31 de mayo de 2019
31.05.2019

El Consorcio de basuras en funciones recurre el fallo que restituye la adjudicación plan zonal a la firma investigada en el caso Brugal

La decisión de alegar en casación contra la sentencia del TSJCV que da la razón a Cespa (Ferrovial)-Ortiz se ha adoptado por unanimidad de la comisión de gobierno reunida de urgencia

31.05.2019 | 12:15
Protesta de vecinos de Albatera contra el vertedero de Cespa-Ortiz en 2013. El Consorcio rescindió el contrato en 2015 y el TSJCV se lo ha restituido a la empresa ahora.

El Consorcio Vega Baja Sostenible ha celebrado esta mañana una comisión de Gobierno en el que se ha aprobado por unanimidad el recurso de casación ante el Tribunal Supremo sobre la sentencia que restituye a Cespa-Ortiz, la condición de adjudicatario del Plan Zonal de Residuos.

Según concluye el informe del jefe del servicio de Asistencia Técnica a municipios, el Consorcio debe recurrir en casación ante el Tribunal Supremo la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) abril, puesto que indica que "lo esencial en este caso fue la falta de disponibilidad del suelo por la que fue actora y después apelante", es decir, la empresa a la que se le rescindió el contrato el 21 de enero de 2015. Los técnicos insisten en que Cespa (Ferrovial) carecía de suelo en Albatera para poder desarrollar el macrovertedero y ese era el argumento de peso para resolver el contrato -el Consorcio nunca cuestionó que la empresa estuviera inmersa de lleno en la investigación del caso Brugal, dado que no hay una resolución judicial firme-. 

Esa resolución judicial paraliza, de momento, cualquier intento de la entidad comarcal de residuos de adjudicar a empresas las infraestructuras de gestión de residuos de las que carece la Vega Baja. Paradójicamente es la propia Cespa la que está planteando algunos proyectos, con la advertencia de que solo los puede desarrollar y no otras que se ha interesado por las adjudicaciones. 

El veretedero comarcal y las plantas de valorización y transferencia de basuras están bloqueadas desde la investigación del caso Brugal desde 2008 por el supuesto amaño del plan zonal adjudicado a principios de 2008 a Cespa-Ortiz, y después con la resolución del contrato a la misma empresa en 2015 -después de que se modificara la ubicación del principal vertedero de Torremendo (Orihuela) a Albatera-.

Esa paralización obliga a los municipios de la Vega Baja a transportar y eliminar sus residuos en otras comarcas de la provincia e incluso en la Región de Murcia, con un importante sobrecoste anual que se repercute en la factura de los vecinos. 

La comisión, que se ha reunido en funciones, también se ha aprobado la cuenta general del ejercicio 2018, así como el convenio de colaboración entre los Consorcios A1, A3 y A6 referida a su representación en el consejo de administración de Vaersa. En este sentido, el presidente de la entidad, Manuel Pineda, acudió ayer a una convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionista de la entidad pública e la que "se trataron diferentes asuntos", entre los que destaca la aprobación de cuentas anuales.

Pineda ha explicado que "el objetivo de la entidad es seguir avanzando en la gestión adecuada de los residuos y dejar la inercia administrativa en condiciones para que los próximos representantes del Consorcio puedan seguir trabajando". Además, el presidente ha asegurado que "en estos cuatro años hemos tratado de hacer una labor responsable y marcar una línea para que finalmente se cumpla con lo que estipula la Unión Europea y cada vez reciclemos más y mejor".​

Planta de Envases Ligeros de Benidorm

El presidente del Consorcio Vega Baja Sostenible, Manuel Pineda, acudió ayer a la visita de la nueva línea de proceso de la Planta de Selección y Clasificación de Envases Ligeros que Vaersa gestiona en Benidorm. La planta de selección y clasificación de residuos de envases ligeros de Benidorm dejó de estar operativa a raíz del incendio que se produjo el 24 de enero de 2009.

En 2018, en la Comunitat Valenciana se ha efectuado una recogida selectiva de envases ligeros de más de 52.280 toneladas, teniendo una previsión para el año 2019 de entre 58.000 toneladas y 60.000 toneladas, debido a que se ha incrementado el número de contenedores instalados en municipios durante el otoño de 2018.

La nota de Consorcio tampoco hace referencia a la situación en la que queda el proyecto de planta de transferencia de residuos de gestión pública encargada a Vaersa en Dolores, tras la resolución. Esta instalación es, con diferencia, la que tenía más posibilidades de ser una realidad antes de que el TSJCV diera la razón a Ferrovial. En un principio, según fuentes consultadas por INFORMACIÓN.ES el Consorcio quiere seguir adelante con el proyecto, porque consiera que no le afecta en la misma medida que las iniciativas privadas. 

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