La Sección Séptima de la Audiencia tomó ayer declaración a los dos últimos de los 34 acusados del Brugal, el caso que investiga un supuesto amaño en la contrata de basuras de Orihuela. Pese a que en un principio se barajó posponer la testifical de los representantes de las cinco mercantiles que figuran como responsables civiles subsidiarias a la semana que viene, debido a que una de ellas no podía comparecer ante la sala hasta el miércoles, se optó por adelantarlas ya que, como era previsible, los dos acusados se acogieron a su derecho de no declarar ante el Ministerio Fiscal, y solo respondieron, prácticamente con monosílabos, a las cuestiones planteadas por sus letrados defensores.
El hecho de que en tres días se hayan liquidado la declaración de todos los acusados, un trámite que estaba previsto que se prolongara durante todo el mes de mayo, a razón de tres sesiones semanales, ha obligado al tribunal a reformular prácticamente todo el calendario de señalamientos. El auto dictado por la sala el pasado 26 de abril por el que invalidaba tres años de pinchazos telefónicos a los implicados, desde enero de 2008 también puede influir en el esta reordenación de fechas, al caerse de la lista testigos relacionados con el contenidos de esas conversaciones que han sido invalidadas.
Por todo eso, y por la dificultad del propio tribunal para citar a los testigos, peritos y policías con tan poco tiempo de margen, al tener que localizarlos y cuadrar fechas para que todos tengan disponibilidad de comparecer, se optó por dar unos días de margen para continuar con el juicio y tomar declaración a los agentes que lideraron la investigación. Además, algunos de ellos se encuentran en este momento fuera de España, por lo que tampoco se podía adelantar su declaración.
Advertencias
Las defensas de los acusados ya advirtieron ayer que mirarán con lupa las preguntas que realicen tanto el Ministerio Fiscal como la acusación particular, para asegurarse de que no entran en cuestiones que han quedado fuera de la carga probatoria tras la anulación de esas escuchas. Así, ya adelantaron que las protestas a las preguntas y la verificación de su pertinencia o no será exhaustiva. Un hecho que llevó a que la sala expusiera que irá confeccionando el calendario conforme vaya avanzando el proceso, pues podría darse el caso de que tuviera que citarse a tan solo un testigo al día, debido a la complejidad de estos interrogatorios.
El objetivo, explicó la jueza Gracia Serrano, también para por evitar que los testigos y peritos tengan que ser citados dos o tres días a la espera de prestar declaración, con los perjuicios que supone, ya que tendrán que desplazarse desde numerosos puntos de la provincia e incluso de Murcia, dada la complejidad del caso.
En este sentido, la defensa pidió que el Ministerio Fiscal acotara las preguntas y pasara por escrito si renunciaba a la comparecencia de algún testigo o perito, a lo que la Fiscalía se negó. Sí accedió a ello el letrado de la acusación particular. Al parecer, el fiscal Anticorrupción no va a renunciar a la comparecencia de ninguno de los testigos, pese a ese auto de invalidación de las escuchas, lo que, previsiblemente, despertará la tensión entre las partes.
Las declaraciones de los policías el próximo miércoles 22 puede ser determinante en la causa, ya que son los que estuvieron durante años siguiendo la pista de los acusados, escuchando las grabaciones telefónicas -en su mayoría invalidadas- y recabando pruebas documentales.
La mayoría de sesiones que restan se desarrollarán sin la presencia de los acusados en sala, después de que se hayan formalizado ya las dispensas pedidas por los 34 acusados. Entre ellos se encuentra el empresario Ángel Fenoll, para quien la Fiscalía pide 37 años de prisión, y los exalcaldes populares José Manuel Medina y Mónica Lorente -doce y ocho años, respectivamente.
