La Abogacía del Estado ha pedido penas que suman 16 años de prisión para el exdirector de Infraestructuras para Levante del Administrador de Infraestructuras (Adif) José Luis Martínez Pombo, uno de los principales inculpados en el fraude millonario en las obras del AVE en el tramo comprendido entre Crevillent y Murcia.
El escrito de acusación, al que ha tenido acceso Efe, pide así mismo que Martínez Pombo, al que acusa de los delitos de malversación de caudales públicos, fraude, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, sea condenado igualmente a pagar una multa por el doble del valor de los bienes ocultados.
Sobre este acusado, señala la Abogacía del Estado que en 2012, mediante una declaración tributaria, afloró un patrimonio de más de dos millones de euros en efectivo y 423.660 euros en una cartera de valores depositada en Suiza, cantidades que se considera no podían proceder de su trabajo.
Así mismo, la Agencia Especial de Administración Tributaria (AEAT) informó de que había hecho salidas de divisas hacia Luxemburgo, Irlanda y Austria por 1,4 millones de euros.
El escrito acusa igualmente a las empresas a las que fueron adjudicadas los trabajos de reposición de las redes de regadíos afectadas por las obras del AVE, entre ellas, Sacyr, Neopul, Dragados, Tecsa, Acciona y San José. Para ellas se pide que sean condenadas a pagar una multa equivalente al triple de las cantidades defraudadas, que los investigadores consideran que superaron los cincuenta millones de euros.
Afirma la Abogacía del Estado que este presunto fraude fue cometido con ocasión de los concursos de construcción del citado tramo del AVE y que se concretó especialmente en las obras de reposición de las redes de regadío.
Precisamente entre los acusados figuran los que eran responsables de la Comunidad de Regantes San Felipe Neri y del Juzgado Privativo de Aguas, ambas organizaciones, con sede en Orihuela (Alicante).
De 11,4 millones de euos a 71,5
Dice esta acusación que unos trabajos que fueron presupuestados en 11,4 millones de euros acabaron con la aprobación de un gasto que se elevó a 71,5 millones de euros. Ese desfase entre una cifra y otra, según la Abogacía del Estado, fue debido a las presuntas "mordidas", que fueron pagadas con la emisión de facturas falsas por parte de otro de los principales acusados, Juan Ortín, administrador de la empresa que fue subcontratada para los trabajos. Ortín reconoció los hechos cuando declaró como acusado durante la instrucción de la causa, cuando admitió la emisión de facturas falsas.
Así mismo, llegó a decir que debido a lo abultado de las sumas que abonaba a otros dos acusados, uno de ellos, José Manuel Fernández Pujante, ingeniero del Juzgado Privativos de Aguas de Orihuela, tuvo que comprarse una cartera porque las abultadas sumas no cabían en los sobres que había utilizado con anterioridad y que entregaba a un hermano de aquel.
