La Corporación municipal de Orihuela aprobó ayer, en un pleno extraordinario y urgente, presentar alegaciones al expediente iniciado por el Ayuntamiento de Rafal para la segregación de parte del término municipal de Orihuela en la zona del Barrio de las Casas Baratas. La propuesta a favor de las alegaciones salió adelante con los votos de todos los grupos de la corporación, a excepción de los ediles no adscritos Antonio Zapata y Carmen Gutiérrez, que se abstuvieron. Sin embargo, la sesión fue bronca y con reproches de la oposición por las prisas para llevarlas a pleno cuando el oficio lo inició Rafal el pasado mes de febrero y Orihuela elevó alegaciones en marzo sin contar con la oposición y sin haberlas pasado por el salón plenario, lo que es necesario. Reproches que fueron respondidos con vehemencia por el alcalde oriolano, Emilio Bascuñana (PP).
El portavoz de Cambiemos Orihuela, Carlos Bernabé, calificó de «esperpéntica» la situación de enfrentamiento entre ambos municipios vecinos «tanto del alcalde de Rafal Manuel Pineda con la brocha borrando rayas como de Bascuñana por el discurso de confrontación y, lo más grave, por mandar a la Policía Local». Bernabé interpeló a la edil de Seguridad Ciudadana, Mariola Rocamora, y al de Urbanismo, Rafael Almagro, «cuál era el criterio de seguridad ciudadana y qué jerarquías se habían seguido para ordenar a la Policía Local que estén permanentes en las Casas Baratas y sus relevos», sin que fuera respondida su petición de explicaciones. Bascuñana señaló que «estamos defendiendo el territorio de Orihuela hasta el último centímetro» y anunció que no cesará en el empeño de que el Barrio de las Casas Baratas siga en la pedanía oriolana de El Mudamiento. Bernabé también preguntó por la mejora de servicios en la zona para contentar a sus vecinos, que hace unos años ya expresaron su voluntad de pertenecer a Rafal.
Por su parte, la portavoz del PSOE, Carolina Gracia, criticó que «no hay excusa para la urgencia cuando las alegaciones las presentó en marzo el Ayuntamiento». Para Gracia esas alegaciones «no tienen un contenido jurídico como el que se debería haber presentado, y no hemos tenido la posibilidad de modificarlas» por lo que «pase lo que pase será culpa de Bascuñana».
