El juzgado de instrucción número 2 de Orihuela ha admitido a trámite una querella contra el alcalde de Dolores y diputado provincial del PSOE, José Joaquín Hernández Sáez, por un supuesto delito de estafa en la venta de una casa en el año 2015 y ha abierto diligencias previas. Un trámite procesal, tanto la admisión a trámite como la apertura de diligencias y citación a declarar, casi obligado en el caso de las querellas. En un auto fechado el 13 de mayo y que ha difundido Europa Press, el juez cita a declarar al querellado el próximo 27 de junio y pide información tanto al Ayuntamiento como al Registro de la Propiedad y al catastro con el fin de recabar información sobre los hechos denunciados.
El precio de compra pagado por el chalé en la huerta y sus anexos fue de 335.000 euros, si bien en la escritura de compraventa se puso como precio la cantidad de 160.000 euros, pagados 30.000 de ellos mediante transferencia y 130.000 con cheque bancario nominativo, según la querella. El resto fue pagado en efectivo metálico, «comprometiéndose» Hernández a facilitar factura por tal importe pero que «nunca entregada» a la compradora. En el escrito se sostiene que Hernández Sáez se habría valido presuntamente de su condición de Oficial del Registro y alcalde de Dolores para conseguir «un engaño» en la venta de una casa al asegurar la inexistencia de cualquier tipo de sanción urbanística por la vivienda y que no se impondrían nuevas sanciones por la terminación de la misma. Sin embargo, «a los pocos días de comprar la vivienda, cuando se estaba arreglando», el Ayuntamiento incoó expediente sancionador por infracción urbanística y expediente de protección de la legalidad urbanística e informó de la existencia de diversos expedientes de paralización entre los años 2003 y 2007 por la realización de obras «no legalizables». La casa, de grandes dimensiones, está ubicada en suelo rústico de la huerta. La querellante, siempre según su versión, ha recibido «una sanción urbanística por importe de 100.915 ? por las obras de terminación de la vivienda principal» cuando el alcalde querellado «manifestó que estaban amparadas por un certificado de terminación de obras y que no podían ser sancionadas, dando su garantía y su palabra como alcalde».
«Especuladores»
En el escrito también consta que para «poder realizar el engaño», el alcalde otorgó escritura de declaración de obra nueva, pero teniendo en cuenta su doble condición de Oficial de Registro y Alcalde y su amplio conocimiento técnico registral, no fue presentado en el Registro de la Propiedad desde agosto de 2014 hasta diciembre de 2015», es decir, «hasta que no fue vendida de palabra a la querellante.
Por su parte, el alcalde de Dolores, Joaquín Hernández, en declaraciones a INFORMACIÓN quiso ayer «desmentir las acusaciones sobre mi persona y mi forma de actuar que han aparecido estos días algunos medios de comunicación». El primer edil socialista mantuvo que « me consta que algunas personas están tratando de dañar honor y credibilidad con acusaciones absolutamente falsas».
Hernández dijo que «como persona pública que soy, estoy acostumbrado al debate político pero esto es otra cosa. Se están difundiendo públicamente unos hechos absolutamente falsos sobre gestiones realizadas en mi esfera personal, para dañar mi imagen política y, eso es lo que más me duele, hacer daño gratuitamente a mi entorno familiar. No todo vale y este es un caso claro de venganza por no acceder al chantaje de especuladores inmobiliarios sin escrúpulos (a los que el alcalde no pone nombre), que no aceptan las reglas del juego democrático» y en relación, según el alcalde, a la retirada de la condición de urbanizador en varios sectores urbanísticos por incumplimientos, del abogado urbanista de la querellante. La misma fuente aseguró que «los tiempos en los que el PP y sus cuatro amigos convirtieron a Dolores en su cortijo ya han pasado. Ahora las cosas se hacen conforme a la ley».
