paso público. No obstante, en 2016 el Juzgado Contencioso Administrativo de Elche dictó una sentencia condenatoria contra el Consistorio y dio la razón a los vecinos, anulando las resoluciones adoptadas al declararse probado que el paseo del Residencial Bellavista I nunca fue dominio público. Por su parte, el Servicio Provincial de Costas, en mayo de 2017, señaló que el terreno en Aguamarina está afectado por una servidumbre de paso y, por lo tanto, los vecinos no lo podían cerrar y debían dejar el paso libre. Situación que se mantiene hasta ahora, aunque todo el proceso sigue en los juzgados.
El Consistorio oriolano pretende llegar a un acuerdo económico con los propietarios del residencial para ejecutar la expropiación de ese tramo de paseo que discurre junto a sus viviendas y que durante años ha sido utilizado en exclusiva por ellos para acceder a sus casas, antes de que se ordenara demoler la puerta y el muro que impedían el paso público. El edil de Urbanismo, Rafael Almagro, explicó a INFORMACIÓN que «ya he dado orden de que se haga la expropiación pero creo que la solución tiene que pasar por un acuerdo de carácter económico para que ese tramo pase a ser de titularidad municipal». De no alcanzar un acuerdo con los vecinos, se hará un justiprecio, algo a lo que no quiere llegar la administración local.
Hasta 2015 los paseos de Aguamarina y Cabo Roig permanecían incomunicados al estar vallado el acceso de una parte a la otra por ser propiedad de la urbanización el tramo de 30 metros discurre frente al mar, obligando a dar un rodeo de unos dos kilómetros.
Alternativa
Los propietarios afectados rechazan la expropiación y proponen una solución alternativa que pasa por la cesión del talud bajo el tramo del sendero, que es de su propiedad, para que el Ayuntamiento construya allí la continuación del paseo que comunique Aguamarina con Cabo Roig y que se les permita mantener cerrado el de arriba. Los vecinos de la urbanización han encargado a un despacho de ingenieros y urbanistas los valores de expropiación, que se estiman en 700.000 euros, y el coste estimado de lo que supondría al Consistorio construir el paseo volado sobre el acantilado, cuyos terrenos están dispuestos a ceder gratis, que sería de unos 200.000 euros más IVA. «Le cuesta menos al Ayuntamiento construir un tramo nuevo debajo de nuestras casas que expropiarnos el sendero que es privado como nos han reconocido hasta tres sentencias», señala Henrik Wiik-Hansen, portavoz de los vecinos de la urbanización Bellavista I.
Los propietarios mantienen que «es un paso a nuestras viviendas desde siempre, y así se construyó, no para que fuera paseo para el público», señala Wiik-Hansen, residente noruego con vivienda en esa urbanización. No obstante, Costas señala que las viviendas «no invaden el dominio público marítimo terrestre y no están afectadas por la zona de servidumbre de tránsito» mientras que el paseo «no invade el dominio público marítimo terrestre pero está afectado, por unos jardines y terrazas, por la zona de servidumbre de protección establecida en la Ley de Costas» y, por lo tanto, obliga a mantener abierto ese tramo.
La solución propuesta por los propietarios tampoco es aceptada por el Servicio Provincial de Costas, según señaló Almagro a este diario. «Estuvimos preguntando por esa propuesta que nos habían hecho los vecinos y nos dijeron que en el acantilado no se podía construir nada, ni poner un ladrillo, que no lo permitirían, y que nos olvidáramos de esa vía, por lo que queda descartada y la solución pasa por llegar a un acuerdo con la urbanización o ir al justiprecio en la expropiación», explicó el edil.
«Nuestras casas valen ahora un 20% menos»
Una consecuencia negativa de la apertura del tramo de paseo que discurre por la urbanización privada, según los vecinos, es que sus viviendas se han devaluado. Ellos disfrutaban de unas vistas al mar, sin que nadie pasara por delante del jardín de sus casas «y ahora es una autopista de gente», critica uno de los propietarios, Henrik Wiik-Hansen. «En verano pasan más de 2.000 personas cada día», señala.
La comunidad de propietarios de la Urbanización Bellavista encargó un estudio a un arquitecto técnico y a un perito tasador que calculó en unos 30.000 euros la merma de valor de los inmuebles de la urbanización si se lleva a cabo la expropiación del sendero o sigue abierto. «Nuestras casas valen ahora un 20% menos por la pérdida de vistas y de privacidad», lamenta Wiik-Hansen. Los vecinos denuncian que no pueden dejar objetos en el jardín de sus casas «porque se los llevan», sumado a que «pasan motos y bicis muy rápido, y es un peligro», obviando la prohibición. Ya ha habido encontronazos entre paseantes y vecinos.
