«La calle Infanta Elena de Rafal ha dejado de estar ocupada por agentes de la policía local de Orihuela». Así comenzaba el comunicado que el Ayuntamiento de Rafal envió ayer para anunciar la marcha de las patrullas policiales de la vecina Orihuela que custodiaban desde hace semanas, de manera permanente, esa vía que comparten los dos municipios. Según el consistorio rafaleño, que gobierna y seguirá gobernando el socialista Manuel Pineda, el alcalde oriolano, Emilio Bascuñana (PP) había mandado a la Policía Local para realizar guardias de 24 horas en esta calle a raíz del conflicto que se generó tras señalizar con balizas y pintura aparcamientos en la vía que, según el Ayuntamiento de Rafal, es de su titularidad. Así lo demostraría un informe del Centro Nacional de Información Geográfica, adelantado por este diario, y que ha realizado un equipo técnico bajo su encargo. «La retirada de los agentes pone a las claras que la decisión tenía un matiz político y electoralista puro y duro y se ha demostrado porque ya no ha venido nadie a defender a los vecinos de los ataques de Rafal», aseguró ayer el alcalde en funciones, Manuel Pineda.

Sin embargo, el Ayuntamiento de Orihuela tiene una versión completamente distinta. El edil de Urbanismo en funciones Rafael Almagro señaló ayer a este diario que «no consta en el expediente ningún informe del Instituto Geográfico Nacional y, según nos informan, la petición del Ayuntamiento de Rafal entró ayer (por el lunes) y por tanto, desconocemos a qué informe se refieren». Almagro añadió que «la jefa del IGN reconoce como buena la línea de nuestro PGOU y por tanto la calle está dentro del municipio de Orihuela» tras asegurar que esta institución reconoce un error en las lindes y que, en base a los documentos existentes, no se permite definir los linderos con una precisión mayor a 20 metros. Todo para responder al informe publicado por este diario que señala que el Centro Geográfico Nacional amplía las lindes de Rafal e incluye en este municipio tanto la calle Infanta Elena como el Barrio de las Casas Baratas de la pedanía oriolana de El Mudamiento.

Informe

El consistorio rafaleño insiste en que ese informe técnico del Centro Nacional de Información Geográfica, fechado el pasado 17 de mayo, es oficial y constata no solo que la calle está dentro de Rafal, sino que, además, detalla que su término municipal es aún más grande y que abarcaría dos o tres manzanas más, hasta incluir varias viviendas y hasta la industria conservera que hace décadas está establecida en ese barrio. Son dos los informes técnicos que avalarían que el consistorio rafaleño tiene la titularidad sobre la calle Infanta Elena, según señala, «por lo tanto, el poder institucional para reordenar el tráfico y hacerlo de la mejor manera posible», dice el comunicado. Pineda indicó ayer que «nos alegramos de que Emilio Bascuñana haya recapacitado ya que los informes corroboran que la titularidad de la calle es de Rafal y no había necesidad de montar el triste y lamentable espectáculo propio de matones de discoteca que ha montado durante varias semanas, con decisiones más propias del jefe de una banda que de un representante institucional» y añadió que «nuestro objetivo es dar una solución a esta situación (...) y lamento que Bascuñana haya tenido una conducta tan mediocre y sin altura de miras para solucionar un problema que vamos a arreglar nosotros». Sin embargo, Rafael Almagro negó que la marcha de la Policía Local de la calle esté relacionada con las conclusiones de ese informe y anuncia que seguirán luchando por la titularidad de la calle y el barrio en conflicto.