La Abogacía del Estado pide que las empresas implicadas en el fraude de las obras del AVE entre Crevillent y Murcia, a su paso por la Vega Baja, paguen multas que suman el equivalente al triple de las cantidades defraudadas, que los investigadores consideran que superaron los 150 millones de euros. El escrito de acusación, al que ha tenido acceso Efe, señala que las mercantiles a las que fueron adjudicados los trabajos de reposición de las redes de regadíos afectadas por las obras del AVE, entre ellas, Sacyr, Neopul, Dragados, Tecsa, Acciona y San José, inflaron las facturas de los trabajos que se presupuestaron en 11,4 millones de euros y que, finalmente, costaron 71,5 millones, un 626% de sobrecoste. este presunto fraude fue cometido con ocasión de los concursos de construcción del citado tramo del AVE y que se concretó especialmente en las obras de reposición de las redes de regadío.

Precisamente entre los acusados figuran los que eran responsables de la Comunidad de Regantes San Felipe Neri de Crevillent y del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela. Ese desfase entre una cifra y otra, según la Abogacía del Estado, fue debido a las presuntas «mordidas» que fueron pagadas con la emisión de facturas falsas por parte de otro de los principales acusados, Juan Ortín, administrador de la empresa que fue subcontratada para los trabajos. Ortín reconoció los hechos cuando declaró como acusado durante la instrucción de la causa, cuando admitió la emisión de facturas falsas. Así mismo, llegó a decir que debido a lo abultado de las sumas que abonaba a otros dos acusados, uno de ellos, José Manuel Fernández Pujante, ingeniero del Juzgado Privativos de Aguas de Orihuela, tuvo que comprarse una cartera porque las abultadas sumas no cabían en los sobres que había utilizado con anterioridad y que entregaba a un hermano de aquel.

Prisión

La Abogacía del Estado también solicita una pena de 16 años de prisión para el exdirector de Infraestructuras para Levante del Administrador de Infraestructuras (Adif) José Luis Martínez Pombo, uno de los principales inculpados en el fraude millonario en el tramo comprendido entre Crevillent y Murcia. El escrito de acusación pide que Martínez Pombo, al que acusa de los delitos de malversación de caudales públicos, fraude, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, sea condenado igualmente a pagar una multa por el doble del valor de los bienes ocultados. Sobre este acusado, señala la Abogacía del Estado que en 2012, mediante una declaración tributaria, afloró un patrimonio de más de dos millones en efectivo y 423.660 euros en una cartera de valores depositada en Suiza, cantidades que se considera no podían proceder de su trabajo. Además, la Agencia Especial de Administración Tributaria (AEAT) informó de que había hecho salidas de divisas hacia Luxemburgo, Irlanda y Austria por 1,4 millones.

La juez que investiga el caso llegó a calificar de «abrumadoras» las desviaciones que se produjeron en las obras de reposición de las redes de regadío pertenecientes a la Comunidad de Regantes San Felipe Neri y al Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela, al pasar de los 1,7 millones proyectados a 52,7 millones, con un sobrecoste del 3.109%. En su auto, como informó este diario, señaló que, como las reposiciones de las redes de riego fueron insuficientes en su previsión inicial o algunas no habían sido tenidas en cuenta en un principio, se acudió a la fórmula del expediente de gasto para el abono de las obras, al margen del desarrollo de proyectos modificados derivados de los trabajos inicialmente adjudicados.

Adif tendrá que pagar 2,5 millones a Callosa

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Elche ha dado la razón al Ayuntamiento de Callosa de Segura y Adif deberá indemnizar con más de dos millones y medio de euros al municipio por los terrenos afectados, y no expropiados, y el volumen de material extraído para la construcción del túnel del Tren de Alta Velocidad que atraviesa la sierra callosina.

El Juzgado ha inadmitido el recurso presentado por el administrador de infraestructuras ferroviarias contra el decreto firmado por la Concejalía de Hacienda, por el que se liquidó a Adif 1.998.287 euros, más el recargo correspondiente por atrasos, que eleva la cantidad por encima de los 2,1 millones, en concepto de indemnización por la extracción de material pétreo y la ocupación privativa de los túneles que pasan a través de la Sierra de Callosa. A este importe se deberán sumar ahora los recursos correspondientes y los intereses de demora devengados por el impago voluntario de la misma, lo que eleva la cantidad por encima de 2,5 millones.

La Concejalía de Hacienda propuso al Pleno inadmitir el recurso de Adif por no basarse en alguna de las causas de nulidad y por haber sido presentado fuera de plazo, argumento que la justicia hace suyo para declarar la inadmisibilidad del recurso y condenar en costas al organismo público dependiente del Ministerio de Fomento. El Concejal de Hacienda, Rubén Manresa (EU) señaló ayer a este diario que la sentencia «hace justicia y va a permitir el resarcimiento, aunque sea económico, del mayor daño social y medioambiental de la historia de Callosa». Adif solo ha pagado por la expropiación 4.900 euros.